En su sección consagrada a América Latina, la revista The Economist dedicó algunas líneas al intento senderista de convertirse en partido. Still mouldering es el título: “Todavía arde sin llama”.
Los textos de la revista londinense no llevan firma, pero el autor de esa nota se identifica como “vuestro corresponsal”. Señala él que se entrevistó con Elena Iparraguirre, esposa de Abimael Guzmán y segunda en la jerarquía de Sendero Luminoso, en la cárcel, donde la conversación fue autorizada por un comité de otras cinco prisioneras senderistas. Debido a la entrevista, Iparraguirre fue trasladada de la Cárcel de Chorrillos al centro de reclusión “Virgen de Fátima”, también en Chorrillos.
Dice el periodista que la señora Iparraguirre sostuvo en el diálogo que no ha cambiado de opinión, aunque aceptó que Sendero Luminoso fue derrotado militarmente.
“Tanto ella como Abimael Guzmán, quien tiene 77 años de edad, están cumpliendo una sentencia de cadena perpetua, y no serán liberados”, anota el periodista.
Informa el corresponsal que un grupo armado disidente de Sendero opera aún en un rincón de la Amazonía peruana, en los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), y ha matado una docena de soldados y Policías en lo que va del año.
Alfredo Crespo, abogado de Guzmán y de Iparraguirre, “desautoriza a esta facción, llamándoles traidores por desobedecer el llamado de Guzmán para abandonar la lucha armada en favor de la acción política pacífica”, explica el cronista.
Lo que no dice el periodista inglés es que ese grupo, comandado por los hermanos Quispe califica de genocida, revisionista y traidor al “Presidente Gonzalo”. Omite también que ese sector mantiene nexos con el narcotráfico. Esa complicidad con el más sucio de los negocios data, por lo demás, de la época en que Guzmán dirigía a Sendero.
Refiriéndose a los esfuerzos del “Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales” (Movadef), brazo político de Sendero, observa el corresponsal que “la gran mayoría de los peruanos cree que el país no puede dar al Movadef el beneficio de la duda. El gobierno del Presidente Ollanta Humala envió el mes pasado un proyecto de ley, basado en la legislación alemana, que tipifica como crimen que alguien “apruebe, justifique, niegue o minimice” los crímenes de terrorismo.
Se refiere aquí a la llamada ley de negacionismo, inspirada, en efecto, en la legislación alemana que apunta contra los rebrotes del nazismo.
Diversos países han aplicado leyes semejantes, pero en algunos casos han servido para reprimir opiniones independientes y progresistas.
El periodista inglés informa asimismo sobre la ley que prohíbe que maestros condenados por terrorismo, o que promuevan el terrorismo, sigan ejerciendo en las escuelas públicas.
Columna del director del diario La Primera - 27 de setiembre de 2012.