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Es el sexto año consecutivo en el que las organizaciones indígenas amazónicas y andinas del Perú, con el apoyo de diversas instituciones de la sociedad civil y el respaldo de la Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP, elaboran un informe Alternativo, que da cuenta del cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y la situación de los pueblos indígenas en el Perú. El informe corresponde al período agosto 2011-julio 2012.
El informe da cuenta en sus 11 capítulos sobre la agenda indígena, la identificación de los pueblos indígenas; el proceso político para regular el derecho a la consulta previa y el consentimiento; el contenido de la ley de consulta previa y su reglamento; los próximos pasos para la implementación de la Consulta; institucionalidad y lo establecido por el Convenio 169; avance en la institucionalidad indígena a nivel de Gobiernos Regionales y Locales; territorio: minería y concesiones, hidrocarburos, los nuevos lotes y los conflictos entorno a ellos; la criminalización de los pueblos indígenas; seguridad y soberanía alimentaria; casos emblemáticos de vulneración de derechos de los pueblos indígenas; entre otros temas es la primera vez que el informe incluye el capítulo, el de Mujer Indígena.
A menos de un mes de iniciadas sus funciones, el nuevo parlamento aprobó la nueva Ley de Consulta Previa, y su reglamentación fue promulgado por el presidente Ollanta Humala a inicios de setiembre del 2011. Pese a este avance el informe subraya la persistencia del Estado en priorizar políticas extractivistas por sobre el cumplimiento de la Ley de Consulta y otros derechos de los pueblos indígenas, que a la larga ha generado la intensificación de conflictos socio-ambientales.
La respuesta a los conflictos socio ambientales por parte del Estado ha sido la represión, provocando hasta junio de este año quince muertes como consecuencia del uso abusivo de la fuerza por parte de la policía. Ninguna de las personas afectadas, heridas durante el enfrentamiento ha recibido una reparación. Tampoco han sido sancionados los responsables. No existe un mecanismo administrativo ni judicial adecuado para garantizar el acceso a una reparación integral de las víctimas. Por ejemplo, los indígenas awajún Feliciano Cawasa y Dany Lopez han estado presos por tres años sin sentencia, a raíz de los hechos del Baguazo. Por su parte, Asterio Pujupat permaneció en la cárcel aproximadamente 15 meses.
Esto demuestra que el discurso pro consulta se ha diluido en la poca capacidad de diálogo de parte del Estado, que se mantiene sordo a las propuestas planteadas por las organizaciones indígenas, pues las violaciones a los derechos territoriales de las poblaciones indígenas han seguido estallando de manera sistemática a nivel nacional.
El otorgamiento de concesiones mineras sin consulta previa a los pueblos indígenas ha sido una práctica de constante incumplimiento del Convenio 169 de la OIT.
Durante el gobierno de García se había mostrado un crecimiento sostenido del área concesionada a la minería, y el gobierno de Humala ha seguido esa tendencia, al punto que a junio del 2012 más de la cuarta parte del territorio nacional, es decir el 25.3% equivalente a 25’889,992.35 hectáreas han sido concesionadas. Las concesiones mineras (otorgadas actualmente a través del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET), vienen asignando usos en territorios de pueblos indígenas, como consecuencia de la falta de planes de ordenamiento territorial a nivel nacional, regional y local. Hasta la fecha, el Ministerio del Ambiente aún no suscribe el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial. En contraste, las concesiones se otorgan diariamente, por lo cual no existe ningún mecanismo que permita ejercer la defensa de los pueblos indígenas a su propiedad comunal, recursos naturales y a decidir su desarrollo.
En el caso de los hidrocarburos, el gobierno de García fue también agresivo al duplicar el número de contratos de licencia de exploración y explotación en cinco años. Al final de su gobierno se había logrado duplicar el número de contratos de exploración de hidrocarburos: de 45 contratos de licencia vigentes antes de su gestión, a 82 al final de ella y con 11 contratos más por suscribir.
Según cifras de Perupetro, los ingresos del 2011 por contratos de servicio y licencia en hidrocarburos ascendieron a US$ 2,095,665,950.35. De este total el 79.53% corresponde a ingresos de los lotes petroleros y gasíferos de la Amazonía. De allí el interés en seguir explorando en búsqueda de nuevos yacimientos, incidiendo sobre la Amazonía y, por lo tanto, sobre los pueblos que ahí habitan.
Igualmente, se heredó una retahíla de proyectos de hidroeléctricas. En el 2011, se aprobó el Decreto Supremo Nº 020-2011-EM que plantea la construcción de 20 hidroeléctricas a través de toda la cuenca del río Marañón entre Huánuco y Loreto, con lo cual impactaría en al menos siete regiones del Perú. Los proyectos hidroenergéticos avanzan sin planificación energética nacional, basados en proyecciones de la demanda energética minera que crece alrededor de 7% anual. Sólo con la ejecución de las hidroeléctricas de Escurrebragas y del Pongo de Manseriche –dos de las más grandes planificadas– se inundaría de manera directa los territorios ocupados por población indígena awajún en la región Amazonas. En tanto que en el caso de las hidroeléctricas de Chadín 2, Balsas y Cumba se desarrollan los estudios sin el consentimiento previo de las comunidades cercanas, campesinas e indígenas, ni de las organizaciones de base.
