Viernes 26 de abril 2024 | Contáctenos
Negar la posibilidad de interrupción legal de un embarazo por violación, constituye una violación a los derechos de las mujeres
Perú tiene la tasa más alta de denuncias por violaciones sexuales en Sudamérica y a nivel mundial ocupa el puesto 16 (Mujica 2011). Según las estadísticas de la Policía Nacional, el 2011 se registró un total de 5,303 denuncias por violación sexual, es decir 15 denuncias por día. 7 de cada 10 mujeres que denuncian el delito tiene más de 14 años. Desde 1924 en que el Código Penal admitió la interrupción del embarazo en casos en que la vida de la gestante estuviera en riesgo o si su salud pueda sufrir un daño grave y permanente (aborto terapéutico), poco o nada se ha dicho sobre la despenalización del aborto en casos de violación sexual.
No sólo el estigma y la condena social suelen pesar sobre la mujer que siendo víctima de una violación decide abortar. El desenlace de esta decisión puede ser la muerte. Según la Policía Nacional del Perú, cada año se registra alrededor de 5,303 denuncias por violación sexual, es decir 15 denuncias diarias -sin contar aquellos casos que no se denuncian. Muchas de estas mujeres recurren a centros clandestinos para interrumpir el embarazo siendo atendidas por personal no calificado o induciéndose el aborto ellas mismas generando graves daños en su salud o incluso les genera la muerte.
¿Qué sucede cuando el violador es el padre, el tío, el padrastro y la víctima es una menor de edad? La mayoría de violadores forman parte del entorno cercano de la mujer agredida y son silenciados por la vergüenza, el temor a represalias o el desconocimiento de los derechos, por lo que no existe una estadística completa del número de casos de violación sexual. Sin embargo, muchas mujeres que tienen un embarazo no deseado producto de una violación sexual y deciden interrumpirlo suele recurrir a centros clandestinos con lo que arriesgan su salud y su vida. Según la investigación de Delicia Ferrando: “El aborto clandestino en el Perú”, cada año se produce en el país 376 mil abortos clandestinos. De este grueso se calcula que 17,500 abortos (5% del total) se producen producto de una violación sexual, señala el documento de Promsex denominado Programa General de Salud Sexual.
Diversos estudios, entre ellos el realizado por Delicia Ferrando, indican una larga lista de los métodos a los que las mujeres recurren para poner fin a embarazos forzados, incluso en el caso que sea producto de una violación. Dicha lista comprende desde procedimientos modernos, eficaces y seguros (como el misoprostol, la dilatación y legrado y la aspiración por vacío) hasta las fórmulas más desesperadas e inhumanas para de inducirse un aborto.
Cuando el aborto por violación está penalizado, “todo esto lleva a concluir que el camino para interrumpir una gestación puede ser para una mujer peligroso e increíblemente complicado e incierto”, continúa Ferrando. Y es que “el aborto es también un grave problema de inequidad de acceso a servicios de salud reproductiva de calidad”. Según el estudio, el 77% de las mujeres urbanas no pobres acude a un especialista, un médico para hacerse el aborto. Mientras el 65% de las mujeres rurales pobres se hacen atender por parteras, curanderos, yerberos y brujos. “Las complicaciones por aborto inducido dependen de quién realiza el procedimiento, considerándose que son mucho más elevadas si la mujer se provoca el aborto ella misma o es provocado por una persona empírica sin capacitación que si es atendida por un médico, por una obstetriz o por una enfermera", señala la investigación.
La violación sexual es una forma extrema de violencia hacia una mujer. Negar la posibilidad de interrupción legal a una mujer que no desea un embarazo consecuencia de una violación, constituye una doble violación a sus derechos, agravando la salud mental de la mujer, señala Kelly Cieza de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
Amnistía Internacional asegura que el aborto en el Perú es un problema de salud pública que debe ser atendido de forma conjunta, el aborto inseguro es una de las cinco causas principales de muerte relacionada con el embarazo en el Perú. Por ello, Católicas por el Derecho a Decidir viene promoviendo el debate público mediante la campaña de difusión: “Y tú, ¿Condenarías a Mariana?”, que busca reflexionar sobre el juzgamiento, el prejuicio y el estigma social que recae sobre las mujeres violadas que deciden practicarse un aborto como Mariana.
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