Viernes 26 de abril 2024 | Contáctenos
Tras una semana de intenso debate público, ha quedado claro que un probable indulto al ex presidente de la república Alberto Fujimori se justifica y es viable por razones jurídicas y humanitarias.
En el plano jurídico, el presidente de la Corte Suprema, César San Martín, ha señalado que nada le impide al presidente Ollanta Humala otorgarle la gracia a su antecesor porque la Constitución lo faculta. Ha señalado además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tampoco puede oponerse.
De la misma opinión es el Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, el defensor de la legalidad según la Constitución.
El jurista Javier Valle Riestra, quien introdujera en el Perú la jurisdicción internacional de derechos humanos, ha aclarado que ésta es compatible con el indulto y que el presidente es libre de otorgar dicha gracia sin restricciones.
La Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su Artículo 4, establece que hasta los condenados a muerte tienen derecho a solicitar “la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos”.
En el plano humanitario, los hechos hablan por sí mismos. Alberto Fujimori tiene 74 años, padece depresión crónica y de un cáncer que rebrota de manera cada vez más recurrente y que le ha hecho perder más de 20 kilos.
El diagnóstico no es de su médico personal, ni de sus partidarios, sino de los especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).
Los médicos del INEN han tenido que operar cinco veces a Fujimori, tres por presencia de tumores malignos en la lengua.
Hay además precedentes de presos que han sido indultados o se les conmutó la pena por razones humanitarias, como Gerardo Saravia, ex convicto por terrorismo y actual funcionario del IDL, que fue liberado por el ex ministro de Justicia Diego García Sayán sin estar moribundo, por padecer de diabetes.
Quienes odian al ex presidente alegan que de ninguna manera puede ser perdonado porque fue condenado por lesa humanidad. Falso, fue condenado como “autor mediato” de “homicidio calificado y secuestro agravado”.
El Estatuto de Roma, que instituye el tipo de lesa humanidad y rige en el Perú desde el 2002, dice en su Art. 24 que “Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor”. Y los hechos imputados a Fujimori ocurrieron en 1991-1992.
Fujimori ni siquiera debió ser acusado de haber aplicado una política de exterminio en la lucha contra el terrorismo, como sostiene Sendero Luminoso.
La realidad desmiente a Sendero: En el gobierno de Fujimori más de 5000 terroristas arrepentidos fueron perdonados, y otros 4000 recalcitrantes fueron juzgados y sentenciados. Todos juntos son la prueba de la inocencia de Fujimori.
El indulto, en consecuencia, se justifica en el caso de Fujimori, por su salud, porque la ley lo permite, y porque además sería un acto de justicia con un hombre que fue condenado sin pruebas por un tribunal parcializado y politizado. Si se le niega será por un frío cálculo político.
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