Honduras, Paraguay, ¿Bolivia?

De buena nos libramos en 2008 cuando, gracias a la solidaridad de la recién fundada Unasur, entonces presidida por la presidenta de Chile Michelle Bachelet, se logró neutralizar un creciente intento de golpe. Ella y el mandatario Lula de Brasil organizaron de inmediato una reunión de presidentes de Unasur que apoyaron decididamente al gobierno constitucional de Evo. Con ello, y el igualmente firme apoyo de la delegación boliviana de Naciones Unidas, presidida por Yoriko Yasukawa (que pronto concluirá su fructífero periodo entre nosotros) se consolidó nuestro gobierno constitucional, que persiste hasta ahora.

El año siguiente, en junio 2009, Honduras sufrió otro golpe, orquestado por las derechas locales y sus fuerzas armadas, con una clara participación de EEUU, que allí tiene gran presencia militar. Lograron así bloquear las medidas que el depuesto mandatario Zelaya estaba haciendo para acercar Honduras a los países del Alba. Estando en Centroamérica, ya no podían apelar a la Unasur sino sólo a la OEA que, pese a haber retirado al gobierno golpista en su organización, no pudo restituir al presidente depuesto. Poco a poco, mediante unas cuestionadas elecciones y concesiones como el retorno condicionado de Zelaya a su tierra, los países han ido reconociendo al nuevo régimen.

Éste se ha reorientado sin tapujos a un proceso de privatización masiva, que afecta sobre todo a la tierra y a los recursos naturales, facilitando su acaparamiento por parte de los ricos a costa de los pequeños campesinos. En estos dos años Honduras se está convirtiendo en el país más inseguro e impune de Centroamérica, que ya tanta violencia había sufrido en países vecinos como Nicaragua, Guatemala y El Salvador.

Este proceso incluye de manera sistemática la persecución y asesinato de víctimas bien seleccionadas. Últimamente se ha victimado a dirigentes campesinos en la región de Bajo Aguán (departamento de Colón, al norte del país); y, apenas hace una semana, a dos abogados de derechos humanos, Antonio Trejo y Eduardo Díaz. El primero defendía con vigor, entre otros temas espinosos, el derecho de aquellos campesinos a sus viejas tierras, ahora utilizadas por el hombre más rico de Honduras (Miguel Facussé) a producir palma africana para biocombustibles. Unos desconocidos acribillaron su cuerpo a balazos cuando salía de una boda la noche del sábado 22 de septiembre. Sólo horas después de ese asesinato, en Choluteca (al sur del país), se baleó y asesinó a Eduardo Díaz, otro comprometido fiscal de derechos humanos. La política comunicativa oficial e incluso internacional apunta a convencer a la opinión pública de que “en el país no pasa nada”...

Más cerca de nosotros, en junio de este año, el Paraguay ejecutó con éxito un golpe de estado disfrazado de resolución parlamentaria, que en un santiamén derrocó al innovador presidente Fernando Lugo. Esta vez Unasur protestó pero sin lograr nada. Es decir, la coyuntura se va haciendo menos favorable.

Volviendo a Bolivia, lo lamentable sería que nuestro gobierno, que en 2008 se salvó de algo así, se fuera torciendo más y más él mismo hacia el modelo neoliberal de siempre, sin necesidad de golpe, frustrando todo aquello por lo que tanto hemos soñado y luchado. Hay ya indicios de ello, por ejemplo, en el TIPNIS. Pero todavía hay tiempo para que no lleguemos a ello.

* Xavier Albó es antropólogo, lingüista y Jesuita.

Nota publicada en bolpress