[Perú] De la inclusión a la improvisación social

Donde hay dinero público, sea para lo que sea, existe, potencialmente, un alto riesgo de malos manejos o corrupción. Para este razonamiento no hay que ir ni a la universidad ni tener ningún postgrado, basta con vivir en el Perú contemporáneo y saber que somos un país corrupto y que es, en el Estado, donde se enquistan mafias que destruyen la esperanza de los ciudadanos en tener gobiernos honestos y limpios. Por eso, en el actual contexto en el que uno de los programas sociales del Gobierno, Pensión 65, está en el centro de la atención por denuncias periodísticas en relación al mal destino de sus fondos, vale la pena llamar la atención y levantar más de un ojo.

En primer lugar es importante señalar que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Carolina Trivelli, es, quizá, una de las funcionarias más competentes y honestas de este Gobierno. Nadie podría dudar de sus motivaciones profesionales ni éticas, pero da la impresión que detrás de ese perfil tan inmaculado,  mafias que medran alrededor de personalidades intachables podrían usarla como escudo o sombrilla –sin su conocimiento– mientras, a escondidas, hacen y deshacen sin control.

Las amenazas a este tipo de programas son muchas, no son nuevas, ni exclusivas de este Gobierno. Recordemos sino lo que ocurre con el programa “Vaso de Leche” que, dependiendo en su distribución de 1,300 municipalidades, se ha convertido en un sistema no sólo asistencialista sino clientelista y, por lo tanto, político, que no puede ser controlado ni menos cortado y cuyos 150 millones de dólares anuales pagamos todos los peruanos sin que podamos fiscalizarlo debidamente. Otro ejemplo está en Pisco e Ica, donde el terremoto, hace 5 años, trajo ayuda de todo el mundo que quedó en almacenes de autoridades que revendían las donaciones, o las destinaban a usos nada vinculados a la solidaridad ni ayuda a los damnificados. O los famosos bonos de reconstrucción que terminaron siendo usados para la compra de televisores LCD o mototaxis. O los programas de vivienda popular, del fenecido Banco de Materiales, que terminaron dando vivienda sí, pero para funcionarios que se aprovecharon de sus cargos.

Por eso es indispensable que este tipo de programas, tan importantes como necesarios, sean planificados y fiscalizados correctamente.  El destino de estos fondos es casi sagrado porque va a peruanos que no tienen ninguna otra ayuda y los requieren para sobrevivir. No debe entenderse que, porque va a gente sin recursos en lugares muy alejados y deprimidos, puede no cuidarse cada sol. Robar es una afrenta y un delito,  pero es bárbaro hacerlo a quienes –en su vejez– una pequeña pensión de 250 soles lo es absolutamente todo. Se comete igualmente un delito cuando esa ayuda va a gente que realmente no la necesita.  La inclusión es una gran idea y un mejor propósito pero no debe manejarse con improvisación y sí con inmaculada transparencia (Con información del diario Expreso).