César A. Bedon Rocha
El gobierno, a través de la Nota de Prensa N°380-12 del Ministerio de Energía y Minas[1], comunicó que “El Estado tiene derecho a decidir cómo es que va a manejar la industrialización y el desarrollo del país”.
Llamo a reflexión a fin de desterrar de nuestra administración pública pensamientos de este tipo, al más puro estilo del máximo representante del absolutismo monárquico, el rey Luis XIV de Francia, llamado también “El Rey Sol” o “Luis el Grande” a quien se le atribuye, no sin cierta imprecisión cronológica, el ser el autor de la célebre frase «L'État, c'est moi» («El Estado soy yo»)
En primer lugar es bueno, como decimos entre peruanos, “aterrizar”; diferenciar que la crítica técnica al “etanoducto”, no es al Estado peruano que es soberano, independiente y permanente, sino a su gobierno que no puede ser arbitrario, pues es temporal y dependiente de la decisión ciudadana.
Las Políticas de Estado en el Perú se debaten y aprueban en espacios como el Acuerdo Nacional, cuyos acuerdos por lo demás se comprometió a cumplir el entonces candidato y hoy Presidente de la República Comandante Ollanta Humala.
Por si no recordamos bien, la 17ª Política de Estado reafirma nuestra Constitución vigente en lo referente al compromiso de sostener la política económica del país sobre los principios de la economía social de mercado que incorpora al papel insustituible del Estado el ser “responsable, promotor, regulador, transparente y subsidiario” y que “promoverá la competitividad del país, el planeamiento estratégico concertado y las políticas de desarrollo sectorial en los niveles nacional, regional y local”. Bueno, la propuesta no es transparente, parece irresponsable, no cumple un rol regulador, no es concertada y mucho menos es subsidiaria.
¿Saben cuál es la justificación beneficio/costo del proyecto de Ley N°1396/2012-PE presentado por la Presidencia de la República al Congreso el 10-08-2012 con el título de “Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del Polo Petroquímico en el sur del país”?
Aunque parezca increíble; sólo 38 palabras, todo un record Guinness para una propuesta legislativa que se solicita al Congreso tenga carácter de URGENTE y que, entre otras cosas propone en su Art. 6° declarar “de interés nacional la construcción del ducto de Etano desde una Planta de Separación de la Costa hacia el sur del país”. Esto cuando aún no es propietario del Etano, y menos aún cuenta con la Planta de Separación y sin lugar definido de destino en el sur. ¿Recuerdan la fábula de Félix María Samaniego sobre la lechera?
En adición, la propuesta legislativa señala en su Art. 7° que PETROPERU S.A. debe solicitar el otorgamiento en concesión del citado etanoducto e iniciar, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, los procedimientos administrativos tendientes a la aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto. Igualmente se incrementa el capital de PETROPERU S.A. en forma temporal (15 años) por 400 millones de USD con ingresos provenientes de endeudamiento interno (dinero de todos los peruanos), exclusivamente para el proyecto en comentario.
Este andamiaje legislativo nada transparente, no creo que sea idea del Estado peruano sino de los funcionarios de su gobierno que lo lanza, así de URGENTE, sin haberlo puesto a debate serio, siguiendo una mala costumbre de declarar con ley todo de urgencia, sin que el legislador tenga tiempo para documentarse y debatir la propuesta y cuando la misma no tiene, como he señalado, ningún sustento técnico económico.
El gobierno, a través de la Nota de Prensa N°380-12 del Ministerio de Energía y Minas[1], comunicó que “El Estado tiene derecho a decidir cómo es que va a manejar la industrialización y el desarrollo del país”.