Jueves 25 de abril 2024 | Contáctenos
El Informe del Observatorio de Conflictos Socioambientales: Vigilante Amazonico, es presentado en el marco del proyecto “Mitigación de Conflictos y Desarrollo de la Amazonía”, que es implementado por Catholic Relief Services (CRS) y desarrollado en alianza con la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y CooperAcción - Acción Solidaria para el Desarrollo, y cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID-Perú).
Este primer informe semestral es una compilación de los conflictos sociales identificados por poblaciones indígenas Ashaninkas, Wampis, Awajun, Kichwa y Kechwa entre mayo y julio del 2012, en Bagua y Condorcanqui (Amazonas), Satipo (Junín), Lamas (San Martín) y Napo (Loreto).
La Amazonía continúa sufriendo por diversos impactos que resultan del el avance de diversos proyectos económicos, políticos y culturales, los cuales amenazan con producir transformaciones importantes a sus ecosistemas. Este contexto propicia situaciones de tensión. El Estado sigue impulsando el desarrollo sustentado principalmente en las industrias extractivas que ha llevado a reforzar las situaciones de conflicto entre las empresas privadas y las comunidades indígenas. Su respuesta sigue mostrando incoherencias, por un lado anuncia la apertura al diálogo con las comunidades expresado en la aprobación de la Ley de Consulta Previa y la creación de la Oficina de Diálogo Nacional y por el otro continúa usando a la fuerza para hace frente a los conflictos sociales.
El Vigilante Amazónico da a conocer la situación de cuatro regiones de la Amazonía, territorios ocupados por las comunidades indígenas Asháninkas, Wampis, Awajún, Kichwa y Kechwa. Este Primer Informe Semestral es una publicación de síntesis y análisis de los acontecimientos informados en los Reportes Mensuales, difundidos entre los meses de mayo y julio del presente año, a través de la página web www.vigilanteamazonico.pe
Un punto a favor para el Estado es la decisión de crear un Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), como respuesta a las exigencias y propuestas de la sociedad civil y las organizaciones indígenas para que exista mayor independencia y autonomía en las decisiones referidos al territorio; la mejora de la calidad de vida de la población y la construcción de reglas que promuevan el uso responsable y justo de los recursos de la Amazonía, así como fortalecer el sistema de fiscalización, control y sanción medio ambiental.
A continuación los detalles de los casos analizados por zona:
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN AMAZONAS-BAGUA: PUEBLOS AWAJUN Y WAMPIS
En la región Amazonas, tanto los derechos otorgados a la compañía minera Afrodita y otras empresas que obtuvieron concesiones en la frontera con Ecuador próximas a la Cordillera del Cóndor, como a la empresa petrolera Maurel et Prom, han suscitado escenarios de conflicto que están confrontando no solo a estas empresas con los pueblos Awajun y Wampis, sino también a estos últimos con el Estado peruano.
Según la Defensoría del Pueblo, este conflicto se registra desde diciembre del año 2008 y fue además uno de los temas de agenda de las protestas que derivaron en el lamentable Baguazo, registrado el año 2009.
La situación que desencadenó el clima de tensiones en los pueblos Awajun y Wampis fue el incumplimiento de acuerdos por parte del Estado referidos al establecimiento del Parque Nacional Ichigkat Muja, en la Cordillera del Cóndor, espacio de importancia biológica, cultural y política para el pueblo Awajun. El Estado se ha mantenido en la posición de promover y dar licencia a la actividad minera, concesionando en Condorcanqui un total de 139,627 hectáreas de las cuales 100,340 se encuentran en el ámbito de la Cordillera del Cóndor y una fracción importante con un total de 1,769 hectáreas superpuestas al Parque Nacional Ichgkat Muja. Asimismo, se ha otorgado licencia para la exploración minera en la cordillera del Cóndor, aun cuando existen diversos estudios del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) que determinaban la necesidad de declarar como intangibles algunas de sus zonas altas.
El pueblo Wampis se ha visto amenazado por la petrolera Maruel et Prom, pues en el lote 116 de 658,879.677 hectáreas se superpone a la Zona Reservada Santiago Comaina (en el 36.6% de su extensión) y a la Reserva Comunal Tuntanain (48.5 %). En Condorcanqui, el lote se superpone a un promedio de 90 comunidades nativas. En la provincia de Bagua, se superpone al territorio de un promedio de 12 comunidades tituladas sobre una extensión de 10,428 has. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en Bagua opera también el lote 145, el cual se extiende sobre la superficie de cuatro comunidades en un total de 13,685 ha superpuestas.
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN JUNIN-SATIPO: PUEBLO ASHANINKA
El pueblo Ashaninka con la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (CECONSEC) a la cabeza inició una serie de protestas a causa de la contaminación por efecto de actividades mineras, por la tala ilegal y por la demora en los procesos de ampliación y titulación en las comunidades indígenas en las provincias de Chanchamayo, Satipo y Oxapampa.
En el territorio Ashaninka se superponen los lotes 57 (REPSOL), 131 (CEPSA Perú S.A.), 108 (Pluspetrol), 58 (Petrobras Energía Perú S.A.), y 174 (Tecpetrol lote 174 S.A.C.). El desarrollo del lote 57 está integrado a las actividades que se realizan en los lotes: 56, 58 y 88 por lo que se ha empezado sobre este territorio un proceso de extensión de kilómetros de ductos y depósitos de almacén que con el desarrollo de sus actividades como construcción de carreteras, prácticas de deforestación, invasión de migrantes, etc., las mismas que representarán una amenaza ecológica y social.
