Papelón fujimorista

Hace pocas semanas el país vio sorprendido cómo en Costa Rica los procuradores del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia, sustentaban posiciones encontradas en la sentencia de la sala penal de la Corte Suprema que rebajaba la pena al Grupo Colina.

El incidente nos dejó muy mal parados puesto que la sala presidida por Javier Villa Stein ponía en duda todas las sentencias por crímenes de lesa humanidad. Para empezar el calificativo corresponde a los hechos de La Cantuta y Barrios Altos. Por ellos fue condenado como autor mediato Alberto Fujimori, objetivo real de la movida.

Al día siguiente del veredicto, salió libre uno de los Colina. El desconcierto en el gobierno resultó evidente pues la responsabilidad de presentar las posiciones ante la Corte Interamericana de derechos humanos le corresponde al Ejecutivo. Felizmente que la decisión al más alto nivel de plantear un recurso de amparo, activó los mecanismos legales para corregir el error.

La Corte de San José con criterio claro y firme, establece que el fallo que rebaja la pena de los homicidas no es compatible con los convenios internacionales suscritos por el Perú. Tampoco con las sentencias que condenaron al grupo por crímenes contra la población civil, como parte de una política selectiva pero sistemática de represión.

Los propios fiscales recordaron que ellos acusaron por lesa humanidad a los militares involucrados, con lo que desmintieron tajantemente los argumentos del magistrado revocador. El alto tribunal internacional espera ahora que los procedimientos internos estén en consonancia con los compromisos del estado peruano. Esto es que proceda el amparo o que la Suprema se rectifique y se corrija el desatino.

Los autores del despropósito, desenmascarados, protestan en clave nacionalista. Hablan de soberanía avasallada y seguro que van a proponer que nos retiremos de la Convención Interamericana de derechos humanos. Volvemos a escuchar el típico discurso Fujimorista.

El partido del condenado cree que lo único que se internacionaliza es el dinero y no las leyes que protegen los derechos fundamentales de las personas. Esta especie de odriísmo posmoderno que reduce su liberalismo al mercado, jamás ha entendido que el mundo vive el tiempo de los derechos y que la Constitución se basa en la Declaración Universal de las Naciones Unidas.

Más grave aún, suponen que su limitada identificación de la modernidad con el capitalismo sin freno y sin derechos sociales, se traduce en una política autoritaria que de ser el caso, puede imponerse al margen de la ley. Una discreta actuación parlamentaria no oculta que siguen fieles a sus señas de identidad. Defienden el asalto a la democracia de 1992, el saqueo inmisericorde del erario público y a sus esbirros.

Esta vez la sociedad entendió la carga de fondo de la jugada de Villa Stein, pero mientras el Fujimorismo no condene sus delitos, maniobrará para blanquear sus crímenes.

Publicado el 27 de setiembre de 2012 en el diario La Primera.