Si nuestra democracia parece estar dando vueltas en círculo, en parte se debe a que no se tiene el mismo concepto de democracia. Por ejemplo, entre las reglas electorales, es vital el reconocimiento de un resultado desfavorable. De lo contrario, las probabilidades de preservar la estabilidad y la gobernabilidad se reducirán gradualmente. Justo por la importancia que ello reviste, las democracias buscan incorporar a los contendientes en la formulación de las reglas y en la selección del árbitro, para así fortalecer el compromiso con los resultados.
La diferencia entre las democracias avanzadas y las rezagadas radica menos en las irregularidades o inequidades que pueda haber, y más en la aceptación del resultado por los perdedores. Un ejemplo típico es el de Al Gore en el año 2000. Los medios habían anunciado una gran ventaja para George Bush en Florida, estado determinante en la elección. Gore ya había dicho a su rival por teléfono que aceptaría su derrota en ese momento. Su equipo le dijo que esperara, pues su programa preliminar registraba sólo 1500 votos de ventaja para Bush. Gore decidió impugnar los resultados por todas la vías legales. La Corte de Florida – de inclinación demócrata - determinó un recuento total en el estado que, conforme avanzaba, reducía la distancia entre los punteros. Cuando esa diferencia era de apenas 158 votos, la Suprema Corte Federal – de inclinación republicana - ordenó suspender el recuento para determinar si éste era legal. Tras las audiencias de rigor, la Corte decidió que el recuento ordenado en Florida sí era legal, pero que el tiempo para continuar con ese ejercicio… ¡se había agotado¡ Se comprobó también que la secretaria de gobierno en Florida había rasurado del padrón a 20 mil electores demócratas, pero eso no era causal de nulidad (y había que acatar es disposición legal). Ese sí que fue un claro fraude, determinante en el resultado. A diferencia de lo que se cree, tales irregularidades son habituales en ese país. Algunas veces son determinantes (también en 1960), aunque la mayoría no (John Fund, Stealing Elections; 2004). Pero Gore felicitó públicamente a Bush: “No estoy de acuerdo con la decisión de la Suprema Corte – dijo -, pero la acepto… por el bien de la unidad y el fortalecimiento de nuestra democracia”.
En México las cosas son distintas; conceder suele ser visto (al menos en la izquierda) como claudicación a principios, traición a los seguidores, ser lacayos de la mafia del poder, un suicidio político o incluso como una posición antidemocrática (aunque cuando Ebrard aceptó su derrota frente a AMLO, los obradoristas lo celebraron como una actitud democrática). Cuenta desde luego la personalidad de los candidatos, pero más importantes son los incentivos creados históricamente para aceptar o desconocer una derrota. Desde el origen mismo de la democracia norteamericana, los empresarios y líderes políticos que apoyaban a un candidato lo hacían hasta que se emitía el fallo oficial. Después, le condicionaban su respaldo futuro a que acatara el veredicto, poniendo fin al conflicto. Y es que a esos promotores no les convenía en absoluto la inestabilidad que podría derivarse de un desacato y la consecuente rebelión (armada o no). De ahí que los incentivos para conceder sean muy fuertes en ese país.
Aquí sucede a la inversa. López Obrador tiene fuertes incentivos intrapartidistas para no reconocer su derrota; le permite presentarse como víctima, lo cual le da nuevo aire para mantener un liderazgo moral y fáctico. Pero también hay incentivos externos al partido. Recientemente, John Ackerman (Proceso, 1/Sep/12) ha listado los réditos políticos que – a su parecer – derivaron de no acatar el veredicto en 2006: reformas favorables a la izquierda en materia electoral, penal, de derechos humanos y transparencia. Sin la presión social derivada del no reconocimiento no se habrían dado tales avances. Además, la izquierda pudo frenar las reformas que no le gustan, como la energética. Igualmente se logró remover prematuramente a Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE en 2006. Sin embargo, una encuesta reciente señala que 26% considera que desconocer es una acción democrática, en tanto que 61% piensa que eso daña a la democracia, pese a reconocer irregularidades (Reforma, 9/Sep/12). Por lo pronto, la salida de López Obrador del PRD para buscar su propio espacio, deja a aquel partido en mayor libertad para jugar de manera más institucional, sin los esquizofrénicos malabares de estos últimos años.
Nota publicada en periodicocorreo.com.mx