El mentado autosecuestro

Martha Chávez se indignó ayer porque el congresista Jorge Rimarachín, la había acusado de sostener, cuando nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta estaban desaparecidos, que éstos se habían autosecuestrado. La doctora amenazó a su colega con juicio por difamación.

Dijo doña Martha que no había pruebas de que hubiera sostenido esa enormidad.

Hay, sin embargo, un documento de junio de 1993 en que el Fujimorismo sostuvo esa tesis grotesca, texto que recibió el respaldo de la bancada adicta.

Yo recuerdo que en un diálogo telefónico con Antena Uno Radio, la congresista defendió la peregrina tesis. Comenté que sin duda aparte de autosecuestrarse, las víctimas se habían autoasesinado y autoquemado.

El Congreso Constituyente había nombrado una comisión para que investigara lo ocurrido en La Cantuta, que entonces estaba bajo estricto control militar. La comisión presentó finalmente dos informes. Uno, firmado por los congresistas de oposición Róger Cáceres, Gloria Helfer y Carlos Cuaresma, que incriminaba a la fuerza pública y al régimen.

El otro informe, suscrito por los Fujimoristas Gilberto Siura y Jaime Freundt, sostenía la tesis del autosecuestro. Ese dictamen en minoría fue respaldado por la mayoría del Congreso Constituyente, incluida Martha Chávez.

Se sabe que tiempo después, la doctora Chávez recurrió a la falacia del autosecuestro para justificar la tortura contra la exagente Leonor La Rosa.

Trabajaba yo en esa época en Antena Uno Radio, de la que fui fundador, y recuerdo que en una entrevista Gilberto Siura afirmó que unas llaves encontradas entre los restos de los estudiantes no correspondían a ningún alumno de La Cantuta. Si lo fueran, sostuvo, se habrían derretido al ser quemado su dueño. Le pregunté entonces si sabía a cuántos grados de calor se derrite la aleación de las llaves.

No lo sabía. Le señalé que si esa temperatura se hubiera aplicado contra los estudiantes, ellos hubieran resultado carbonizados. La coartada se derritió.

La dictadura recurrió a todos los medios y argucias para confundir a la opinión pública. Como acá y en el exterior se iba conociendo la verdad, gracias en particular a la investigación de la revista Sí, el régimen intentó la intimidación.

El general Nicolás de Bari Hermoza, jefe del Ejército, sacó tanques a la calle, con el pretexto de que se quería privar a la justicia militar de su derecho a investigar el caso. Como si el asesinato cobarde a seres indefensos fuera un delito de función militar.

El 6 de febrero de 1994, el Congreso Constituyente aprobó la Ley 26291, que decidió que la justicia militar se hacía cargo de la investigación del caso La Cantuta. Fujimori rubricó la ley tres días después. Fue uno de sus crímenes contra los derechos humanos.

Columna del director del diario La Primera - 7 de setiembre de 2012.