Jennie Dador : La despenalización del aborto no implica la obligación de abortar para las mujeres

El presidente de Uruguay José Mujica, con el Consejo de Ministros en pleno promulgó ayer la ley que despenaliza el aborto. Esta ley despenaliza el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación. Se ha convertido en el tercer país en América Latina en permitir el aborto luego de Cuba y Guyana. En Perú, el debate sobre la despenalización del aborto en casos de violación y otros  ha seguido un largo camino de silencios y retrocesos.
 
Desde 1924, es decir, hace más de ocho décadas el aborto terapéutico está despenalizado en el país. Desde esa fecha se han contado planteado reformas legislativas pero  no ha habido ningún cambio. La abogada, Jennie Dador hace un recuento: “En el año de 1991, cuando se aprobó el Código Penal actualmente en vigencia, se estableció el aborto atenuado para los casos de embarazo por violación e inseminación artificial no consentida, ocurridas ambas fuera del matrimonio. Sin embargo, es importante recordar que en 1989 el Parlamento aprobó la despenalización del aborto sentimental, eugenésico en los casos de inseminación artificial no consentida, pero el entonces presidente Alan García observó la ley. Nuevamente, en el 2009 la Comisión Revisora del Código Penal acordó por mayoría despenalizar las mismas figuras, sin que la propuesta de nuevo código llegue a debatirse”.
 
Dador lamenta que Perú no haya aún aprobado la despenalización del aborto en su diversas causales como así lo han hecho en los últimos años Colombia, México, Argentina y recientemente Uruguay. “Lamentablemente, estamos quedando a la saga. Uruguay han modificado o precisado su legislación penal para despenalizar el aborto o ampliar las causales que lo permiten”, señala Dador.
 
Si vemos el planisferio, sólo el 2% de países en el mundo tienen leyes absolutamente restrictivas sobre aborto. Por lo menos el 65% de países desarrollados permite el aborto basándose sólo en la solicitud de las mujeres, el 14% de los países en vías de desarrollo están siguiendo este camino, lo que demuestra cierta tendencia de los países a liberalizar sus legislaciones sobre el aborto, así lo señala el documento de Promsex: Apuntes para la acción: el derecho de las mujeres a un aborto.
 
En países que lo han hecho como Cuba, la mujer puede interrumpir el embarazo durante las primeras 10 semanas de gestación sin justificar sus motivos desde 1965 que se legalizó el aborto. Mientras que desde el  2007, a las mujeres mexicanas les está permitido abortar hasta las 12 semanas de su embarazo, pero sólo en el Distrito Federal. En 2006 la Corte Constitucional de Colombia determinó que el aborto es legítimo cuando un embarazo es producto de una violación, cuando está en riesgo la vida de la madre y cuando se presentan malformaciones en el feto. En el presente año, la Corte Suprema de Argentina hizo una relectura del Código Penal y planteó que el aborto no es punible para las mujeres que afrontan un embarazo producto de una violación sexual.
 
Perú discute el protocolo del aborto terapéutico desde el 2004, ¿por qué no se llega a acuerdos? Dador dice que “lamentablemente nuestras autoridades administran justicia y toman decisiones de política pública no desde un marco de derechos sino desde sus convicciones religiosas o conveniencias políticas, quienes en contextos de baja institucionalidad y alto rechazo a la clase política buscan congraciarse con la Iglesia para mejorar su legitimidad social y aceptación pública”.
 
“No se debe olvidar que el principio de laicidad del Estado es una garantía de las democracias modernas –agrega. Se trata pues de un Estado independiente de los poderes fácticos, imparcial en sus normas y políticas, aunque en la región los líderes políticos consideran que en sus países el poder es ejercido por los grupos económicos, el 65,2% los medios de comunicación y el 43,8% por las iglesias”[1]. .
 
A excepción de los países que aprobaron la despenalización del aborto, América Latina sigue siendo una de las partes del planisferio que condena el aborto con penas de entre tres y seis años de cárcel, variando de acuerdo a la legislación de cada país. Sin embargo, según un estudio de la World Health Organization (WHO), citado por Promsex, esta medida no ha sido disuasiva porque las mujeres lo siguen haciendo, pues se estima que por cada 3 nacimientos se produce un aborto y al parecer estas cifras se mantienen estables[2].
 
En el caso de Argentina, causó revuelo la sentencia de una jueza que impidió que se realizara un aborto a una mujer que había sido rescatada de una banda de trata de personas, presionada por un grupo ultraconservador “provida”.  Pese a que su Código Penal contemplaba como aborto no punible al aborto por violación sexual desde 1921, la jueza presentó como argumentos: “el aborto significa lisa y llanamente la comisión de un homicidio”, porque a su criterio sería “pretender decretar la pena de muerte respecto de un nonato, sujeto de derecho, a quien se lo pretende utilizar como objeto de prueba y no como persona por nacer”.  Finalmente la Corte Suprema de Justicia de Argentina ordenó que se practique el aborto a la mujer víctima de sucesivas violaciones sexuales, rescatada de una red  de trata de personas de la que consiguió huir,  revirtiendo el fallo contrario de la jueza.
 
Dador recuerda, además, que “es importante considerar que la despenalización del aborto no implica la obligación de abortar para las mujeres. Por el contrario, en el supuesto que una mujer se encuentre en alguna de las causales, ella tendrá un abanico de posibilidades: decidir continuar con su embarazo; continuar con su embarazo y darlo en adopción; continuar con su embarazo y cometer infanticidio; continuar con su embarazo y abandonarlo; el suicidio, o  decidir la interrupción de su embarazo sin consecuencias de carácter penal”.   
 
La Organización Mundial de la Salud  (OMS) estima que 46 millones de abortos tendrán lugar en el mundo en desarrollo en 2012. De estos, 27 millones se producen en condiciones de legalidad, mientras que el resto (19 millones) ocurre en un contexto de prohibición o de ilegalidad, lo que trae consigo que sean practicados muchas veces fuera del sistema médico, con alto riesgo para la salud y la vida de las mujeres[3].
 
Bajo la pregunta: “Y tú, ¿condenarías a Mariana?”, Católicas por el Derecho a Decidir-Perú promueve el debate y busca entablar políticas de salud reproductiva eficientes y urgentes para el fortalecimiento de un Estado laico.