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Domingo 23 de septiembre 2012

La representación

Por: César Campos R.
La representación
Foto: Difusión

La Asociación Civil Transparencia tuvo a bien – hace pocos días – convocarnos a un grupo de periodistas y analistas políticos para comentar el plan de trabajo de la Comisión Especial de Fortalecimiento de la Función de Representación del Congreso, la misma que preside la parlamentaria de Perú Posible Carmen Omonte.

La tarea encomendada a ese núcleo de legisladores responde a un acuerdo del Consejo Directivo tomado el 06 de marzo último, con el propósito que señala su misma nominación: fortalecer el ejercicio representativo de padres y madres de la patria, uno de los atributos congresales junto al de legislar, controlar y asumir poderes constituyentes cuando se plantea reformar la Carta Política.

Saludamos el esfuerzo y buena fe de la comisión Omonte, la cual ya tiene una agenda de actividades que abarca diversas reformas legislativas, enmiendas a la propia organización y servicios parlamentarios, y la constitución de oficinas descentralizadas. Sin embargo, no somos pocos quienes abrazamos un profundo escepticismo respecto a la viabilidad de su empeño.

Las razones son simples y enumerables. Primero, porque la crisis de representación no es singular y se enmarca en un conjunto de deficiencias del sistema político peruano que la mayoría de congresistas se niega a corregir por ser tributaria de sus complejidades. Segundo porque se ajusta al marco de la Constitución de 1993 que subvaluó la representatividad en aras de concederle mayor pauta de acción al Poder Ejecutivo. Y tercero porque los parlamentarios – como sostiene Martín Tanaka – compiten con desventaja frente al omnímodo poder de los gobiernos regionales que solucionan (mal  que bien) los problemas directos de la ciudadanía. ¿Qué importan los carteros de la plaza Bolívar si los destinatarios de la región ya están enlazados en primera con los remitentes?

Pasa igual que con la tarea asignada a  una comisión parlamentaria que tiene el encargo procurar una reforma sustantiva de la ley de partidos políticos, creyendo que normas jurídicas de avanzada serán las responsables de sacar de su postración a esas organizaciones. Los partidos no están mal en sí mismos; es el “democratismo” (aumentar el espectro de participación civil en las decisiones públicas, convalidando a los llamados “Frente de defensa” que sólo niegan, destruyen y nunca proponen nada), la crisis del Estado (donde se reflejó siempre el clientelismo partidario) y diversos factores lo que los ha llevado al despeñadero. No hay posibilidad alguna de discutir estas verdades  de a kilómetro.

En esta crisis juega su rol, como no, las unidades geográficas representadas en el Parlamento. Cada vez los congresistas están más lejos de ubicar con precisión las voces ciudadanas que creen reflejar en las funciones del Legislativo y viceversa, el votante no sabe con certeza quién atiende sus necesidades. Con fe de carbonero, Jaime de Althaus, José Luis Sardón y otros, vienen promoviendo la constitución de la representación uninominal (no 30 ni 10 ni 5 parlamentarios por jurisdicción sino uno sólo por conglomerados más pequeños), punto que a estas alturas ya merece discutirse con enorme seriedad.

Me temo que la dimensión de problema todavía no es captado por muchos de quienes hacen política  en el país.  Y los que sí están persuadidos de la misma, optan por el silencio para evitar el extravío de sus ventajas personales. ¡Qué entrampamiento más deleznable!

Publicado en la columna Agenda Política (Diario Expreso)

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