Nada trascendente ha dicho la CIDH

No existe razón alguna que explique el júbilo con que varios medios de comunicación social y sectores políticos de posiciones radicales han mostrado frente a la sentencia expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con fecha 7 del presente mes. Están muy lejos de la verdad esas versiones según las cuales dicho tribunal internacional habría dispuesto la nulidad del fallo emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Perú en el denominado caso Barrios Altos. Tampoco, obviamente, ha ordenado la realización de un nuevo juicio. Por tales motivos, la reacción de otros sectores del periodismo nacional y también de significativas áreas de la opinión pública, condenando la resolución de la Corte de San José y protestando por ella, es igualmente exagerada.

En definitiva, la Corte que funciona en la ciudad de San José de Costa Rica no ha resuelto nada con carácter firme y definitivo respecto de la tan vapuleada sentencia emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el doctor Javier Villa Stein. El fallo de la Corte Interamericana dice textualmente: “Que el Estado del Perú debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento, señalados en el punto declarativo segundo de esta Resolución, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Y, específicamente con respecto a ese tema, ha expresado la Corte de San José de Costa Rica que el Perú debe atender a “los avances en la incorporación de la figura jurídica que resulte más conveniente para tipificar el delito de ejecuciones extrajudiciales”.

Como puede apreciarse, la Corte no ingresa a calificar como de “lesa humanidad” esas infracciones, aunque en la parte considerativa desarrolla un estudio histórico jurídico interesante sobre el punto. Se limita, pues, a recomendar al Estado peruano que adopte las medidas necesarias para lograr ese objetivo. Se percibe la prudencia con que los jueces internacionales han considerado el asunto, absteniéndose por completo de ingresar a posiciones categóricas que pudieran entenderse como actos de imposición.

He leído cuidadosamente el extenso documento producido por la Corte Interamericana. En otros puntos dispone que el Estado Peruano cumpla con las reparaciones a favor de víctimas del terrorismo ordenadas por dicha Corte y que todavía no han sido efectivizadas. Ahí sí que se aprecia una decisión mandatoria que el Perú deberá acatar y cumplir.

Mientras tanto, la sentencia expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Perú permanece incólume. Ni el alborozo del doctor César San Martín, quien ha anunciado que el fallo de San José tendrá que cumplirse “aunque no nos guste”, ni el comentario pesimista del doctor Javier Villa Stein tienen tampoco cabida, puesto que la Corte de San José ha hablado pero no ha dicho nada comprometedor ni decisorio.

Lo que ha ocurrido en el periodismo peruano con el fallo de Costa Rica me recuerda a una frase del célebre humorista español Enrique Jardiel Poncela quien, acaso con alguna exageración, dijo del Quijote: “Esa novela de la que todo el mundo habla, pero que nadie ha leído”. Puedo decir de la sentencia expedida en la capital “Tica”: “Ese fallo del que todos los periodistas hablan, pero que pocos o ninguno han leído”.

Publicado el 29 de setiembre de 2012 en el diario La Razón.