Jueves 25 de abril 2024 | Contáctenos
Aumentan las demandas de arbitraje internacional de empresas extractivas contra países de América Latina. Como se recuerda, desde el 2011 el Perú enfrenta una demanda de arbitraje internacional impuesta por Renco Group / Doe Run por US$ 800 millones. La empresa de Ira Rennert, responsable de la intoxicación de la población, entre 1997 y el 2009 en La Oroya, se amparó en el capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio que se firmó con Estados Unidos para demandar al Estado Peruano.
Expertos nacionales e internacionales presentaron un análisis de las limitaciones del Estado peruano para regular las inversiones internacionales, debido al derecho que otorgan los Tratados de Libre Comercio (TLC), teniendo como punto de partida la demanda que Renco Group/Doe Run le entabló al Perú, así como las implicancias económicas, políticas y sociales de este proceso internacional, y lo que significa este arbitraje en un contexto sensible por la explotación de nuestros recursos naturales.
Esta demanda sería la primera que está enfrentando el Estado peruano, quien ya ha sido amenazado por otras empresas, de ser llevado a otros arbitrajes internacionales, bajo el amparo de tratados internacionales suscritos por el Perú. Además de Renco Group / Doe Run, está pendiente la demanda de la minera canadiense Bear Creek Mining Corporation, que amenazó con demandar al gobierno peruano en el marco del TLC entre este país y Canadá, por cancelar en junio del 2011 la autorización de la concesión minera para la realización del proyecto minero de Santa Ana, en la región sur andina de Puno (frontera con Bolivia), tras más de dos meses de protesta de la población local en contra del proyecto minero.
Estos casos se han multiplicado en América Latina. La tendencia es la aparición de demandas de arbitraje de parte de empresas extractivas contra los Estados latinoamericanos amparados, especialmente, en los Tratados de Libre Comercio. Según el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), hasta noviembre del 2011, existían 137 casos pendientes (hace 10 años, tan sólo había 3), 43 de estos casos están relacionados con las industrias del petróleo, la minería y el gas. De este grueso, América Latina es la región sometida más veces a este tipo de demandas, tiene 25 casos ante el CIADI impuestas por empresas petroleras, de minería y gas.
“Es claro que el poder que los TLC otorgan a las empresas extranjeras termina por desincentivar políticas nacionales, regionales y locales en materia de protección del medio ambiente y la salud pública”, dice Alejandra Alayza de RedGE.
Los Estados, especialmente los de países en vías de desarrollo, están maniatados por los tratados firmados con países desarrollados. Esto se da en un contexto de incremento del precio de los minerales, de disputa por el acceso a recursos naturales, minerales y energéticos (que abundan en América Latina), el aumento de las concesiones a las industrias extractivas y la agudización de la conflictividad social.
Altísimos son los montos de las demandas que suelen caracterizar estos casos de inversionista-Estado. En el 2009 las empresas transnacionales mineras de oro Pacific Rim y Commerce Group demandaron a El Salvador por $77 y $100 millones de dólares respectivamente. Esa suma equivale a casi 1% del PIB de El Salvador. Aunque el CIADI eliminó el caso de Commerce Group, El Salvador aun así ha tenido que pagar $800,000 en gastos legales.
La petrolera Chevron recientemente ganó $700 millones de dólares en una demanda contra el gobierno de Ecuador, lo cual equivale al 1.3% del PIB de ese país. A estos significativos costos se le suman los costos por el pago de la representación y defensa legal a través de los estudios de abogados. Dentro de los altos costos producto de las demandas, los abogados también ganan.
En el negocio de los arbitrajes internacionales, hay cuatro empresas que lideran la escena: Freshfields Bruckhaus Deringer, White & Case, King & Spalding, y Shearman & Sterling. El promedio de las tarifas por hora de estos bufetes jurídicos van desde los 500 a los 1000 dólares.
En el capítulo de inversiones de los TLC se incluye un conjunto derechos a los inversionistas para dar garantía del cumplimiento de los Tratados permitiendo a los inversionistas demandar a los Estados nacionales sin necesidad de pasar por los tribunales nacionales. “Para asegurar la estabilidad a los inversionistas, los Estados limitan su capacidad de desarrollar políticas públicas como mayor fiscalización ambiental, por ejemplo, a favor de sus nacionales, a pesar de que éstas puedan ser necesarias para desarrollar alguno sectores estratégicos”, agrega Alayza.
Dado que el contexto actual se caracteriza por el incremento de la conflictividad socio-ambiental, la necesidad de implementar una agenda de gobernabilidad de los recursos naturales y de las industrias extractivas constituye una prioridad. Sin embargo, el desarrollo de esta agenda está maniatado pues los TLC les han otorgado “súper derechos” a los inversionistas que los hacen intocables.
Las exposiciones estuvieron a cargo de especialistas nacionales como José de Echave de CooperAcción, Alejandra Alayza de la RedGE y Rosa Amaro del Movimiento por la Salud en La Oroya, quienes manifestarán sus preocupaciones en torno a la necesidad de atender la agenda nacional de gobernabilidad de las industrias extractivas; así como expertos internacionales, como: Melinda Saint Louis, de Public Citizen (EE.UU); Matthew Porterfield, del Harrison Institute for Public Law, Georgetown University.
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