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Independientemente de mis serios reparos a su comportamiento autocrático, creo de justicia reconocer al Presidente del Ecuador, Rafael Correa, el mérito de estar sosteniendo con firmeza y legitimidad un enfrentamiento con el Gobierno de Su Majestad Británica. Se trata, como ya es de notoriedad ecuménica, del asilo diplomático concedido en la sede de la Embajada del Ecuador en Londres al empresario de nacionalidad australiana Julian Assange, creador de WikiLeaks, a quien Suecia persigue pos supuestos delitos sexuales y Estados Unidos también persigue bajo la imputación de haber revelado determinados secretos de significación estratégica.
El asilo es una institución del Derecho Internacional Público de antiquísima raigambre histórica, que ha sido objeto de prolija regulación en diversos tratados suscritos por países de Indoamérica. Temístocles, el gran militar griego, a quien se considera salvador de su patria frente a la agresión de los poderosos ejércitos persas terminó asilándose en la corte de Artajerjes, monarca persa hijo de Jerjes a quien Temístocles había derrotado. Las intrigas de la política interna convirtieron en perseguido al héroe nacional. Entonces, pues, el asilo es una práctica milenaria que no hemos inventado en América. Únicamente, le hemos dado forma jurídica.
A la extradición puede, en alguna medida, entendérsela como la cara inversa del asilo, porque a través de ella un Estado niega protección a quien se ha refugiado dentro de sus fronteras y termina por entregarlo a otro Estado que lo reclama para su castigo o juzgamiento. Assange se refugió en el Reino Unido y Suecia solicitó su extradición, la que fue concedida y el gobierno de Londres se disponía a la entrega, cuando el perseguido optó por asilarse en la sede diplomática ecuatoriana. El Gobierno del Presidente Correa concedió el asilo y pidió salvoconducto para su protegido. El Gobierno británico lo ha negado.
Ha dicho con razón el Presidente Correa que tras la extradición a Suecia está el peligro de una re-extradición a Estados Unidos, donde Assange enfrentaría complicados riesgos. Esta inquietante hipótesis ha sido confirmada por una alta funcionaria de la cancillería sueca, Cecilia Riddseluis, quien señaló que su país ha pedido a Estados Unidos que garantice que Assange no será condenado a muerte. Entonces, pues, los fundamentos del asilo concedido por el régimen de Quito son ciertamente macizos.
No concedo importancia –porque no la tiene en modo alguno– la defensa que hace el señor Correa de la libertad de expresión. El gobernante ecuatoriano carece de autoridad moral para hablar de esa materia. Pero tiene toda la autoridad ética y jurídica para defender la institución del asilo y para poner a buen recaudo al perseguido frente a inquietantes asechanzas que se ciernen sobre él desde la península escandinava y desde América del Norte.
No alcanzo a imaginar que la civilizada Albión vaya a incurrir en el desatino de allanar la embajada ecuatoriana para extraer de allí a Assange. La dictadura de Odría respetó en Lima la sede colombiana mientras Haya de la Torre permaneció en ella como asilado y el conflicto terminó tras un acuerdo entre Colombia y el Perú, ya que la Corte Internacional de La Haya, después de meses y años de trajines, expidió dos fallos ambiguos que nada decidieron.
El conflicto anglo-ecuatoriano habrá de concluir con un acuerdo semejante, que permita a Assange salir de la embajada hacia Ecuador u otro país que le asegure no estar sometido a los riesgos de la cacería sueco-norteamericana.
Publicado el 25 de agosto de 2012 en el diario La Razón.
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