Billy Crisanto Seminario, autor de estas líneas
Quienes reducen el indulto a Fujimori a un acto humanitario, olvidan (inconsciente o deliberadamente) las repercusiones sociales y políticas de este hecho. Incluso en el plano legal su argumentación no es tan sólida como algunos piensan. Asumiendo que el indulto humanitario proceda, de confirmarse que el sentenciado sufre de una enfermedad terminal o degenerativa, su concesión lleva consigo un carácter discriminatorio respecto a los cientos de reclusos que sufren la misma condición. Lo que trato de explicar es que, al no existir leyes con nombre propio, lo justo y moral sería que la gracia presidencial favorezca a todos los reos que se están muriendo en las cárceles peruanas.
Blandir el argumento de que su caso es diferente, pues se trata de un ex jefe de Estado, es hacer añicos el principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley. Es más, por sentido común, el alto cargo ejercido por Fujimori le confiere mayor responsabilidad que cualquier ciudadano de a pie, por lo tanto la pena debería ser más drástica. En este sentido plantear el caso de manera prioritaria (léase preferencial) es aceptar que en el Perú es necesario tener el suficiente poder político (o económico) para lograr que se cumplan las leyes.
El caso del dictador Pinochet puede ayudarnos a entender el de Fujimori. La detención de autócrata chileno en Inglaterra – mérito del juez español Baltasar Garzón - propinó un golpe demoledor a su movimiento político. La imagen del dictador liberado por consideración a su edad (léase compasión), prácticamente lo sacó del escenario político hasta su muerte sin pena ni gloria. Se confirmó en el imaginario popular chileno la idea de que, en los dictadores, la cobardía aflora cuando no se tiene el respaldo de las armas. Patético contraste con su antecesor Salvador Allende - depuesto por su entonces ministro (el propio Pinochet) - y su decisión de morir combatiendo, antes que entregarse a los golpistas.
La comparación cobra sentido en cuanto permite extraer lecciones acerca de la innegable superioridad cívica de los ciudadanos del país del sur. Sino como explicar que el fujimorismo sea la segunda fuerza electoral en el Perú. Incluso con su padre sentenciado por los más graves delitos, su hija Keiko disputó la segunda vuelta con el actual presidente Humala. En mi modesta opinión, fenómenos como el asistencialismo y el culto a la personalidad del gobernante tienen rédito político en poblaciones con un bajo nivel educativo como la nuestra. En este contexto no es exagerado afirmar que, al menos en el plano político, nuestra situación durante el fujimorato nos acercaba al concepto de una “república bananera” (*).
Volviendo al indulto a Fujimori, resaltando lo injusto y discriminatorio de su naturaleza (¿por qué a él sí, y a otros no?), se podría presentar como una enseñanza moral para el país. Primero porque, a diferencia de la amnistía, el indulto no borra la culpa ni la pena, que permanece como un estigma para quien lo recibe. Segundo porque ha sido concedido por pedido expreso de su familia y de él mismo, lo cual evidencia su falta de coraje para afrontar una circunstancia difícil en su vida. Visto en perspectiva, y en un plano estrictamente político, el que Fujimori acabe sus días en prisión, favorecería mucho más a su movimiento y a sus seguidores.
En sentido contrario, el indulto, de ser publicitado como una acción, más humanitaria que política, puede hacer subir los bonos del presidente Ollanta Humala. Sin embargo, considerando que el indultado es un ex presidente, y el indulgente es el actual presidente, las implicancias políticas de dicho indulto son más que evidentes. Eso no significa que deber ser producto de un pacto o negociación bajo la mesa. Lo más ejemplarizador sería que la ciudadanía contemple la imagen de deterioro moral del propio Fujimori. La gente debe recordar que el otrora todopoderoso socio de Montesinos, hoy se ha convertido en un sujeto, sólo digno de humana clemencia, y que este es el destino que espera a todos los tiranos.
República bananera (*). Término peyorativo para un país considerado como políticamente inestable, empobrecido y atrasado, con una economía que depende de unos pocos productos de escaso valor agregado (simbolizados por las bananas). Gobernado por una dictadura, cuyo principal objetivo es neutralizar la conciencia democrática de la población mediante la corrupción o el terror.