Las comunidades no sólo se han visto amenazadas por la industria extractiva y proyectos de hidroeléctricas. Desde la entrada en vigencia la ley N° 28736, el año 2006, el Estado peruano no ha concretado esfuerzo alguno por fortalecer sus medidas de fiscalización, sanción y control de ingresos a las reservas territoriales. Cabe mencionar el caso de la Reserva Territorial para los pueblos indígenas en aislamiento Nahua, Kugapakori, Nanti y otros (RTNK) en la región Cusco. Esta fue creada en 1990 y elevada de categoría el 2003 mediante el Decreto Supremo N° 028-2003-AG, a través del cual se establecen obligaciones estatales para su protección, prohibiéndose asentamientos poblacionales, actividades culturales y económicas, exceptuándose la existente (proyecto de gas de Camisea, lote 88). El plan de protección de la reserva nunca se implementó. Dicho proyecto se constituye en una seria amenaza a los pueblos indígenas. Otro ejemplo es el de la Reserva Territorial Isconahua, la misma que busca proteger a dicho pueblo y, colindando con nuestro vecino país del Brasil, fue creada mediante la Resolución Directoral Regional Nº 00201–98–CTARU–DRA de junio de 1998.
Los pueblos indígenas han venido siendo amenazados por la propuesta de interconexión vial entre Pucallpa (Ucayali, Perú) y Cruzeiro do Sul (Acre, Brasil). Se trata de una propuesta de carretera cuyo trazo se construiría a una distancia de 5 ó 6 kilómetros del límite sur de la reserva. El impacto sería irreversible amenazando su vida, salud e integridad de tierras y recursos naturales necesarios para su vida.
La mayor muestra de la continuación de políticas extractivistas en timón automático, ha sido el anuncio del nuevo presidente de Perupetro, Aurelio Ochoa que se comprometió a dinamizar aún más el impulso exploratorio en el Perú y llegar a explorar entre 30 y 40 pozos al año. Peligrosamente, para lograr esta meta, esta nueva gestión ha identificado que una de las principales trabas es la lentitud de los procesos de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que termina retrasando el inicio de los proyectos de exploración.
Se pensaba que tras la aprobación y promulgación de la Ley de Consulta Previa se abriría un proceso donde los pueblos indígenas no sólo fueran escuchados, sino que pudiesen decidir sus prioridades y objetivos de desarrollo, sin que los representantes estatales o del sector empresarial pretendiesen decidir por ellos.
Sin embargo, la actual administración suscribió a fines de septiembre de 2011 cinco nuevos contratos de explotación de hidrocarburos. Cuatro de ellos en la Amazonía: dos en la selva norte y dos al sur, afectando en total más de un millón y medio de hectáreas (Lotes 174, 179, 183 y 188). Además, a inicios de julio de 2012, Perupetro anunció que el directorio de dicha institución había aprobado la delimitación y nomenclatura de veintidós lotes de explotación (manteniendo en reserva su ubicación y tamaño). Igualmente, informó que ya se había iniciado el proceso de consulta previa a las comunidades. Sin embargo, a la fecha ni siquiera se ha llegado a definir la entidad promotora de los procesos de consulta de estos nuevos lotes, pese a que ya se habría iniciado este proceso.
Todo esto ha amenazado los territorios indígenas debido a que los contratos y concesiones se superponen, y por la contaminación y degradación forestal que provocan. Y todo esto, sin consulta previa, pese a que el propio gobierno acababa de aprobar la ley y conducía un proceso de reglamentación.
Entre los casos emblemáticos de vulneración de derechos de los pueblos indígenas tenemos al proyecto Conga en Cajamarca (la quinta región del país con mayor cantidad de concesiones mineras, 48% de su territorio). El caso Espinar, sobre el cual existen informes medioambientales sobre la contaminación e impacto en la economía y la salud de las comunidades y poblaciones del entorno minero Tintaya. El caso de la Reserva Comunal Purús, en Madre Dios. La mayoría de los pobladores no está a favor de la construcción de la carretera que uniera a Puerto Esperanza con el Distrito de Iñapari en Madre de Dios. De los 4,500 pobladores 3,500 son indígenas y ven como una amenaza la construcción de la carretera a su forma de vida ancestral y por poner en peligro el bosque que les provee de recursos.
