Representantes de la Iglesia pretenden influir en las políticas de salud reproductiva

Representantes de Catolicas por el derecho a decidir

“La jerarquía católica no debe intervenir en políticas de Estado, no puede utilizar el púlpito para hablar de política, cuando de eso se tienen que encargar nuestras autoridades elegidas en procesos electorales, señala Kelly Cieza de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).

Cieza dice que nuestras autoridades tienen que gobernar en base a los derechos, no en base a creencias religiosas, las que deben de quedar en la esfera íntima de cada persona, y que es necesario que los gobernantes lo tengan claro, y sepan diferenciar la política de la fe. El Estado tiene que responder a las demandas de todos los peruanos más allá de los credos de cada persona. Ese es un Estado laico, agrega  Cieza de CDD-Perú.

Han sido innumerables las veces que la jerarquía de la Iglesia ha opinado sobre las políticas de salud reproductiva. El 2010, durante el gobierno de Alan García y en medio del debate sobre la distribución gratuita de la pastilla del día siguiente en los establecimientos de salud, el Arzobispo de Lima arremetió contra el Ministro de Salud, diciendo que “una persona que se dedica a distribuir pastillas para matar a los embriones, no debe ser un ministro de salud”. Sobre el método anticonceptivo dijo: “Es una pastilla que tiene enorme indicios de que tiene efectos abortivos”. Durante la campaña electoral del 2011, marcó la agenda de los candidatos. En setiembre del 2011, cuando Aída García Naranjo era la Ministra de la Mujer, el cardenal dijo: “Espero que la ministra de la Mujer defienda la vida”, dijo.
 
Al respecto, Claudia Díaz responsable de incidencia de CDD Perú señala que “un Estado laico respeta la libertad de conciencia y el derecho a decidir de todas las personas sin ningún tipo de discriminación. El derecho a la salud y a la libertad están reconocidos en nuestras normas nacionales e internacionales, así como los derechos reproductivos”.
 
Las autoridades deben responder a las demandas de la población que los elige. Pero esto no es así y se genera una brecha entre las políticas y las demandas de la población. La mayoría de la población discrepa con sus opiniones. En una encuesta hecha por Ipsos Apoyo en Lima, en el 2011, el 61% de personas consideraba que se debe permitir el aborto en caso de violación sexual mientras que el 51% estaba en contra de la intromisión de la Iglesia en las políticas de salud. Asimismo, en el 2010, la Universidad de Lima reportó que el 57% de personas de Lima están a favor del aborto por violación.
 
Las estadísticas son escalofriantes: más de 370 mil abortos clandestinos se realizan  en el país cada año (Delicia Ferrando, 2006). Es decir, más de mil abortos cada día. De estos, el 70% corresponde a mujeres de 14 a 29 años. 7 de cada 10 mujeres que han sido violadas son mayores de 14 años y un gran grupo está en edad reproductiva.  Muchas de estas mujeres deciden abortar en establecimientos clandestinos sin las  mínimas condiciones asépticas provocándoles serios daños  físicos.
 
Católicas por el Derecho a Decidir –Perú es una de las organizaciones que viene impulsando la despenalización del aborto sólo en casos de violación sexual, por ello viene promoviendo la reflexión sobre el estigma y la condena moral a las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos producto de una violación sexual, mediante la campaña “Y tú, ¿condenarías a Mariana?”.
 
Mayor información: https://www.facebook.com/CondenariasaMariana