En el México del nuevo siglo –el México de 2012–, sigue siendo una herejía, si no es que “políticamente incorrecto”, censurar, criticar y sancionar los “movimientos estudiantiles” como el que tiene paralizada buena parte del estado de Michoacán.
Y es que luego de la barbarie desatada por los gobiernos del PRI en 1968 y 1971 –y que costaron la vida a cientos de estudiantes, obreros y ciudadanos en general–, en México es “un pecado capital” no sólo reprimir y sancionar a los grupos estudiantiles por parte de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, sino que para buena parte de la sociedad resulta inaceptable criticar el vandalismo el pillaje y hasta la estupidez estudiantil.
Y ay de aquel que se atreva a calificar de vándalos a los que vandalizan; al que se atreva de llamarles pillos a los que viven del pillaje y de quien califique de estúpidos a los que –como es el caso de los normalistas de Michoacán–, desquician la vida de millones, la economía de miles y a todo un estado, por la estupidez de negarse a estudiar inglés y computación, porque entonces será molido a insultos.
Y a riesgo de que pretendan quemarnos en leña verde y crucificarnos en el palo más alto del zócalo –y que el fanatismo lopezobradorista y los ternuritas del #132 nos muelan a insultos–, lo cierto es que una democracia como la mexicana ya no tolera espacios de impunidad como el que se ha creado en torno a los llamados “reclamos estudiantiles”, que en la mayoría de las veces son legítimos, pero que en muchas otras se han convertido en pretextos para el vandalismo, el pillaje y el chantaje.
Y, en efecto, en el México del nuevo siglo –en la moderna democracia mexicana–, son sinónimos de impunidad y garantía de protección oficial llamarse “estudiante” o “maestro” y escudarse en el membrete del “#132”. Sí, cualquiera que porte esas credenciales tiene derecho a robar, asaltar, vandalizar, dañar la propiedad ajena y, literalmente, hacer lo que le plazca, sin que ninguna autoridad sea capaz de sanción alguna. En pocas palabras, reclaman que sean legales todos los delitos imaginables.
Y ay de aquella autoridad –municipal, estatal y/o federal–, que se atreva a usar la legítima fuerza pública del Estado, contra los estudiantes que roban, asaltan, vandalizan, dañan la propiedad ajena… porque entonces aparecen “las buenas conciencias” que satanizan a los “gobiernos represores” a los que “martirizan a los pobres muchachos”, que sólo roban, asaltan, vandalizan y mandan al hospital a uno que otro policía al que apalean.
Y ese es el caso de Michoacán, en donde “estudiantes normalistas” secuestraron un centenar de autobuses, quemaron una treintena de vehículos –entre autobuses, automóviles y patrullas–, paralizaron la educación media y superior, vandalizaron y apalearon a policías y bloquearon carreteras, al extremo de paralizar buena parte del estado de Michoacán.
¿Y qué es lo que reclaman los “estudiantes” y “maestros”? ¿Por qué razón llegaron a esos extremos delincuenciales? Resulta que “los muchachos” –estudiantes y/o maestros–, se oponen a una reforma educativa federal –que nada tiene que ver con la autoridad educativa estatal–, para que los estudiantes reciban capacitación de inglés y computación. Y claro, reclaman que “no nos preguntaron” lo que quie-ren estudiar.
Y podrán decir misa los líderes de estudiantes y maestros, podrán engañar a muchos, pero lo cierto es que en el fondo del conflicto aparecen la pillería y el chantaje de siempre. En efecto, durante décadas, sean los normalistas, sean las dirigencias del SNTE y la CNTE, han chantajeado a los gobiernos del PRI, del PRD y pretendieron continuar con los chantajes al nuevo PRI. Es decir, que con cualquier pretexto, paralizan clases, secuestran camiones, vandalizan… ¡a cambio de dinero…!. ¡Aunque usted no lo crea!
Y sólo falta saber cuál será el papel del gobierno de Michoacán, ante el vandalismo y la pillería de los dizque estudiantes y maestros, que apelan a mantener su impunidad. Al tiempo.
EN EL CAMINO
En un proceso impecable de transparencia, la empresa Sempra Energy ganó la licitación pública internacional para construir el Gasoducto Sásabe – Guaymas. La ganadora presentó la oferta más baja de las presentadas y la más conveniente para CFE. El gasoducto tendrá una longitud de 530 kilómetros y un diámetro mínimo de 36 pulgadas. Su primera etapa, hasta Puerto Libertad, quedará concluida en octubre de 2014; la segunda, a Guaymas, se terminará en julio de 2015. El gasoducto garantizará el abasto de gas natural a las centrales eléctricas de CFE en el noroeste y abastecerá del combustible a la región.
Nota publicada en correo-gto.com.mx