Los “socios” de las cooperativas mineras ostentan bienes inmuebles y vehículos de lujo y llevan una vida regalada gastando fortunas en fiestas religiosas, mientras “sus” obreros trabajan en condiciones inhumanas y sin beneficios sociales. Los patrones del sector sirvieron por igual a los gobiernos dictatoriales como a los llamados “populistas”, buscando siempre cuotas de poder y réditos personales.
Escuchamos a José Pimentel, ex ministro de Minería del gobierno del MAS, sostener que las cooperativas mineras han nacido como consecuencia de la relocalización de 1985, cuando la caída catastrófica de los precios de los minerales en el mercado mundial obligó a COMIBOL a cerrar operaciones en todas sus empresas. Según Pimentel, los despedidos de la empresa estatal tuvieron la osadía de permanecer en las minas para seguir trabajando los yacimientos en condiciones muy desfavorables porque no sabían hacer otra cosa que explotar minerales.
Este señor ignora que las cooperativas mineras existen desde hace mucho tiempo. En la Empresa Minera Catavi, por ejemplo, operó una poderosa cooperativa llamada “IV Centenario” y muchas otras que explotaban ricos veneros (rodados) y relaves que circundaban a la mina principal explotada por la COMIBOL, entidad que firmaba contratos de arrendamiento cediendo parajes que no le interesaba explotar directamente. Por otro lado, los cooperativistas auríferos en el norte de La Paz aparecieron en una época en la que la zona fue invadida por colonizadores de otras regiones del país y porque la COMIBOL no mostró tampoco interés por incursionar en la explotación aurífera.
Lo que pasa es que, después de la relocalización, se han incrementado estas cooperativas con la variante de que el Estado les ha entregado en concesión las vetas más ricas de la minería recesiva. En la medida en que los precios de los minerales se recuperaban, la actividad minera ha incubado organizaciones económicamente fuertes; por ejemplo en Huanuni, antes de su nacionalización, intentaron comprar a la empresa capitalizadora inglesa la totalidad de sus acciones para tomar el control de toda la mina pagando sumas importantes.
Mucho se ha idealizado sobre la naturaleza de las cooperativas en general; algunos han querido mostrarlas como una alternativa distinta al capitalismo y al socialismo, capaz de crear una ruta distinta para el desarrollo del país. Sobre todo las tendencias clericales, que niegan la lucha de clases, han teorizado sobre la posibilidad de que la solidaridad y cooperación que se materializa en el ámbito de las cooperativas son los escenarios básicos para alcanzar la felicidad y la prosperidad humanas.
Un marxista no puede dejar de partir del análisis sobre el tipo de relación que se establece entre las diversas formas de propiedad y el hombre. En el caso concreto de las cooperativas, sus miembros no están relacionados con una forma de propiedad social donde la organización cooperativa se sienta dueña colectiva de la misma, como ocurre, por ejemplo, con los indígenas asentados en el ayllu o los territorios comunitarios de origen (TCOs); por lo que se establece una relación individual del “socio” con el paraje concesionado por un tiempo determinado y después, fatalmente, la propiedad debe retornar al dueño original o terminar siendo adquirida en forma de propiedad privada por el grupo o individuo que la explota.
En esta forma de relación del hombre con la propiedad, bajo el influjo del capitalismo, es posible que se produzcan distorsiones en la actividad cooperativa, por ejemplo que el “Socio” acumule excedentes que lo impulsen a explotar mano de obra ajena en condiciones bestiales. Este fenómeno se dio en las tradicionales cooperativas auríferas y se repite en las actuales cooperativas mineras cuyos miembros sub contratan a otras personas, incluso mujeres y niños, para sobreexplotarlos pagándoles sueldos miserables y sin beneficios sociales de ninguna naturaleza.
Los “socios” ostentan en las grandes ciudades bienes inmuebles y vehículos de lujo, llevan una vida regalada gastando fortunas en fiestas religiosas, etc., mientras “sus” trabajadores se rompen el lomo trabajando porque su paga depende de la cantidad de mineral que producen. Por otra parte, la forma en que se relacionan entre los “socios” es a través de acciones (un monto determinado de dinero) para resolver colectivamente algunas necesidades comunes, por ejemplo adquirir una planta concentradora de minerales, abrir vías de acceso a la región para sacar los minerales, comprar movilidades para transportar la producción a los mercados, etc. Estas acciones son consideradas inversiones que potenciarán la producción y las utilidades de los “socios”.
Las cooperativas mineras con trato preferencial
Su manera de producir y organizarse (nada tienen que ver con el proletariado minero) los ha convertido en un sector políticamente muy oportunista. Sirvieron por igual a los gobiernos dictatoriales como a los llamados “populistas”. Siempre han estado detrás de cuotas de poder para sacar rédito de su participación de los gobiernos de turno. En el actual han logrado ministerios y altos cargos en la administración central y, gracias a esta forma de penetrar al gobierno, han conseguido muchos beneficios.
En la actividad minera existen tres impuestos:
* Las regalías mineras (del 1 al 7 % sobre el valor de la producción y según el mineral)
* El impuesto a las utilidades de las empresas IUE del 25%
* La alícuota adicional al impuesto a las utilidades de las empresas, el 12,5%.
De estos impuestos, según el CEDIB, las cooperativas sólo pagan la regalías mineras y están exentas de los otros dos impuestos, pero pagan el canon de arrendamiento –no como impuesto- sino por la concesión minera que hace la COMIBOL en su favor (un miserable 1% sobre el valor de la producción neta).
Según datos de Boletín Estadístico de enero a junio del Ministerio de Minería, las cooperativas y los mineros chicos exportaron casi el mismo volumen de minerales que las empresas medianas y sólo pagaron el 18,9 millones de dólares, equivalente al 28,2% del total que aporta la actividad minera al Tesoro General de la Nación.
Los cooperativistas inflan artificialmente la cantidad de su afiliados con la finalidad de arrancar al Estado más prebendas; hasta 2007 decían que tenían 80 mil afiliados (ahora dicen que sobrepasaron los 150 mil) y sólo 23 mil tenían seguro de salud, estaban inscritos en las AFPs y participaban de otros beneficios. De ser correctos los datos que se manejan, más de 75% de sus afiliados (probablemente los que no son “socios”) están al margen de los beneficios que consagran las leyes sociales de este país, corroborando las condiciones infrahumanas en la que se explota a la gente en el sector.
Actualmente, tomando siempre los datos del CEDIB recabados del SERGEOTECMIN, los cooperativistas han logrado 514 contratos de arrendamiento, el 58% del total de los contratos mineros vigentes en el país. Este último dato nos conduce a la conclusión: más de la mitad de los yacimientos mineros existentes están en sus maños y los explotan de la manera más irresponsable y depredadora, envenenando el medio ambiente y acudiendo a los parajes que sólo les reportan grandes utilidades.
El conflicto actual de Colquiri no es otra cosa que el interés del sector cooperativo por invadir todos los sectores de la minería, sobre todo de la estatal, bajo la protección del gobierno que, hasta ahora, ha dado muchas señales de favorecer a este sector; no otra cosa significa la determinación de entregarles la totalidad de la veta Rosario.
El gobierno se encuentra entre la cruz y la espada; está obligado a definirse o por la nacionalización total de Colquiri, perdiendo el apoyo de los cooperativistas, o imponer la concesión de la veta en conflicto, frente al repudio de los mineros asalariados. Cualquier camino que tome tendrá graves consecuencias en sus ambiciones electoralistas.
* Dirigente de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba y del POR.
Nota publicada en bolpress.com