[Vraem] Otro operativo impecable

Continuamos en la misma dinámica. La reciente encuesta de GfK registra un retroceso de 6 puntos en la aprobación de Ollanta Humala, que ahora se sitúa a nivel del 37%, el mismo que tenía antes del último cambio de gabinete ministerial. Nuevamente la mayor caída se produce en los sectores D y E, los más pobres (9 puntos), mientras que su mayor aprobación proviene de los sectores más pudientes. Está por ver si habrá cambios cuando nos acerquemos a las elecciones municipales.

Aparentemente los factores que han influido en la caída del respaldo presidencial son los mismos ya señalados en anteriores encuestas: dos terceras partes de los encuestados opinan que el presidente no cumple sus promesas, quienes están descontentos por la subida de los precios y por el crecimiento de la corrupción ascienden a la mitad, seguidos cercanamente por quienes consideran que el gobierno no combate la delincuencia y nombra a funcionarios equivocados. A esto se suma el descontento por el mal manejo de la conflictividad social, que ya no tiene tanto que ver con el proyecto Conga como con las prolongadas huelgas de los sectores salud y educación.

Un elemento de coyuntura que ha alcanzado una amplia resonancia y que, conjuntamente con la idea del cogobierno, puede ayudar a explicar la caída de 7 puntos en el respaldo de la esposa del presidente (que a pesar de todo sigue siendo alto, pues asciende a un 55%) es el bochornoso incidente del secuestro de dos niños de Ranrapata, (Santo Domingo de Acobamba, Junín). Estos fueron separados de sus padres por las fuerzas de seguridad para ser presentados como “pioneritos” rescatados de las garras de Sendero Luminoso y fueron recibidos al descender del avión que los trajo a Lima por Nadine Heredia y por la ministra de la mujer, Ana Jara. Se trató de un operativo publicitario para el que se convocó a periodistas de todos los medios y donde se tomaron muchas fotografías, buscando capitalizar los réditos políticos de una incursión militar aparentemente planificada para destruir “campamentos senderistas” que, a juzgar por los resultados, sólo existían en los informes de inteligencia. Para variar, el parlamentario nacionalista Freddy Otárola salió a hablar de un “operativo impecable”, copiando literalmente la frase utilizada por el presidente Humala luego del desastre de la “Operación Victoria”, en la selva del Cusco.

La situación se agravó luego, cuando se denunció la muerte de Sorayda Caso, hermana mayor de los niños secuestrados, una niña de 8 años asesinada de un balazo en la espalda, aparentemente cuando huía de la balacera desatada por las fuerzas combinadas de la policía y el ejército, y cuyo cadáver fue ocultado deliberadamente luego de su muerte.

No es la primera vez que sucede algo semejante. El periodista Raúl Wiener ha recordado que, luego del supuesto rescate de 11 niños del Vraem hace algunos meses, la ministra Jara terminó informando que serían devueltos a sus padres porque no eran los guerrilleros potenciales de los que se hablaba.
Es indignante el escaso respeto por los derechos de los niños secuestrados y de sus familias que estos operativos demuestran. Duele pensar en el nulo valor que se otorga a la vida de los peruanos que habitan las regiones rurales más alejadas, los “indios”, que, aparte de sufrir múltiples formas de exclusión, son ignorados en sus derechos más elementales. El hecho de que el poder judicial y el ministerio público anden con pies de plomo cuando se trata de investigar estas flagrantes violaciones de los derechos humanos y de sancionar a los responsables dice mucho de cuánto valora el Perú oficial la vida de nuestros compatriotas.
Merece mención aparte de la increíble insensibilidad mostrada por el arzobispo Juan Luis Cipriani, que, lejos de demandar una investigación de los hechos que terminaron con la muerte de la niña y mostrar la más elemental solidaridad con su familia, afirmó que las Fuerzas Armadas “merecen un voto de confianza” y sostuvo que “se está tratando de aprovechar esto para generar una polémica política”.

Se entiende por qué Cipriani ha prohibido ejercer su ministerio a un sacerdote de la calidad humana de Gastón Garatea. Y cuán lejos está la iglesia oficial del sufrimiento de aquellos cuyo clamor por justicia debiera escuchar (Con información del diario La República).