La inseguridad social

El Estado ha resuelto declarar en reorganización el Seguro Social de salud (Essalud). Para hacerlo, no ha consultado con los representantes de los asegurados, ni con el Congreso de la República.

Hubiera sido bueno que antes de dictar la medida el Estado pagara la cuantiosa deuda que tiene con el Seguro. Hubiese sido esa una señal de que hay preocupación estatal por mitigar la crisis que, en efecto, padece Essalud.

Es un secreto a voces que esa entidad está acosada desde varios ángulos: las clínicas privadas, los prestadores de equipos, las aseguradoras, el aprismo –confabulado con éstos-, los burócratas ociosos y perdurables, algunos médicos que hacen de la atención un puente para consultorios y clínicas privados.

No hace falta honda investigación para saber a quiénes conviene una reorganización vertical.

En esta columna señalamos días atrás el papel del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) respecto a los sueldos de los médicos. No nos limitamos, como los demás medios, a señalar esa presencia, sino que recordamos su origen en una decisión del 2010 del entonces presidente Alan García y precisamos el carácter inconstitucional de la fiscalización y control de los fondos del Seguro por Fonafe, es decir, por el Ministerio de Economía y su capitoste Luis Castilla.

La brevedad esquemática del Decreto revela su escasa elaboración y fundamentación. Su formulación es la del “ordeno y mando” arcaico.

El reclamo de la seguridad social viene desde el nacimiento del sindicalismo peruano, se plasmó los años 20 del siglo pasado en el programa del Partido Socialista fundado por José Carlos Mariátegui y se estableció en los años 30 bajo la dictadura de Oscar R. Benavides. El fundador de la seguridad social en el mundo fue Otto von Bismarck, el reaccionario canciller de hierro de Alemania, quien lo hizo asustado por el impetuoso crecimiento electoral del Partido Socialdemócrata, que, inspirado por Marx y Engels, exigía la seguridad social.

El año 2003 apareció en París el libro La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido? de Robert Castel, director de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Dice el autor: “Se pueden distinguir dos grandes tipos de protecciones. Las protecciones civiles garantizan las libertades fundamentales y la seguridad de los bienes y de las personas en el marco de un estado derecho. Las protecciones sociales ‘cubren’ contra los principales riesgos capaces de entrañar una degradación de la situación de los individuos, como la enfermedad, el accidente, la vejez empobrecida”.

Ese doble pacto está hoy amenazado en el mundo. Y, por lo que vemos a cada rato, también en el Perú. Incluida la seguridad de la vida de los sindicalistas.

Columna del director del diario La Primera - 14 de setiembre de 2012.