La Cordillera del Cóndor es otro de los casos emblemáticos porque una entidad estatal realizó una consulta previa de carácter modelo que culminó en un acuerdo con los pueblos indígenas Awajún y Wampis sobre la conformación del Parque Nacional Cordillera del Cóndor y Reservas Comunales en la provincia de Condorcanqui, Región de Amazonas. Sin embargo, el Estado peruano incumplió el acuerdo y permitió la actividad extractiva minera y de hidrocarburos en la zona que forma parte del territorio cedido por dichos pueblos para su conservación, sin que fuera sometida a la consulta previa hasta la fecha.
Mientras los territorios de los pueblos indígenas son depredados, sus derechos a la salud y a la educación aún siguen postergados por el Estado. La cobertura de ambos sigue siendo pobre. Asimismo, los ataques a los territorios indígenas aumentan el riesgo de la inseguridad alimentaria, pese a que los pueblos se dedican a la agricultura y producen buena parte de los alimentos que produce el país.
Estos pueblos en su gran mayoría se dedican a la pequeña y mediana agricultura, involucrando a 2.3 millones de familias haciendo un total de 10 millones de personas. Sin embargo, el sustento de miles de familias indígenas y por consiguiente, de las familias urbanas se ve amenazada por las políticas extractivistas pues, en muchos casos, las concesiones mineras y de hidrocarburos se superponen a las tierras productivas. Asimismo, lejos de promover políticas que fortalezcan la pequeña agricultura, el Estado viene priorizando el apoyo a la agricultura de agroexportación.
El derecho a la salud también ha sido postergado. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, a fines de diciembre de 2011 la demanda de personal médico no era cubierta en su totalidad, principalmente en zonas rurales con serias consecuencias en el acceso a los servicios de salud para la población de tales zonas. Y sobre el acceso a la educación: existe cerca de 20% de estudiantes indígenas entre los 6 y 11 años que no accede al sistema educativo.
Entre las principales dificultades para llevar a buen puerto el proceso de consulta previa es la ausencia de una base de datos del total de pueblos indígenas que existen en el país. Muchos de ellos, al no estar registrados, no son tomados en cuenta en el proceso de consulta. El Viceministerio de Interculturalidad tiene la obligación legal de elaborar y difundir una Guía Metodológica y la Base de Datos de los pueblos indígenas en el Perú, y hasta el momento no ha sido ni publicada ni difundida.
Justamente, entre las recomendaciones que destaca el informe es la Modificación del artículo 7 de la Ley N°29785, Ley de Consulta Previa, para que incluya como pueblos indígenas a todos los descendientes de los pueblos que habitaban este territorio antes de la colonia.
Durante las discusiones para la elaboración del reglamento de la Ley de Consulta Previa, representantes estatales señalaron en diversos foros que las concesiones para industrias extractivas no deben ser materia de consulta. La razón es que el uso de los suelos se establecería en la planificación del ordenamiento territorial (OT). Pese a los avances iniciales del Ministerio de Ambiente, el proceso parece haberse entrampado al haber derivado el OT al Acuerdo Nacional y sin contar hasta la fecha con una ley de OT. Sin políticas de gobierno a nivel nacional, local y regional, viables con una Ley de OT, su efectiva aplicación no será viable, y las concesiones seguirán definiendo el uso de los suelos que muchas veces forman parte del territorio de los pueblos indígenas. Sobre las licencias a proyectos de hidrocarburos, por ejemplo, podemos observar lotes de hidrocarburos superpuestos a territorios de pueblos indígenas, inclusive áreas naturales protegidas.
A partir de julio del 2011, al iniciarse el gobierno de Ollanta Humala la dinámica de violencia policial experimentó una caída inicial para luego recobrar la virulencia de las peores épocas de García, con quince personas asesinadas ya en junio del 2012, tres de las cuales eran adolescentes.
Entre algunas de las recomendaciones del Informe están la modificación del artículo 7 de la Ley N°, Ley de Consulta Previa, para que incluya como pueblos indígenas a todos los descendientes de los pueblos que habitaban este territorio antes de la colonia. El no promover acciones administrativas y/o legislativas que afecten los derechos de los pueblos indígenas sin antes efectuar acciones de consulta previa, libre e informada. Y entender que el derecho de consulta debe ser tratado como una oportunidad para que los pueblos indígenas puedan colocar en la agenda pública sus prioridades de desarrollo y buen vivir y para que el estado las asuma como políticas públicas.
Estas son algunas de las conclusionesdel VI Informe Alternativo 2012, que da cuenta del cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y la situación de los pueblos indígenas en el país. Siendo el sexto año en el que las organizaciones indígenas amazónicas y andinas del Perú (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), Confederación Nacional Agraria (CNA), Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP; con el apoyo de diversas instituciones de la sociedad civil* y el respaldo de la Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP, elaboran un informe que es enviado a la sede central de la OIT en Ginebra, y es presentado a funcionarios públicos y al público en general en el Perú.
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