Presos, exiliados y perseguidos políticos

Después del 7-O tanto el Foro Penal Venezolano como la Coordinadora de Derechos Humanos de la MUD, Antonio Ledezma y Vladimir Villegas, entre otros, han planteado públicamente la libertad de los presos políticos, el regreso de millares de venezolanos en el exilio y la resolución de las medidas judiciales que criminalizan a sindicalistas, estudiantes y líderes políticos, que en su oportunidad ejercieron sus derechos a expresarse por cualquier medio de comunicación y a la protesta, consagrados en nuestra Constitución. Como sabemos no ha habido una respuesta categórica del régimen, que en la campaña electoral y en la búsqueda del voto moderado se mostró amigable, quedando en la atmósfera la posibilidad de una amnistía general declarada por la Asamblea Nacional.

Después se produjo la llamada telefónica a Henrique Capriles, pero siguieron las descalificaciones y la decisión del alto gobierno de acelerar el Estado Comunal y el anuncio de nuevas expropiaciones vinculadas a los sectores de energía, alimentos, medicinas y materiales para la construcción. Es fácil apreciar que no está en las prioridades del gobierno un acercamiento a quienes disintieron del socialismo radical y están exiliados en Panamá, Perú, España y Estados Unidos de Norteamérica, ni una agenda de diálogo que acerque a quienes pasan trabajo en el exterior y, por si fuera poco, siguen abiertos los juicios contra Iván Simonovis, María de Lourdes Afiuni, agentes de la Policía Metropolitana y líderes sindicales de Guayana.

La persecución, como un instrumento de la política, avala la violencia y facilita la creación de un sicariato que ha provocado demasiadas muertes y en particular de sindicalistas de la construcción, la actividad petrolera y otros rubros, en Bolívar, Anzoátegui y Aragua. Es indispensable que el país entienda que mas allá de la ideología, los procesos de sufragio y la economía, hay espacios democráticos que debemos preservar y consolidar, para facilitar el acercamiento de los dos bloques en que está dividida la sociedad.

En el siglo XIX venezolano, uno de los primeros actos del nuevo presidente al juramentarse, era la Ley de Amnistía General o el indulto de los opositores encarcelados y exiliados. Así lo hizo Simón Bolívar con los comprometidos de la Cosiata, Carlos Soublette con quienes se adhirieron a la Revolución de las Reformas, Cipriano Castro con los presos y expulsados como consecuencia del bloqueo de las potencias europeas en diciembre de 1902, Eleazar López Contreras con quienes aparecían en el llamado Libro Rojo y así sucesivamente. En el primer gobierno de Rafael Caldera procedió la Pacificación como una política de Estado, reincorporándose a la normalidad cívica a quienes se habían levantado en armas; esta decisión fue fundamental para reconciliar el país y algunos de los beneficiados siguen activos políticamente. Por último, aún está fresca la libertad de los que actuaron en los dos Golpes de Estado frustrados del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992.

La amnistía la utilizaron los griegos, romanos, el imperio español y todos los gobiernos latinoamericanos, es una medida colectiva que busca restablecer la armonía y la concordia, porque en definitiva la gobernabilidad es el compromiso con el bien común, la búsqueda de soluciones y el respeto por la opinión ajena. Hay que devolver a la disidencia a su familia, a las calles y a la lucha política: el miedo a la realidad y las ansias de poder son una camisa de fuerza que traba al oficialismo, pero las prioridades están ahí y hay que exponerlas a la vista de todos para que el régimen se vea obligado a resolverlas.

Es inútil sostener que es mejor importar un porcentaje significativo de los alimentos y ayudar a otros países, antes que permitir que el agricultor y ganadero criollos sean el factor que promueva el crecimiento de la agricultura y la cría, en una estrategia de soberanía alimentaria, creación de empleo y riqueza que genera una dinámica que beneficia a todos. La foto en negativo es afectar al Producto Interno Bruto, endeudar las finanzas públicas, estancar la producción de petróleo y acorralar al sector privado, simplemente porque a pesar de que es el mayor empleador, está consciente que no sobrevive en la medida en que avance el socialismo radical.

Decenas de personas perdieron la vida el 4 de febrero y sin embargo el actual mandatario nacional fue beneficiado por un indulto, ha llegado la hora de una Amnistía General acordada por la AN e indultos a nivel del Ejecutivo que procedan de inmediato. Simonovis y Afiuni son figuras emblemáticas que deben estar en libertad: en su caso se manipula la justicia, se atenta contra la verdad y se vulneran los derechos humanos.