Congresistas opinan sobre despenalización del aborto en caso de violación

Congresistas opinan sobre despenalización del aborto en caso de violación

Algunas congresistas de la República dan su opinión respecto a la despenalización del aborto en casos de violación sexual.  En medio de la recolección de firmas para la despenalización del aborto en casos de violación sexual impulsada por varias ONG’s, Católicas por el Derecho a Decidir-Perú se pliega a este pedido con la realización de la campaña “Y tú, ¿condenarías a Mariana?”

Dado que el Perú encabeza la lista de los países de Sudamérica con la más alta tasa de denuncias por violación sexual* y que se acaba de aprobar en Uruguay la despenalización del aborto, algunos congresistas dan sus apreciaciones. Cecilia Tait del partido Perú Posible dice estar en contra de todo tipo de aborto, sin embargo si se tratase de un embarazo producto de una violación sexual, la congresistas estaría de acuerdo. “Tengo una hija. Es indignante que una niña pueda ser víctima de una violación. En este caso estaría a favor del aborto”, dijo y agregó que el Perú es un país cucufato al que le da miedo hablar del tema sexual, “la Iglesia tiene su punto de vista al respecto, sin embargo tiene que respetar el libre pensar de las personas”.

La Policía Nacional del Perú  reporta cada año alrededor de 5,303 casos de este tipo. Muchas de las adolescentes o mujeres que son víctimas de violación sexual recurren a centros de aborto clandestino para terminar con el embarazo no deseado. Frente a este escenario, la congresista fujimorista, María Luisa Cuculiza dijo que estaría a favor de la despenalización del aborto en casos de violación sexual o cuando peligre la vida de la madre.

Además, la parlamentaria señaló que está a favor de que el Estado distribuya la píldora del día siguiente a toda mujer o adolescente que haya sufrido una violación sexual. “Ojalá el Congreso vuelva a debatir el tema”, dijo. “La violencia sexual avanza a pasos agigantados. Tiene que haber medidas más drásticas”, señaló. Dijo, además, que el aborto debe ser tomado con mayor rigurosidad por parte de las autoridades pues las mujeres que no tienen opción de ir a una buena clínica se someten a un aborto de alto riesgo en un centro clandestino. “Muchísimas mujeres mueren por abortos clandestinos  esto se podría evitar con la distribución de las píldoras del día siguiente que no son abortivas. Así lo ha comprobado la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es injusto que sólo las que tengan plata  y puedan pagar S/. 35 soles tengan acceso a ella”, dijo. 

La congresista Cenaida Uribe, de Gana Perú, también se pronunció a favor: “Después de haber sufrido maltrato, la mujer tiene derecho a decidir”. Sin embargo, la parlamentaria dijo que es un tema muy personal. “Si se debate en mi bancada, la decisión será muy personal. Es un tema de valores. Más allá de todas las leyes y sanciones que puede haber contra el violador, el problema es cuando no hay una buena formación desde el hogar. Ya hay penas y sanciones pero de lo que se trata es de un tema de valores”, dijo.

Las reformas legislativas que han buscado reducir el delito de violación sexual generalmente han estado orientadas hacia un incremento de las penas pero los delitos no han disminuido. “Creemos que está bien que se sancione a los violadores, pero hay que hacer efectivas estas sanciones. Por ello es importante que el Estado aborde el problema de manera integral y enfatice sus medidas en la prevención. Solo así se detendrán estos delitos, dice Claudia Díaz de Católicas por el Derecho a Decidir -Perú.

El delito de violación sexual tiene una pena de 6 a 8 años cárcel según el artículo 170° del Código Penal. La pena será de 12 a 18 años si es que el delito lo cometió más de una persona, si la violación se realiza a mano armada, si hubo posición de autoridad o relación de parentesco con la víctima, si el violador portaba enfermedad de transmisión sexual grave, o si es docente o auxiliar de docencia del centro educativo de la víctima. Si se violó a una persona en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir, la pena privativa de la libertad no será menor de 10 ni mayor de 15 años. Si el violador comete el delito abusando de su profesión u oficio la pena no será menor de 25 ni mayor de 30 años. La cadena perpetua se aplica en los casos de  violación a menores de edad, si el violador tuviera algún vínculo familiar, si la víctima sufriera lesión grave o muerte.

A pesar de estas sanciones, el número de presos  condenados por el delito de violación sexual no ha disminuido en las cárceles. “Este tipo de delitos continúa porque vivimos en una sociedad machista que desvaloriza a las mujeres y muchos hombres consideran que sus parejas son ‘objetos de su propiedad’,  también se justifica la violencia ejercida hacia ellas en función a conductas o actitudes. Así, por ejemplo, todavía hay mucha gente que justifica la violencia hacia las mujeres porque van vestidas de determinada forma o porque frecuentan lugares públicos a horas de la noche. Pero no toman en cuenta que una gran mayoría (60%) de personas son violadas en sus propias casas por personas familiares o cercanas a ellas”, dice Díaz.

Católicas por el Derecho a Decidir Perú plantea que el Estado tiene que enfocar sus esfuerzos en la prevención, y allí es importante la educación. Que las personas aprendamos a considerarnos iguales y autónomos, con los mismos derechos y capacidades, que erradiquemos todas las formas de violencia y discriminación. De manera precisa se podría adoptar medidas preventivas como, por ejemplo, la implementación de los Lineamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas para una Educación Sexual Integral aprobados el año 2008 por la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa (DITOE) del Ministerio de Educación.     

Díaz señala, además, que “es importante que el Estado garantice servicios de atención en salud a las mujeres violadas, que no sean juzgadas ni culpabilizadas.  Además, es necesario que haya programas integrales de salud mental para que las mujeres puedan superar este hecho violento Es necesario que se les pueda brindar gratuitamente la anticoncepción oral de emergencia para que eviten un embarazo producto de la violación, porque de acuerdo a datos de denuncias recibidas por la Policía Nacional del Perú, 7 de cada 10 mujeres podrían resultar embarazadas producto de una violación sexual. En esos casos, el Estado también debe garantizar la libertad de las mujeres para que las mujeres decidan continuar o no ese embarazo.”