¿Y la justicia para todos?

El prestigiado economista Michael Porter sostuvo que el Perú podrá mantener su nivel de crecimiento económico si logra, entre otros, un Estado de derecho (un sistema judicial efectivo y la ausencia de corrupción).

Smith sostiene que el ejercicio y la financiación de la justicia es una responsabilidad importante, ya que está implicada en las disputas sobre derechos de propiedad y relaciones económicas. Por tanto, el Gobierno tiene por objeto la seguridad de las propiedades y en un país donde la administración de justicia es relativamente imparcial, ésta protege la propiedad de todos, incluyendo a los pobres.

¿Esto es verdad en el Perú o hay impunidad en nuestro sistema de justicia y está convertido en un obstáculo para la competitividad?

Desde antes del 2005, la plana mayor del sistema de justicia exigía incremento de presupuesto para actuar con celeridad, veamos cifras: Presupuesto Inicial Modificado (PIM): Poder Judicial 2005 S/. 698.942.758 – 2012 S/. 1.588.966.520 se incrementó 127% en 07 años; Ministerio Público 2005 S/. 313.550.624 – 2012 S/. 1.075.350.722 se incrementó 243%; y ¿los resultados?

Según la última encuesta nacional urbana de GFK, un 67% de peruanos desaprueba la labor del Poder Judicial; entonces, el problema no es dinero; por tanto, el pueblo se pregunta ¿por qué cada 05 años elegimos al presidente de la República y a los congresistas, pero en el Poder Judicial a nadie? Si es un poder del Estado igual, pero lo maneja una sola profesión, abogado, y son quienes deciden si vamos a la cárcel. Acá surge el comentario “si para impartir justicia se debe ser abogado necesariamente”.

Debemos hacer algo para cambiar esto con urgencia, de lo contrario el crecimiento de la economía tendrá problemas para mejorar su competitividad. ¡O no!

Publicado el 27 de agosto de 2012 en el diario La Razón.