La CVR y sus cifras

Aunque muchos no lo sepan y algunos lo olviden o no quieran reconocerlo, tengo el mérito de haber abierto un debate sobre el valor de las cifras que la Comisión de la Verdad presentó como el nuevo recuento de víctimas mortales de la guerra interna en el período 1980-2000.

Tenía entonces dos observaciones básicas:

(a) que se había utilizado un método de cálculo que agrandaba el número de muertos a partir de la proyección de los registros disponibles, lo que servía para decir que estábamos ante una nueva lectura de lo que realmente ocurrió que nadie había anticipado que superaba cualquier otro ciclo de violencia incluido la guerra con Chile, lo que reforzaba las conclusiones orientadas a evitar que el Perú repitiera un desangramiento como este.

(b) que a contramano de lo que emergía de toda la documentación existente y de la inmensidad de testimonios y de investigaciones específicas realizadas por los equipos de la misma comisión que indicaban que, por su carácter masivo y muchas veces ciega e indiscriminada, la intervención de las Fuerzas Armadas causó el mayor número de masacres y de violaciones de derechos humanos a colectividades andinas (lo que se está confirmando en el proceso de desentierros que se realiza con sospechosa lentitud), el puro ejercicio estadístico sirvió para modificar las tendencias dadas por válidas hasta entonces e inflar el presunto daño senderista presumiendo que muchos hechos deberían haberse repetido en diversas regiones, sobre las cuales existía baja información. El dato que se obtuvo establecía que si bien en los registros los militares y Policías habían causado más víctimas, en la proyección los subversivos los superaban y se convertían en responsables del mayor número de muertes y por extensión de las violaciones de derechos humanos en general.

Nueve años después sigo pensando que estas objeciones eran válidas, siendo que mi intención al plantearlas no fue descalificar el trabajo hecho ni la visión general de la CVR, sino asumir el Informe como un material de debate que debía mover la conciencia y el interés de todo el país. Claro que del debate iniciado se colgaron los enemigos de la verdad histórica que empezaron a decir que el problema de las cifras era que la CVR no sabía sumar y mentía. Y que este no había sido un conflicto que dividiera y enfrentara a los peruanos, cuyas causas debíamos estudiar para no vernos conducidos a una violencia recurrente, sino un mero ataque ideológico que concluía eliminando a todos los que pensaran en amenazar el orden existente.

La polémica sobre la verdad se polarizó brutalmente y la entidad que quiso llamar la atención sobre el olvido y el maltrato que sufren millones de peruanos, terminó chocando con un pensamiento militarista que reduce los problemas al presupuesto y equipamiento de los órganos de represión. La tesis de que Sendero era el principal violador tampoco convenció a la DBA en sus expresiones políticas, jurídicas y periodísticas.

Para ellos hay que negar que hubo una guerra brutal y sucia, en la que el Estado y sus aparatos armados tomaron parte y que aún hoy dicen que esos son elementos propios de toda guerra. Quieren que aceptemos sus métodos y su mirada del mundo, pero no como un debate válido de distintas visiones, sino como una lucha por el poder que quien la gana se impone sobre el resto.

Cuando entendí esto, me retiré del debate. Porque, sobre cualquier diferencia, el Informe de la CVR es un texto de gran valor. Un paso adelante para un Perú diferente.

Publicado el 1 de setiembre de 2012 en el diario La Primera.