El perromuerto del Estado

Día a día se acumula el desquicio social, a causa de una mala legislación con dualidades y vacíos en resolver claramente la vida peruana. El ciudadano perjudicado persiguiendo al pícaro y la ley asilando al bribón bajo la prescripción.

El Estado debiera velar por la seguridad peruana. Generalmente todo empieza cuando se conculcan derechos. Más aun cuando nunca se conocen o no se hacen públicos. Casos, por ejemplo, del no pago de tiempo de indemnizaciones por servicios, deudas, servicios prestados, sin dar respuesta que sustente sus posturas.

Configura así claros abusos de autoridad para burlar. Lo que es más grave, el Estado infringe la ley y crea mecanismos para no pagar. Caso concreto, los casos prescriptores cuyos plazos han reducido al haberse cambiado la Constitución de 1979, que era de quince años, luego cambiado por la Constitución de 1993 que acorta la prescripción a diez años, en momentos en que la población crecía y los litigios van salvando al infractor.

Y cuando el reclamante -en lucha contra el fango de la burocracia y en lucha contra el tiempo y la lentitud de la ley- quiere justicia, recibe el portazo de la prescripción. Sufre, cholo, por inocente. Y con árnica en mano te dicen puedes salvarte si los plazos han sido interrumpidos. Y claro que la gente ha reclamado, oficiando al Estado, que nunca contesta a las festinaciones, omisiones y desaparición de pruebas y expedientes y escritos, ni siquiera atiende porque ahora los funcionarios se esfuman. Y solo aparecen cuando Indecopi o la Defensoría, sino la Contraloría, los encauza.

Para entonces el daño fue hecho. Si sumamos todo aquello, ¿cómo creen los congresistas que la gente se encuentre? ¿Cómo creen que el consciente colectivo va a responder? Tendrá que hacerlo como responde la condición humana.

Asistimos al mejor ejemplo de lo que no se debiera hacer. Pero se hace. Y gana el comercio de la burla, coima y corrupción. De nada sirven los buenos sistemas, las máquinas y todo ese progreso cuando la atención es pésima, cuando el personal falla, cuando atienden sus asuntos privados y no resuelve los problemas del público.

Cuando practican inconductas funcionales. Los problemas no resueltos se convierten en exclusiones, los marginados trasladan los problemas a la calle, con violencia, frustración. Sube a las viviendas, a las familias, se generan conflictos por falta de orden, de administración, de Estado. ¿Quién hace las veces de éste? Nadie, porque sectores estrafalarios de la penosa realidad peruana con cara y anuncios de fiesta se han encargado de restarle autoridad y firmeza a la formalidad, al respeto, al buen vivir.

Cientos de expedientes y reclamos atoran los organismos con denuncias y reclamos, por abusos de funcionarios del Estado que burlan los derechos de ley. El Estado es bueno para cobrar. Pero un mal pagador a ojos de un buen sector de peruanos que son víctimas de abusos, maltrato y discriminación. Evitemos que el Perú colisione. No a la ley de la calle. Que el poder se depure y habrá puertas al respeto.

Publicado el 22 de agosto de 2012 en el diario La Razón.