¿Para qué se hacen las cosas?

Tomar una iniciativa no significa que ella sea necesariamente buena u oportuna. Tomarla exige tener muy buenas razones para hacerlo, comenzando por la claridad acerca de sus beneficios y el tamaño de sus riesgos.

Algo de esto sigue rondando en los cuestionamientos a la dación de una ley llamada de la “Reforma Magisterial”, en el afán de reemplazar a la vigente Ley 29062 de la Carrera Pública Magisterial, sin que medie una razón incuestionable que justifique tremendo afán. Si se tratara de imperfecciones de la ley en vigencia existen los mecanismos para modificar específicamente lo que fuere menester. Existen también recursos en manos del Ministerio de Educación para hacer enmiendas mediante normas de menor jerarquía y mayor celeridad de aplicación. En suma, no se tienen razones convincentes para dar una nueva ley.

Pudiera ser que, finalmente, se logre derogar la ley existente y se reemplace por una nueva, aunque llegara a parecerse mucho a la anterior. Sin embargo conviene aclarar que, por lo menos para algunos de los que consideramos innecesaria una nueva ley, no nos mueve algún “capricho”. Nada de obcecaciones irreflexivas. Ojalá que lo mismo puedan decir, en su caso, quienes se obstinan por un cambio a cualquier precio.

Precisamente se trata de esto último: ¿qué se está ganando con todo este “mare mágnum”?  

Uno. Si estaba abierto un diálogo permanente y de consultas frecuentes con el SUTEP, debiera suponerse que un asunto como el de la “carrera pública magisterial” estaba en la agenda. Alguien lo puso allí pero parece que el diálogo terminó mal porque el sindicato no respalda la propuesta oficial.

Dos. Si el asunto de la ley estaba destinado a detener los embates del CONARE-SUTEP, facción radical del sindicato, nada de eso ha ocurrido y las reclamaciones centrales (el pago de la preparación de clases) siguen en pie. Además el CONARE no respalda la meritocracia sino una vigencia irrestricta de la estabilidad laboral.

Tres.  Si se supusiera que los profesores quieren nueva ley para incorporarse rápido a ella, desapareciendo la ya vieja Ley del Profesorado, gravísimo riesgo corren las autoridades educativas si pretenden evaluar alrededor de 270 mil profesores en tres años. Ningún país ha logrado esas cifras.

Cuatro. Si lo que se quería era que el magisterio con una nueva ley encontrara los estímulos -especialmente económicos- que la ley actual no le estaría ofreciendo, se está incurriendo en ofertas que contradicen la importancia y esencialidad de los méritos como mecanismo promotor de la carrera.

Cinco. Si los protagonistas de esta historia, especialmente el MINEDU, hubieran tenido en cuenta los riesgos en que se pone a los estudiantes, otra forma debieron proponer. Peor todavía; si los padres de familia expresaron hace cinco años su apoyo a la meritocracia y a la ley, esta vez nadie se acordó de ellos.

¿Qué se está ganando? Poco o nada. Bueno, excepto una huelga inútil y unas funestas “vacaciones forzosas” para miles de estudiantes. El gobierno sigue empeñado en una nueva ley y para ello tendrá que negociar una mayoría en el Congreso. Tal vez la logren. Pero para vencer hay que convencer, decía Unamuno.