300 comunidades amazónicas serían afectadas

Dos informes han puesto en cuestión la vulneración de derechos de las poblaciones indígenas en el Perú, el Informe Alternativo 2012 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y el Informe Semestral del Observatorio de Conflictos Socioambientales Amazónicos- Vigilante Amazónico, los informes señalan que la amazonía continúa sufriendo el avance de diversos proyectos mineros, hidroeléctricos y de hidrocarburos que son una amenaza latente para las poblaciones por la afectación de territorios ancestrales, fuente de subsistencia, identidad espiritual y cultural de los pueblos indígenas de la amazonía.

Ante el panorama de desarrollo esencialmente extractivista  del Estado, las comunidades plantean un derecho autónomo, la capacidad de decidir su visión de desarrollo. “Esta visión está muy ligada al territorio porque les ofrece seguridad alimentaria y también es un espacio tradicional y sagrado”, anota el antropólogo Miguel Valderrama de Cooperacción.

Según el reporte Vigilante Amazónico, de los conflictos localizados en territorio de las comunidades indígenas: Asháninkas, Wampis, Awajún, Kichwa y Kechwa, en las cuatro zonas monitoreadas -Bagua y Condorcanqui (Amazonas), Satipo (Junín), Lamas (San Martín) y Napo (Loreto)- ninguno ha recibido la atención de la Oficina de Prevención de Conflictos de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM).  Valderrama dice que la única vez que el Estado mostró un acercamiento a las comunidades amazónicas fue el 2009, tras los lamentables sucesos de Bagua.

300 comunidades amazónicas serían afectadas

Según el Informe Vigilante Amazónico cerca de 300 comunidades amazónicas serán afectadas por las concesiones de lotes petroleros o zonas de explotación minera. En Satipo, Junín, 123 comunidades ashánikas serán afectadas por las concesiones de los Lotes 57 y 108. Además, el lote 57 se superpone a la Reserva Comunal Asháninka. En Lamas, San Martín, 23 comunidades kechwas se ven amenazadas por el Lote 103 de la minera Talisman.

En Amazonas hay un total de 571 concesiones mineras, en la Cordillera del Cóndor hay 122 concesiones que juntas hacen un total de 100 340 hectáreas. Además hay dos concesiones de hidrocarburos en actividad el Lote 116 otorgado a Maurel et Prom y el Lote 145 de Olympic Peru INC. Los dos lotes se superponen al territorio de16 comunidades nativas de las 75 que residen en Bagua. En el caso de la provincia de Condorcanqui, el lote 116 ha ocupado el territorio de 90 comunidades nativas.

En Loreto, los lotes 67, 39, 129, 123, 122 y 117 ocupan 5 346 801 hectáreas del territorio. El lote 39 de Repsol, el 1AB de Pluspetrol y el 67 de Perenco se superponen a partes de la Reserva Nacional Pucacuro.  En el caso del lote 67 otorgado a Perenco hay cuatro comunidades nativas en aislamiento voluntario que se verían perjudicadas por la presencia de trabajadores de la empresa extractiva.

Contaminación de ríos

Importantes reservas de agua se verían afectadas por la concesión indiscriminada de lotes en la Amazonía. Por ejemplo, el lote 116 se superpone a la zona reservada Santiago Comaina, en Amazonas. Además se superpone a las cuencas  de importantes ríos como Santiago, Marañón y Cenepa. Tres fuentes de agua para las comunidades que viven en la rivera. En Loreto, el lote 39, 123 y 117 se superponen al recorrido del río Napo. El lote 103 que se superpone al área de Cordillera Escalera que se superpone a importantes cabeceras de cuenca en Lamas, Tarapoto.

Ley de Consulta

“El Estado no está encarando superposición de lotes petroleros sobre el territorio de las comunidades. En Amazonas, la comisión de Pueblos Andinos del Congreso ha hecho un peritaje al caso de la Cordillera del Cóndor donde hay 122 concesiones mineras”, dice Valderrama. Y la promoción y licitación de lotes de hidrocarburos deben ir acompañados de procesos de consulta.

“Hay que tener en cuenta que la Ley de Consulta no se aplica en la concesión de los lotes promocionados por el Estado. La concesión es un mandato del Estado y la decisión de la ejecución de un proyecto minero o petrolero no la tienen las comunidades. El Estado pregunta si quieren que se inicie la explotación y expone las propuestas de la empresa. Pero no consulta a las comunidades si quieren desarrollo con una industria extractiva. Eso dice la ley, pero ya dependerá del gobierno y de sus políticas llevar  a cabo un verdadero proceso de consulta”, anota Valderrama.

Al respecto dice Miguel Lévano, Coordinador Proyecto “Mitigación de Conflictos y Desarrollo de la Amazonía” que “el Estado debe continuar con el desarrollo de su agenda ambiental, la cual derive en políticas ambientales fortalecidas, que consideren instrumentos como la Ley de Ordenamiento Territorial y  Evaluaciones Ambientales Estratégicas. Es necesario un balance del modelo de desarrollo que enmarca las políticas públicas, ello sobre la base de los conflictos socioambientales, sus impactos y amenazas en la Amazonía”.

“Las organizaciones están abiertas a que se empiece el proceso de consulta previa, libre, con autonomía y de manera informada. El siguiente paso lo debe dar el Estado. Si quieren concesionar territorio debería ser el Estado el interesado en hacer las consulta”, agrega Valderrama.