Alberto Pizango rechazó la falta de voluntad del Estado para abrir espacios de diálogo con los pueblos indígenas”

Hoy líderes indígenas y representantes de las organizaciones de la sociedad presentaron el VI Informe Alternativo 2012 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, quienes cuestionaron la ausencia de una base de datos del total de pueblos indígenas que existen en el país, debido a que muchos de ellos al no estar registrados no son tomados en cuenta en el proceso de consulta. Cecilia Serpa abogada de IDL señaló que  el   Viceministerio de Interculturalidad tiene la obligación legal de elaborar y difundir una Guía Metodológica y la Base de Datos de los pueblos indígenas en el Perú, y hasta el momento no ha sido ni publicada ni difundida, pese a ello se viene convocando a una consulta previa en marzo del 2013.

Alberto Pizango presidente de AIDESEP dio a conocer su rechazo a la falta de voluntad del Estado para abrir el diálogo con los pueblos indígenas. “Los pueblos indígenas estamos convencidos de que frente a la imposición de proyectos de desarrollo que nos han traído muertes, despojos y miseria, hay una propuesta de proyecto de desarrollo armonioso desde los pueblos indígenas”, dijo.

Rocío Silva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos dijo que el Estado ha caído en serias contradicciones respecto a la Ley Consulta Previa  ya que a un año de aprobada y con la reglamentación en marcha no ha tenido notables avances en apoyo de la causa indígena.

“La reglamentación ha desmantelado la ley y el gobierno sigue respondiendo a los intereses de empresas mineras y de hidrocarburos por sobre la consulta a los pueblos. El 25% del territorio nacional está concesionado a la minería. En Cajamarca hasta la Plaza de Armas y las capillas han sido concesionadas. El gobierno continúa con la política extractivista que arrastra desde  el gobierno de Fujimori y que sigue generando conflictos”, dijo.

Alberto Pizango señaló, además, que existe un acto de mala fe del Estado: “Los pueblos hicimos una serie de observaciones a 7 artículos de la ley pues no recoge el espíritu del Convenio 169 de la OIT”.

En el informe se menciona varios casos emblemáticos de conflicto entre los pueblos originarios y empresas privadas a quienes el Estado ha otorgado concesiones de tierras sin consulta previa.  El dirigente de la comunidad indígena shawi de San Martín, Ely Tangoa expuso el caso de la empresa coreana Ecoamérica que el 2009 solicitó al Estado la adjudicación de 72,654 hectáreas de la selva de San Martín de las cuales 21 mil se superponen a territorio ocupado por tres comunidades nativas que serían desplazadas si es que la empresa llega a adjudicarse las tierras. “El territorio es nuestro mercado, convivimos con la naturaleza de forma armónica (…) El Estado es experto haciendo carreteras pero no da ningún tipo de recurso a las comunidades nativas”, dijo.

Otro caso que será debatido el día de mañana en el Congreso es el del Purús. Se pretende construir una carretera de 400 kilómetros desde la provincia de Puerto Esperanza en Ucayali hasta Iñapari en Madre de Dios. Este proyecto presentado por el congresista fujimorista Carlos Tubino, atravesaría dos áreas protegidas reconocidas por el Estado, el Parque Nacional Alto Purús y la Reserva del Alto Purús, y pondría en peligro la supervivencia de las comunidades en aislamiento voluntario que habitan el territorio.

“El proyecto desconoce una serie de leyes, desconoce la ley de áreas protegidas, la ley de consulta previa, la ley forestal, hasta el código penal (…) Deforestación de bosques, invasión de tierras, erosión del suelo, degradación de los bosques y la posible extinción de las comunidades en aislamiento voluntario serían algunos de los impactos de la construcción de la carretera”, dijo Roger Muro de Aidesep.

Entre algunas de las recomendaciones del Informe están la modificación del artículo 7 de la Ley N°, Ley de Consulta Previa, para que incluya como pueblos indígenas a todos los descendientes de los pueblos que habitaban este territorio antes de la colonia.  El no promover acciones administrativas y/o legislativas que afecten los derechos de los pueblos indígenas sin antes efectuar acciones de consulta previa, libre e informada. Y entender que el derecho de consulta debe ser tratado como una oportunidad para que los pueblos indígenas puedan colocar en la agenda pública sus prioridades de desarrollo y buen vivir y para que el estado las asuma como políticas públicas.

El informe fue elaborado por las organizaciones indígenas amazónicas y andinas del Perú (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), Confederación Nacional Agraria (CNA), Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP; con el apoyo de diversas instituciones de la sociedad civil y el respaldo de la Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP.

Cabe señalar que este es el sexto año en el que las organizaciones indígenas amazónicas y andinas del Perú, con el apoyo de diversas instituciones de la sociedad civil y el respaldo de la Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP, elaboran un informe Alternativo, que da cuenta del cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y la situación de los pueblos indígenas en el Perú. El informe corresponde al período agosto 2011-julio 2012.

Ver informe en el siguiente enlace:

https://rapidshare.com/#!download|446p5|1471766226|Informe%20Alternativo%202012.pdf|4052|0|0