¿En qué fallamos?

Muchas veces me he formulado esa pregunta. Si en promedio crecimos por encima del Producto Bruto Interno nacional;  si generamos encadenamientos productivos, impulsando el desarrollo de las economías del entorno a las operaciones mineras; si fomentamos el boom de la industria metalmecánica; si incorporamos reservas de mineral que antes eran desconocidas y, por consiguiente, no estaban siendo aprovechadas ni permitían establecer un horizonte económico para las regiones donde se encuentran; si nuestra participación en el Impuesto a la Renta creció sostenidamente; si pagamos impuestos extraordinarios y además aportamos directamente al desarrollo social  ¿por qué hay tantas dudas y temores con relación a la minería? 

Responsabilizar solo al otro de lo que sucede es casi como mirarse al ombligo y pretender que allí encontraremos todas las respuestas.  Hemos crecido, sí, pero erróneamente pensamos que la clase política iba a construir institucionalidad desde un Estado que, por primera vez en más de cincuenta años, contaba con recursos para hacerlo.  

El Estado no cumplió porque salvo excepciones fue dejado en manos de los menos calificados.  Hubo islas de eficiencia donde la tecnocracia mostró ser capaz de instituir una burocracia sólida.  El país debía abrirse al mundo, atraer inversión extranjera, arriesgar y competir.  Los ministerios vinculados a las actividades productivas abrieron sus puertas a la modernidad y la globalización llegó a través de la inversión privada por medio de los programas de privatización.    

La iniciativa privada internacional trajo sus reglas, comparables a las del primer mundo, y un nuevo “benchmarking” se estableció en el ámbito local.  Los yacimientos de minerales fueron los principales atractivos y uno a uno fue concesionado.  En adición, a los diez años de este proceso se llevó a cabo la  consolidación de las industrias extractivas y presenciamos cómo a través de operaciones bursátiles una empresa tomaba el control de otras para hacerlas más eficientes y rentables. 

En otros ámbitos también hubo cambios positivos. La espera de 10 años para contar con una línea telefónica se redujo a menos de un mes y, posteriormente, a 15 días.  Lo mismo sucedió con las empresas de distribución de energía.  Sin embargo, quizás las empresas públicas con mayor impacto social, las prestadoras del servicio de agua y saneamiento, fueron sustraídas de la competencia.  Por ellas, millones de peruanos siguen padeciendo un servicio restringido, de poca calidad y más costoso para quienes menos tienen.