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A cargo de Rocío Silva Santisteban, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Alberto Pizango Presidente de AIDESEP y representante del Pacto de Unidad y dirigentes de pueblos indígenas.
DÍA: JUEVES 13 DE SETIEMBRE DE 2012
LUGAR: Sala Quechua del Hotel Meliá, sito en la Av. Salaverry N°2599- San Isidro.
HORA: 08:45 AM
Es el sexto año consecutivo en el que las organizaciones indígenas amazónicas y andinas del Perú, con el apoyo de diversas instituciones de la sociedad civil y el respaldo de la Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP, elaboran un informe que da cuenta del cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT y la situación de pueblos indígenas y tribales en países independientes. El informe corresponde al período agosto 2011-julio 2012.
A un año de la aprobación de la Ley de Consulta Previa por el gobierno de Ollanta Humala, el informe señala entre sus conclusiones la persistencia del Estado en priorizar políticas extractivistas por sobre el cumplimiento de la Ley de Consulta y otros derechos de los pueblos indígenas, que a la larga viene generando la intensificación de conflictos socio-ambientales.
A junio del 2012 más de la cuarta parte del territorio nacional, es decir el 25.3% equivalente a 25’889,992.35 hectáreas han sido concesionadas a la minería. Resaltan los casos del proyecto Conga de minera Yanacocha en Cajamarca y el de la minera Xstrata en Espinar, Cusco. Casos emblemáticos que no cuentan con licencia social debido a los daños ambientales y daños de salud que generarían.
En el caso de los hidrocarburos, en septiembre de 2011 se realizaron contratos sobre 5 nuevos lotes para la explotación de hidrocarburos en la selva peruana, pese a que ya se había aprobado la ley de consulta. A junio de 2012, la Defensoría del Pueblo registró un total de trece conflictos socio-ambientales vinculados a la explotación de hidrocarburos en territorio de comunidades amazónicas y en dos casos en territorio de comunidades andinas.
En cuanto a proyectos de hidroeléctricas. La construcción de 20 hidroeléctricas a través de toda la cuenca del río Marañón entre Huánuco y Loreto, impactaría en al menos siete regiones del Perú. La ejecución de las hidroeléctricas de Escurrebragas y del Pongo de Manseriche inundarían de manera directa los territorios ocupados por población indígena awajún en la región Amazonas.
La invasión de los territorios indígenas aumenta el riesgo de la inseguridad alimentaria. La gran mayoría de la población indígena se dedican a la pequeña y mediana agricultura, involucrando a 2.3 millones de familias, haciendo un total de 10 millones de personas. De acuerdo a esto, el sustento de miles de familias indígenas se ve amenazada por las políticas extractivistas, en muchos casos las concesiones mineras y de hidrocarburos se superponen a las tierras productivas.
El actual reglamento de la Ley de Consulta no se adecúa a los estándares internacionales, y no ha recogido todas las propuestas de las organizaciones nacionales indígenas que participaron del proceso de diálogo. Por ejemplo, el artículo 24 presenta un plazo muy rígido de 120 días en total para cualquier proceso de consulta previa, sin considerar los procesos organizativos complejos y las enormes distancias que deben recorrer las organizaciones indígenas para discutir los temas consultados. Asimismo, hasta el momento no hay consenso e información fiable sobre a quiénes se puede considerar como comunidades indígenas en el Perú. Por otro lado, ya se encuentran vencidos los plazos para que el Vice-Ministerio de Interculturalidad publique la base de datos de pueblos indígenas y la guía metodológica, mecanismos importantes que deben guiar todos los procesos de consulta en el Perú.
Estas son algunas de las conclusiones que serán expuestas en la presentación del Informe que se realizará el jueves 13 de setiembre. Este informe ha sido elaborado por organizaciones indígenas* e instituciones de la sociedad civil**.
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