El posible indulto a Alberto Fujimori ha expuesto ante la luz pública, una vez más, la miseria humana que caracteriza a los políticos de izquierda que, tras haber sido rechazados por el pueblo en las urnas, optaron por reciclarse como “defensores de los derechos humanos.
El debate en curso nos permite ver otra vez el rostro estalinista de esa izquierda, que antepone su ideología y sus intereses sobre los valores humanos que falsamente reivindican las organizaciones no gubernamentales que maneja.
Cada vez que se debate la pena de muerte para los terroristas, ella grita a los vientos que “nada es más sagrado que la vida humana”, y se aferra a mil y un argumentos en contra de la pena capital. Sin embargo, para Alberto Fujimori sí exige pena de muerte de facto e inicia una campaña contra el indulto a sabiendas de que la prisión está matando al ex presidente.
Cuando la democracia puso en debate la cadena perpetua para los terroristas, la izquierda también se opuso a esa sanción alegando que ningún ser humano merece quedarse tras las rejas por el resto de su vida. Y cuando llegó al poder de la mano de Valentín Paniagua (2001), consiguió eliminarla para los terroristas. Hoy en día ningún terrorista es condenado a esa pena, como tendría que ser para disuadir a quienes estén pensando seguir el camino del terrorismo.
Es más, los dos únicos condenados a cadena perpetua, Elena Iparraguirre y Abimael Guzmán, podrían salir libres en unos años porque la izquierda convirtió esa pena en “revisable” a los 35 años.
Para Fujimori, en cambio, exige cadena perpetua de facto. Considerando su estado de salud y que cumpliría su pena a los 99 años, es obvio que la izquierda quiere que se muera en prisión. Se opone a cualquier beneficio de reducción de la pena para Fujimori alegando que “cometió delitos contra los derechos humanos”.
Sin embargo, cada vez que el estado beneficia a un terrorista con el indulto u otra gracia, la izquierda guarda silencio aprobatorio. Para ella, los crímenes de los terroristas, por atroces que sean, no son delitos contra los derechos humanos.
De otra parte, dudo que Humala tenga el coraje de indultar a Fujimori. Todo indica que se fue de boca al poner el tema en la agenda política. Se ha metido en problemas y tendrá que pagar un costo político por ese error.
Si indulta, la izquierda dejará el gobierno provocando una crisis ministerial, Perú Posible le quitará su apoyo en el Legislativo, y las ONG harán una campaña contra el Gobierno dentro y fuera del país, a la que tal vez se sume Vargas Llosa. Y si no indulta perderá apoyo popular (más del 60% de los peruanos apoya el indulto), y el fujimorismo pasará a la oposición total en el Congreso, afectándose así la gobernabilidad. Por cualquier opción, Humala pierde.
Pero más allá del cálculo político, estamos ante un problema humanitario. En las manos del Presidente está la vida de un anciano expresidente que, pese a sus graves errores, forjó las bases del Perú moderno de hoy. Qué injusto sería dejarlo morir en prisión.