Hay que tener en cuenta que en el ámbito de operaciones del lote 57 existen antecedentes de conflicto que involucran a la empresa REPSOL con otros pueblos originarios distintos a los Ashaninkas. El pueblo Kakinte, en cuyo territorio también se encuentra el referido lote, enfrenta conflictos internos y con la empresa REPSOL por causa de acuerdos establecidos entre la empresa y miembros de la comunidad, realizados en un contexto de poca transparencia, según refieren dirigentes del pueblo. REPSOL ha proyectado la ejecución de diez líneas sísmicas 2D de 430 km en total y de sísmica 3D que comprometen 236,022.69 ha, así como la perforación de 23 pozos exploratorios en Kinteroni, Mapi, y Mashira. Las operaciones afectarán la Reserva Comunal Ashaninka, así como la Reserva Comunal Matchiguenka.
Ø CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN LORETO-NAPO: PUEBLO KICHWA
Van más de dos años desde que las comunidades de la cuenca media y baja del río Napo vienen realizando reclamos y denuncias públicas por las constantes incursiones de dragas que extraen oro de manera ilegal del río Napo. En julio de este año, el Comité Multisectorial del Napo le dio a conocer al presidente Ollanta Humala el problema cuando hizo una visita a la zona para inaugurar el Sistema de Atención Móvil de Urgencia Fluvial (SAMU Fluvial). Sin embargo, hasta el momento no se ha generado ningún compromiso efectivo por dar solución a la problemática socioambiental de la zona.
El Estado ha otorgado en el mes de junio el derecho de superficie de áreas en la provincia de Maynas, que se encuentran bajo titularidad de la empresa Perenco. En esta zona, la empresa podrá instalar un campamento de construcción y realizar operaciones en plataformas de perforación, hasta el 2031. La petrolera Perenco pretende realizar el transporte de diluyente y de crudo diluido en barcazas a través de los ríos Curaray, Napo, Amazonas y Marañón.
Las federaciones indígenas Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo, Curaray y Arabela (FECONAMNCUA) y la Organización Kichwaruna Wangurina del Alto Napo (ORKIWAN) ya han hecho pública su preocupación y disconformidad con las acciones de las empresas que afectarían sus territorios. Sobre todo, han puesto énfasis en el desconocimiento de los planes de responsabilidad para con la población, a pesar de estar en la zona desde hace varios años. Están preocupadas porque no existe información local sobre los impactos que producirá el movimiento constante de crudo.
A esta prioridad que el Estado da a los derechos concedidos a empresas extractivas, se le agrega el poco interés por atender y asegurar legalmente los territorios de las comunidades de la cuenca del Napo. El último pronunciamiento de FECONAMNCUA y ORKIWAN hacen público el reclamo por la desprotección legal de los territorios, solicitando la titulación de comunidades. De hecho, los pueblos indígenas y mestizos del distrito del Napo, tienen apenas titulado un total de 133,357.083 ha, la cual representa poco menos del 6% de su extensión total (2´429,811 ha).
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN SAN MARTIN - LAMAS: PUEBLO KECHWA
El pueblo Kechwa de la región San Martín experimenta un estado de alerta constante en relación a la conformación del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE), ya que hasta el momento, y a lo largo de todo el proceso de creación de la ACR, los pobladores han visto restringido su acceso a zonas importantes para su subsistencia. Si bien el proceso mismo de constitución de la ACR-CE respondió en su momento a una demanda de la sociedad civil y del Gobierno Regional de San Martín por proteger esta zona de la posible exploración o explotación petrolera, esta conformación ha desatado una serie de complejas nuevas relaciones de antagonismo entre el gobierno regional, representado por la Autoridad Regional Ambiental (ARA) y las federaciones Kechwas de San Martín, quienes desean formar parte de la gestión de la ACR-CE y participar en la actualización del Plan Maestro 2012.
Sin embargo, y pese a que el Tribunal Constitucional emitió en octubre de 2009 la sentencia que suspendía la exploración y explotación petrolera del lote 103 hasta que no se actualice el Plan Maestro, el Comité de Gestión encargado de elaborar este Plan no cuenta, hasta la fecha, con la participación de las organizaciones indígenas.
Es necesario que el Estado haga un balance del modelo de desarrollo que enmarca sus políticas públicas, ello sobre la base de los conflictos socioambientales y los impactos y transformaciones que suceden actualmente en la Amazonía. El Estado debe continuar con el avance del desarrollo de su agenda ambiental, la cual derive en políticas ambientales fortalecidas. De ese modo, impulsar e implementar de manera participativa diversas herramientas importantes para promover un uso racional del territorio amazónico, por ejemplo la Ley de Ordenamiento Territorial y Evaluaciones Ambientales Estratégicas.
El Estado debe continuar con la implementación de los procesos de consulta como una herramienta que se complemente con los otros puntos. Complementariamente, sería importante que el Gobierno desarrolle políticas de prevención y gestión de conflictos en el ámbito ambiental y social, principalmente para fortalecer la relación con las organizaciones y las comunidades indígenas, que permita evitar tensiones sociales y transformar las causas de conflictos.
Es importante que el Estado construya mecanismos de información transparente, intercultural y efectiva que permitan tener un panorama claro de las actividades extractivas.
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