El tsunami de la industria

Como lo resalta Sun Tzu "ningún país se ha beneficiado jamás por una guerra prolongada" y llevamos más de 13 años en una conflagración de peligrosa intensidad, que divide a la sociedad civil, destruye a la industria pesada y liviana y provoca la salida de centenares de miles de ciudadanos en busca de futuro en otros horizontes. Desde las primeras aglomeraciones humanas funciona, de manera infalible, la receta de las recompensas y castigos, por eso se premia a los buenos estudiantes, a los gerentes y trabajadores eficientes y se reelige a los políticos, por su capacidad para atender las prioridades esenciales. Si hiciéramos una auditoría del régimen, saldría reprobado en todas las materias, salvo en publicidad y en verborrea.

En ese escenario la pequeña y mediana empresa tiene dificultades para obtener materia prima nacional e importada, se exigen demasiados requisitos para la obtención de divisas, crecen los costos de producción por la carga de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, las fallas eléctricas son prolongadas, regulaciones de precios, nuevas guías para el traslado de los insumos y mercancías, incluso para las medicinas, y las invasiones, cierres y expropiaciones como un arma discrecional del funcionario; todo culmina dañando a la industria en su propia línea de flotación.

La gobernabilidad exige considerar cada uno de los indicadores esenciales del país, por ello si hay crisis en los puertos los costos se disparan, la inseguridad jurídica lesiona al sector privado a través de la orgía de leyes que se publican sin determinar el impacto de su aplicación, en fin la dinámica laboral está cercada por los cuatro puntos cardinales, también arriba y abajo. De allí, y en consecuencia, que la gerencia moderna tenga que hacer milagros para sobrevivir, en una atmósfera de turbulencia y de permanente inestabilidad.

En ese contexto, los sindicatos que conforman la industria pesada de Guayana han decidido dejar a un lado el miedo y expresar de forma abierta sus reclamos, que parten de la acumulación de contratos colectivos vencidos, el desconocimiento de los dirigentes sindicales por parte de las autoridades, la discriminación política y el acoso laboral en todas sus formas. De conformidad al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en el primer semestre de 2012 se acumularon más de 1.100 conflictos laborales, alrededor de 220 sindicalistas están sometidos a juicio por ejercer el derecho a la protesta y cerca de 450 han sido víctimas del sicariato. En definitiva, el tsunami oficial a la industria estimula las importaciones y beneficia a otros países, al crear puestos de trabajo que perdemos nosotros.

El régimen opta por las importaciones directas para prescindir del sector privado, pone trabas a las exportaciones, no procede a la modernización de los puertos y presencia indiferente el traslado de la sede de empresas multinacionales a Colombia y Panamá. A pesar de lo estratégico de nuestra ubicación geográfica la inseguridad jurídica, el control de cambios y la diversidad de alcabalas gubernamentales, son un tsunami para la industria nacional. (El Universal)