El ordenamiento territorial no está en contra de la actividad extractiva

Luego de anunciar en el mensaje a la nación la pronta presentación al Congreso de una propuesta de Ley de Ordenamiento Territorial, el Ministerio del Ambiente ha trasladado el tema al Acuerdo Nacional (AN), espacio en el que no se aprueban leyes sino políticas. El coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana, Javier Azpur, interpreta este cambio y hace un balance de lo que se ha emprendido hasta el momento en relación con el ordenamiento territorial (OT), de lo que significaría tener una ley de OT y de los vacíos e inconsecuencias del Gobierno central.

“El Gobierno se niega a presentar el proyecto ley y plantea que se debata una política de ordenamiento territorial en el Acuerdo Nacional. A la vez promueve procesos de OT en nueve regiones sin que exista una base normativa. Es contradictorio que se quiera avanzar sin una norma que defina las reglas de juego, lo cual abre un gran espacio para la arbitrariedad porque será el Ministerio del Ambiente el que dé la última palabra sobre el aprovechamiento de los territorios de una región”, afirmó Azpur. Recordó que en el Acuerdo Nacional no se suscriben leyes sino políticas de Estado. “Mucho de lo que se acuerda en este espacio no se lleva a la práctica. El AN no tiene capacidad decisoria; la decisión la tienen el Congreso y el Ejecutivo”. Por tanto, en su opinión, en el mejor de los casos la aprobación de la necesaria ley de OT se postergará por lo menos un año.

En un principio parecía haber voluntad política para debatir la ley de OT. “El presidente lo anunció no solo en declaraciones sino también en el mensaje a la nación. A pesar de ello, no se ha presentado ningún proyecto de ley para la discusión pública en el Congreso. Esto expresa que hay sectores en el Gobierno, principalmente vinculados a grupos empresariales, que se resisten a que exista una organización adecuada del territorio”, agregó.

Para Azpur, una Ley de Ordenamiento Territorial contribuiría a cambiar el patrón primario-exportador, un modelo que es, a la larga, limitado. “Es cierto que una ley no nos llevará a cambiar de un solo salto el modelo primario-exportador por una economía más diversificada y promotora de la industria. Pero sí permitiría identificar las potencialidades, posibilidades y límites de cada territorio” recalcó. El coordinador de Propuesta Ciudadana afirmó que nuestro país necesita de las actividades extractivas porque generan ingresos para el Estado, pero consideró pertinente preguntarse “si tenemos un Estado con un plan para promover la diversificación económica, así como actividades generadoras de mano de obra que tengan base en el conocimiento y la información. No podemos pensar nuestro desarrollo solo como crecimiento económico basado en las industrias extractivas, sobre todo si se tiene una apuesta por la inclusión y la equidad”.

A continuación, Azpur explicó que “el ordenamiento territorial no es un instrumento contra la actividad extractiva sino que permite que la planificación del desarrollo, hoy prácticamente inexistente, pueda responder a las características y posibilidades del territorio”. Puso como ejemplo la larga tradición agropecuaria y lechera de Cajamarca, y explicó que en ese marco había que pensar en los espacios del departamento que tienen potencialidad para desarrollar la oferta pecuaria. “¿Qué pasa si en un lugar donde hay la posibilidad de incrementar la producción lechera existe un yacimiento minero?”, preguntó Azpur.

El coordinador de Propuesta explicó que el ordenamiento territorial es un diagnóstico detallado del desarrollo de la actividad económica, social y cultural en una región que permite establecer, entre muchos otros aspectos, dónde existen determinados grupos étnicos o qué vinculación hay entre los centros urbanos entre sí y con su entorno rural. “El conocimiento del territorio es la base que permite pensar estrategias y planes de desarrollo que respondan a las potencialidades y limitaciones del territorio. No se pueden priorizar inversiones extractivas, por ejemplo, en lugares de riesgo ambiental o en territorios declarados zonas de conservación” aseguró.

“Es fundamental que antes de iniciar las concesiones se realice un proceso de ordenamiento territorial. Eso no anularía los proyectos en curso. No se trata de cerrar minas existentes sino de tener claridad sobre las posibilidades y limitaciones del proyecto dentro de un territorio”, afirmó. Manifestó que está demostrado el enorme potencial de Piura de ser un polo agro-exportador y que la franja costera del norte peruano tiene tanto territorio productivo como Chile. Frente a esta situación, se preguntó si en esa zona, en vez de promover la agro-exportación, se va priorizar actividad extractiva. “¿Dónde está la información sobre las posibilidades y potencialidades del territorio? Ese territorio ha sido concesionado en gran parte a proyectos extractivos como el de Tambogrande; sin embargo hay proyectos de abastecimiento de agua en la parte alta de Piura que serían propicios para potenciar la agricultura en vez de dirigir la inversión hacia proyectos mineros”, dijo Azpur.

Y es que, según Azpur, la opción actual es “atraer la inversión a cualquier costo”. “Frente a la lógica empresarial que busca maximizar las ganancias y a funcionarios que circulan entre el Estado y las empresas del mismo sector, porque las reglas del juego se lo permiten, se requiere un Estado que garantice un manejo adecuado de su territorio y sus recursos naturales. Un instrumento es el OT, que significa involucrar a los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local en las decisiones sobre el territorio” señaló.

Con respecto al proyecto de ley presentado por la Plataforma, Azpur sostiene que seguirán dialogando con el Minam y las principales fuerzas políticas en el Congreso. Sobre esa base se convocará a debatir un proyecto concertado. Planteó que “el proyecto de ley tiene una visión y enfoque de OT que se debe llevar al Acuerdo Nacional con las organizaciones sociales representadas en este espacio para que el ofrecimiento y la voluntad de contar con la ley se haga realidad a la brevedad posible”.

Javier Azpur consideró urgente el debate de la Ley de Ordenamiento Territorial, aunque resaltó que “no se trata de una varita mágica sino del punto de partida de un proceso que ayudará a crear las mejores condiciones para el desarrollo de nuestra diversidad territorial”. “No sabemos cuánto va a durar nuestra materia prima. Necesitamos generar actividades productivas que dependan de nuestra capacidad y conocimientos y no de una dinámica internacional volátil”, finalizó Azpur.