El TC debe hacer justicia

El Tribunal Constitucional está por resolver en estos días un Habeas Corpus presentado por Pedro Santillán Galdós, un ciudadano cuyos derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad han sido violados en vista de que lleva nueve años privado de su libertad y 12 años en condición de procesado sin sentencia.

Para mayor agravio, Santillán está recluido en el penal de máxima seguridad de Piedras Gordas bajo un régimen de aislamiento total. Las autoridades penitenciarias y judiciales le dan el trato propio para un delincuente de alta peligrosidad o un terrorista.

Pedro Santillán es al parecer víctima de un exceso judicial porque ha sido denunciado y privado de su libertad en base a versiones de dos colaboradores eficaces que no han sido corroboradas con pruebas.

Todo indica que los colaboradores eficaces Héctor Gamarra y José Tena acusaron a Santillán para obtener la libertad que disfrutan hoy, tal como ocurrió en los años 90′ cuando muchos terroristas capturados inculparon a inocentes para recibir los beneficios de “colaborador eficaz”.

Es difícil imaginar que Santillán formase parte de Colina pues está probado que sus miembros eran militares experimentados y expertos en manejo de armas. En cambio en 1991 Santillán tenía solo 20 años, cero experiencia en combate, y era especialista en electrónica. Estaba encargado de la Oficina de Mantenimiento Técnico del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), que daba soporte y equipos electrónicos a los grupos de inteligencia para facilitar su labor. Dicha oficina aún existe y cumple las mismas tareas.

El punto es que las versiones de Gamarra y Tena ya han sido desechadas en el juicio por el caso Barrios Altos, en el que el tribunal absolvió a la suboficial Shirley Rojas tras resolver que ambas sindicaciones “se han relativizado en el tiempo, generando dudas”. Además, las declaraciones de los dos colaboradores tienen gruesas contradicciones.

No obstante ello, la juez Magaly Báscones persiste en que Santillán siga encarcelado porque, a su juicio, el hecho que se haya declarado inocente, y las dos sindicaciones ya desestimadas por la justicia, “hacen presumir… que este imputado pretende perturbar la actividad probatoria” (Auto Apertorio, 26 de febrero 2010).

Pero el TC no resolverá sobre el fondo del caso, sino sobre el presunto agravio a los derechos fundamentales de Santillán a un debido proceso y a la libertad, que en mi opinión han sido violados al mantenerlo 12 años procesado y nueve años detenido sin una justificación legal válida.

El drama de Pedro – además de que su hogar se ha desintegrado, está en la ruina económica y su padre se acaba de morir – es que por falta de recursos no tiene un abogado que lo defienda. Y tampoco pudo sustentar su Habeas Corpus en el TC porque el INPE le entregó la citación respectiva nueve días después de que se realizó la audiencia.

Ojalá que el TC haga justicia en este caso, porque nadie tiene derecho a maltratar así a un ser humano, menos aún quienes tienen la enorme responsabilidad de administrar justicia.