Ministra de Justicia: El Estado soy yo

La actuación del Perú ante la Corte Interamericana de Justicia de San José de Costa Rica, con motivo del examen realizado en ese tribunal internacional de la sentencia expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en el caso de diversos delitos cometidos por el llamado “Grupo Colina”, ha sido calamitosa. El Estado “uno e indivisible” que consagra el artículo 43º de la Constitución, se ha presentado como un extraño organismo bifronte, con posiciones discrepantes, para generar el desconcierto de los jueces y la extrañeza de la opinión pública doméstica y mundial.

La señora ministra de Justicia, Eda Rivas, que encargó a su procurador la tarea de combatir la decisión de la Corte Suprema de Justicia del Perú, ha sostenido que tal era la posición del Estado peruano. No es verdad, ya que el procurador representó al Poder Ejecutivo del Perú y el Poder Ejecutivo no es el Estado, sino únicamente uno de los órganos del poder público que ejercita el Estado. La señora ministra asume una actitud que recuerda la célebre frase de Luis XIV: “Le’etat cest moi”.

Tan es verdad que el procurador comisionado por la ministra no representó al Estado peruano, es que otro procurador asumió en el tribunal de Costa Rica la defensa de la sentencia sancionada por la Corte Suprema del Perú. El abogado Segundo Viteri cumplió con su deber a cabalidad, sosteniendo que el fallo de la Sala Penal Suprema estuvo perfectamente ajustado a la normatividad vigente y que excluyó la calificación de delito de lesa humanidad a los hechos materia del pronunciamiento, no solamente porque al momento de ocurrir tales hechos no estaba sancionado el Estatuto de Roma que define el contenido y alcances de esa infracción, sino porque el suceso mismo, constituyendo un abominable delito, no reunió las características que establecen la doctrina internacional y el documento de Roma para que pueda ser entendido como crimen de lesa humanidad.

Entonces, pues, Viteri cumplió un papel encomiable y perfectamente ajustado a sus responsabilidades. Y como paradojal recompensa, recibió una virtual destitución y una andanada de agravios de parte del presidente de la Corte Suprema, doctor César San Martín, quien estaba llamado a defender a los jueces supremos que suscribieron el fallo. Todo parece indicar que San Martín albergaba propósitos adversos y que, por tanto, se vio defraudado con la actuación de Viteri. De otro modo no habría explicación para el trato hostil y vejatorio que le ha dado.

En suma, lo ocurrido en San José configura un penoso y lamentable episodio en que el Poder Ejecutivo se ha enfrentado a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, pretendiendo conseguir de la justicia internacional alguna resolución que deje sin efecto a la ejecutoria suprema del caso “Colina”. Extraño empeño, con la todavía más extraña colaboración del presidente de la Corte Suprema.

Junto con la enhiesta posición del abogado Viteri, debe destacarse también la firme actitud del presidente de la Sala Penal Permanente, doctor Javier Villa Stein, quien ha defendido con vigor y abundancia de razones y argumentos jurídicos la plena validez de la sentencia.

Publicado el 8 de setiembre de 2012 en el diario La Razón.