Leo con especial atención los FINES de la educación peruana, expresados en la Ley General de Educación 28044. En dos párrafos se compacta todo lo que debiéramos conseguir en nuestros estudiantes. Es fundamental alcanzar una formación integral, con relieve en aspectos como identidad, ciudadanía, integración social, cultura de paz, capacidad renovadora y convivencia.
Complementan este gran propósito los PRINCIPIOS de la educación y allí tienen lugar conceptos tan valiosos como ética, equidad, inclusión, calidad, democracia, interculturalidad, conciencia ambiental, creatividad e innovación. Por su parte, en el Diseño Curricular de la educación básica se establecen, como VALORES a desarrollarse, la justicia, la libertad y la autonomía, el respeto y la tolerancia además de la solidaridad.
No es –ni debiera ser- una lista de términos a la que podría agregarse algunos más. Cada concepto exige, además de las conceptualizaciones pertinentes, un ejercicio que busque su afirmación en la vida de las personas. Esta es una tarea que debe iniciarse en la escuela –con total conocimiento y compromiso por parte de la familia, que es por donde comienza la vida--, que está obligada a ser la “primera sociedad” en que todos estos fines, principios y valores se expresen cotidianamente.
Si esto es así, entonces tiene la escuela –llamada hoy “institución educativa”- la obligación de practicar aquello que preconiza y busca conseguir en los estudiantes. Es la institución en su conjunto la responsable de hacer realidad, de mostrar palmariamente, que es posible “vivir” como se quiere que sus estudiantes aprendan a hacerlo.
Y quienes tienen la primera responsabilidad de ser ejemplo son los profesores, comenzando por el director/directora del plantel. Los Fines, los Principios y los Valores de la educación deben ser practicados en la vida cotidiana de cada escuela o colegio. De lo contrario ningún estudiante se sentirá en la obligación de creer y practicar aquello que NO vive.
Dos agrupaciones básicas coexisten en la educación: los estudiantes y los docentes. Sus roles están entretejidos, siempre al servicio de los primeros. De modo tal que los derechos del uno no debieran afectar los del otro. Cuando la defensa de mis derechos agrede los derechos de otros, con los cuales tengo yo, además, una responsabilidad social, la descalificación de mis actos reivindicativos es automática. Eso, y no otra cosa ocurre ahora con las huelgas magisteriales (de cualquier facción) porque el derecho a mejores remuneraciones está VIGENTE y expedito en la Ley de la Carrera Pública Magisterial, también vigente.
Debiera examinarse si es menos responsable de esto la autoridad nacional por no convocar a nuevas incorporaciones a la CPM y perfeccionar los mecanismos que alienten y prestigien la meritocracia, requisito indispensable a la obtención de buenos ejemplos en la escuela.