En el Perú, todos los poderes estatales están en crisis, desde que se introdujo el fujimorismo, pero la obra maestra de esa anarquía está en el Poder Judicial. El Ejecutivo es autoritario como siempre lo ha sido, pero no deja de ser caótico hoy porque el Presidente no es un líder. Todos los jefes de Estado del siglo XIX, han tenido un caudillaje. Hagámoslos desfilar: Piérola (1900, su último año); López de Romaña; Manuel Candamo; Serapio Calderón; Guillermo Billinghurst; Benavides; José Pardo; Augusto B. Leguía; el genocida Sánchez Cerro; Prado; Bustamante y Rivero; Odría; Belaúnde Terry; Alan García; el inmencionable Toledo. Desgraciadamente el actual, de quien fui abogado en el año 2000, no se caracteriza por ser un hombre de las masas.
El balcón no existe para él. En nuestro medio, la fenestrocracia es capital; y saltando de poderes, veamos el Legislativo. La desaparición del Senado ha sido fatal, ha condenado a la hemiplejía al Congreso. Todas las constituciones del Perú han sido bicamerales, exceptuemos la vitalicia que tenía tres Cámaras o la unicameral de 1869 que no llegó a regir. Nuestro bicameralismo dio grandes figuras; reaccionarias o no, aparecen José Matías Manzanilla; Luis Alberto Sánchez; Manuel Seoane; Carlos Manuel Cox; Luis Heysen; Manuel Ulloa; Roberto Ramírez del Villar; Mario Polar; Héctor Cornejo Chávez.
Pero regresando al tema de fondo, el Poder Judicial es irredimible. Veamos la anarquía en que se encuentra hoy en torno a la sentencia expedida por la Corte Suprema en el caso de la matanza de Barrios Altos en que rebaja la pena a los procesados; y descendamos a un tema más pequeño: el mío. Planteé una acción de amparo en el año 2008, para que se aceptase mi renuncia al Congreso en que era mandatario de 2006 al 2011. Aunque parezca leyenda, se sostuvo por un juez que el mandato parlamentario era imperativo, es decir todo lo contrario a lo que dice la magna lex, apelado ese fallo inusitado, después de siete meses, fue revocado por la Sala Superior.
El juez que debía fallar, aplazó su decisión porque se iba de vacaciones. A la hora de sentenciar, incoherentemente dijo que la demanda era procedente, pero que el Pleno del Parlamento decidiera. Ante esa incongruencia, me desistí de continuar con el proceso. El Procurador Público del Parlamento, de ese entonces, se unió a mi decisión. La materia había quedado sustraída; pese a eso, en virtud de apelaciones, la causa sigue en discordia.
¿Qué puede resultar de eso? Una aberración que se sostenga en que los desistimientos no valen en este caso y que la causa debe ser sentenciada. ¿Qué puede salir de esa sentencia? Que mi renuncia es inválida y que por lo tanto, debe decidirse la suerte de mi mandato. Es decir que, teóricamente, para la Magistratura, sigo siendo parlamentario y podrían dictar un inusitado fallo del que se deduzca que tengo derecho a escaño. La razón de la sinrazón. MaratSade.
Publicado el 11 de setiembre de 2012 en el diario La Razón.