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Sábado 13 de octubre 2012

El faenón de los indultos y el caso Abadía

Por: Víctor Robles Sosa
El faenón de los indultos y el caso Abadía
Foto: victorrobles.wordpress.com

La izquierda no tiene autoridad moral para oponerse por razones éticas a un indulto a favor del expresidente Alberto Fujimori, porque manejó de manera corrupta esa gracia durante el gobierno provisional de Valentín Paniagua.

En el 2001, el actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Diego García Sayán, entregó la Comisión de Indulto, Derecho de Gracia y Conmutación de Pena del Ministerio de Justicia a directivos de ONG de izquierda patrocinadores legales de presos por terrorismo.

Es decir, los abogados de terroristas se convirtieron de un día para otro en los funcionarios encargados de recomendar los indultos para sentenciados por terrorismo. Y como era predecible, recomendaron a sus patrocinados.

Aquella comisión dudosa la presidió Javier Ciurlizza (el de los tratos secretos con Abimael Guzmán) y la integraron Ernesto de la Jara y Amado Enco Tirado, del IDL, e Iván Bazán Chacón, de Fedepaz.

Este caso de corrupción lo denuncié hace seis años desde el diario Expreso, con documentos probatorios. La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar, pero luego le “echó tierra” encima por presiones políticas.

Por ejemplo, María Domitila Montenegro, terrorista patrocinada por el IDL desde 1998, salió en libertad gracias al indulto que le fue concedido el 29 de enero del 2001, cuando De la Jara y Enco integraban la Comisión de Indulto.

Otro cliente del IDL, la convicta por terrorismo Santa Catalina Vega Lucas, también salió en libertad indultada en el 2001. Su abogado fue el entonces funcionario de esa ONG, Ronald Gamarra.
Juan Gutiérrez Pérez, también sentenciado por terrorismo y patrocinado legalmente en 1994 por Iván Bazán, fue indultado al parecer de la misma manera.

En su defensa, las ONG afirman que los indultos que recomendaron desde el Minjus ya habían sido aprobados por la comisión que presidió el padre Hubert Lanssier. Esto es una verdad a medias, que es peor que una mentira.

La comisión Lanssier archivó esos casos porque la Dircote le reportó que las personas que pedían ser indultadas eran terroristas comprobados. De esto dan fe el general Marcos Miyashiro y otros exjefes de la Dircote.

Como se puede ver, las ONG de “derechos humanos” hicieron su “faenón” con los indultos.

Por otra parte, el exministro de Justicia, Aurelio Pastor, acaba de plantear que el Congreso investigue el caso del exagente de inteligencia Douglas Arteaga, condenado injustamente como miembro del Grupo Colina.

Arteaga ha declarado que vivió ¡tres años! en el solar de la matanza de Barrios Altos, infiltrado en una célula de Sendero Luminoso que operaba allí.

Es un escándalo que algunos jueces hayan querido silenciar a Arteaga, pero sería más escandaloso aún que el Congreso también lo calle ahora.

La prensa democrática debe ocuparse a fondo de este caso, en busca de la verdad. Es aberrante que un hombre sea sentenciado por conveniencia política después de haber arriesgado su vida infiltrándose en Sendero Luminoso. Ya es hora de hacer justicia.

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