A cinco años del terremoto de Pisco e Ica

Entre las múltiples acusaciones que se hacen contra el régimen político anterior, hay una que muestra indiscutible consistencia. Es la que se refiere al comportamiento negligente –para utilizar una calificación benigna– frente a los graves daños padecidos por varias localidades del departamento de Ica, especialmente el puerto de Pisco, como consecuencia del terremoto ocurrido el 15 de agosto del año 2007. Han transcurrido cinco años desde ese lamentable acontecimiento y todavía es posible observar sus dramáticas consecuencias.

En las páginas de LA RAZÓN se ha dado cuenta del estado en que se encuentran varias decenas de miles de familias que viven en las condiciones más precarias. Esteras y cartones como paredes y techo, falta absoluta de servicios elementales como agua potable y desagüe, configuran el patético cuadro que obedece al virtual abandono de sus responsabilidades por parte de las autoridades llamadas a resolver tal problemática.

Debe precisarse que de los cinco años que han transcurrido desde el sismo, los cuatro primero pertenecen a la gestión anterior, pero el quinto ya se halla dentro del actual gobierno, de tal manera que si no se produce un cambio sustancial en la actitud frente a tan penosa realidad, la historia tendrá que anotar en sus registros una culpabilidad compartida por partes iguales.

Alguna vez me he referido a lo que ocurrió en Arequipa, con los terremotos de los años 1958 y 1960. Traigo una vez más ese recuerdo, porque lo que se hizo entonces fue admirable. Se creó la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa, a través de una ley vertiginosamente aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado, sobre la base del proyecto presentado por diputados arequipeños que formaban un grupo minoritario dentro de la cámara. Sin embargo, la mayoría respondió con generosidad y patriotismo y la norma quedó plasmada en pocas horas.

El Presidente de la República, Manuel Prado, tras la promulgación de la ley, designó al primer presidente de la Junta, doctor Juan A. Bustamante de la Fuente, quien se rodeó de un equipo de eficientes colaboradores y puso en marcha un plan de trabajo que llevó a la reconstrucción de todo lo que se había destruido en un lapso de pocos meses. Sin complicaciones burocráticas ni estridencias publicitarias, la Junta cumplió una tarea silenciosa y eficaz, a tal punto que las huellas del desastre desaparecieron.

La encomiable labor cumplida por Bustamante de la Fuente fue continuada por otros presidentes de la Junta, como Humberto Núñez Borja, Francisco Valencia Paz y Fernando Chaves Belaúnde. Todos ellos continuaron en el empeño inicial y en el propósito de propiciar el desarrollo económico y social de la ciudad y la región.

¡Qué enorme diferencia, en verdad! Con recursos limitados pero con un gran sentimiento patriótico y regional, los líderes de la Junta de Rehabilitación cumplieron un trabajo excelente. En contraste, con abundantes medios económicos, pero huérfanos de toda mística, quienes han manejado la imaginaria tarea de la reconstrucción de Pisco e Ica, no han sabido responder. Esperamos, pues, que las cosas cambien y que no tengamos la necesidad de esperar otros cinco años para ver resultados concretos.

Publicado el 18 de agosto de 2012 en el diario La Razón.