El petróleo y la economía

Venezuela va a cambiar de rumbo político y económico, lo exigen los ciudadanos y lo requerimos para evitar quedarnos atrás en el contexto de los avances de las grandes y medianas economías de América Latina. El petróleo es nuestra ventaja económica, pero también ha desestimulado la voluntad de llevar a cabo cambios en la forma de gobernar. La interacción entre el deterioro institucional, los altos ingresos petroleros y el aumento de las actividades rentistas juegan un papel importante en Venezuela a partir de la década de los años setenta. Es difícil no coincidir con la percepción general que indica que ahora como antes, los avances socioeconómicos provenientes del uso de la riqueza petrolera no han llegado ni en intensidad ni en cobertura a grandes segmentos sociales, de una forma tal que hayan abordado las causas de fondo de la pobreza y del atraso económico del país. Algunas mejoras lograron avances en satisfacer necesidades básicas de segmentos de la población, pero no llegaron a transformar el medio socioeconómico que genera las condiciones de marginalidad y pobreza.

La vasta proporción de los ingresos petroleros usados en programas de inversión en empresas públicas o en créditos preferenciales al sector privado a lo largo de varias décadas, tampoco produjeron los resultados esperados en cuanto a diversificación de la base productiva y exportadora de la economía y dejaron pesadas deudas a la nación. Chávez elevó la deuda pública a niveles astronómicos sobre los $215.000 millones en casi 14 años, unas 7 veces el nivel de deuda del sector público en 1998, a pesar de tener un precio del petróleo casi 10 veces más alto que en 1998. Venezuela ha dependido de un recurso natural en forma significativa durante casi 90 años -tanto en sus cuentas externas como en las fiscales- y hasta el presente sus gobiernos no han sido capaces de disminuir esta dependencia del petróleo y ampliar la base económica del país, lo cual es necesario para generar empleos y reducir la pobreza. Tampoco han podido elevar la tasa de crecimiento económico a niveles altos y sostenibles después de 1978, ni controlar la espiral de inflación-déficit fiscal-devaluación que emergió a principios de los años ochenta. Van a ser 35 años de desequilibrios económicos, es hora ya que la política le dé prioridad a ordenar la economía.