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Viernes 30 de noviembre 2012

Caso Doe Run. Defensa del Estado ante el CIADI llegaría a costar hasta US$ 8 millones

Fuente: Cooper Acción
Caso Doe Run. Defensa del Estado ante el CIADI llegaría a costar hasta US$ 8 millones
Foto: Difunsión

Caso Doe Run. Defensa del Estado ante el CIADI llegaría a costar hasta US$ 8 millones

Expertos internacionales advierten que nuestro país se expondría a más ataques judiciales en manos de empresas extranjeras.

Un litigio internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) podría llegar a costar U$ 8 millones. Matthew Porterfield, abogado de Georgetown University Law Center de Estados Unidos, calcula que la demanda Renco Group-Doe Run se podría extender hasta cuatro años llegando el Estado Peruano a pagar entre $US 1 a 2 millones de dólares al año para pagar a los buffets de abogados,  es decir en los cuatro años del proceso un costo aproximado de U$ 8 millones.

Este es el primer caso por lo que el Estado ha sido llevado a un arbitraje internacional amparado en el TLC con los Estados Unidos. Para José de Echave investigador de CooperAcción el Estado peruano no está preparado para afrontar este tipo de demanda, “hay mucha improvisación en el abordaje de los procesos de arbitraje, hay un vacío de información y de conocimiento, una falta de estrategia conjunta de parte del Estado”, señala.

“Los capítulos de inversiones de los TLC son una suerte de blindaje frente a las inversiones que llegan al país. Impiden que las reformas que el Estado está implementando en materia ambiental, tributaria, de participación se lleven a cabo, pues representan un blindaje que impiden que países como Perú  produzca un marco normativo que el país necesita y más aún en un contexto de alta conflictividad social alrededor de estas actividades”, dijo.

La próxima semana, los funcionarios peruanos participarán de las rondas de negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) próximo a firmarse con otros  10 países entre los que se encuentran Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. La estadounidense Melinda Saint Louise, resonsable de Campañas Internacionales de Public Citizen, advierte que nuestro país se expondría a más ataques judiciales en manos de empresas extranjeras: “Un borrador que se filtró revela que, en vez de repensar el modelo de inversiones, el TPP ampliaría los privilegios extremos que les da el TLC a los inversionistas extranjeros, y extendería sus mecanismos privados de imposición”.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), ha registrado  hasta  noviembre del 2011, 137 casos pendiente (hace 10 años, tan sólo había 3)  43 de estos casos están relacionados con las industrias del petróleo, la minería y el gas. De este grueso, América Latina es la región sometida más veces a este tipo de demandas, tiene 25 casos ante el CIADI impuestas por empresas petróleo, de minería y gas. Desde 2000, el número de casos se  incrementó en 254%. El número de casos en 2011 llegó a 450 – ocho veces más que la cantidad de casos en 2000.

El Salvador ha sido demandado por las transnacionales mineras de oro Pacific Rim y Commerce Group por $77 y $100 millones de dólares respectivamente. Aunque el CIADI eliminó el caso de Commerce Group, El Salvador aun así ha tenido que pagar $800,000 en gastos legales. La petrolera Chevron recientemente ganó $700 millones de dólares en una demanda contra el gobierno de Ecuador, cuando tras 18 años de litigio este país le ordenó a la transnacional pagar la limpieza de la contaminación tóxica en la Amazonía ecuatoriana.

Melinda Saint Louise  señala, además, que “hasta hoy se han pagado más de US$ 2.500 millones de dólares a favor de las empresas privadas sólo bajo los TLC. Más del 90% de esta carga para los contribuyentes, estás demandas surgen tras cambios en las políticas ambientales, de petróleo, gas o minería de los gobiernos”.            

En el caso peruano, además de la demanda de Renco Group, está en suspenso la demanda de la minera canadiense Bear Creek Mining Corporatin, que amenazó con demandar al gobierno peruano en el marco del TLC entre este país y Canadá, por cancelar en junio del 2011 la autorización de concesión minera para la realización del proyecto minero de Santa Ana, en la región sur andina de Puno en frontera con Bolivia, después de dos meses de protesta de la población local en contra del proyecto minero.  

Han sido 12 los casos arbitraje de internacionales contra el Perú, algunos de ellos ya han sido resueltos, sin embargo, más de la mitad aún está pendientes. Estas demandas tienen que ver con empresas de energía, de construcción, entre otros. Matthew Porterfield, señala que desde 1991, Perú ha firmado  tratados internacionales con más que 30 países. Resalta además el hecho de que sobre las leyes peruanas se interpongan los capítulos de los Tratados de Libre Comercio. “El Artículo 63 de la Constitución del Perú señala, por ejemplo, que  “la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. Sin embargo, las empresas extranjeras se pueden blindar ante esta ley con los TLC”, dijo el abogado.

“Después de seis años con TLC vigentes se debe abrir el debate de la agenda interna. Las amenazas de las demandas de arbitraje no deben detener la implementación de mejores estándares ambientales y sociales, la alza de los conflictos socioambientales en nuestro país pone en evidencia la necesidad de implementar una agenda de gobernabilidad para nuestros recursos naturales y las industrias extractivas, más aún en un contexto en el que Europa está buscando colocar inversiones, y será muy agresivo en buscar mercados”, advierte Alejandra Alayza de RedGE.

Perfil de los expertos internacionales

Melinda St. Louis, Public Citizen. Directora de Campañas Internacionales de Public Citizen. Ha sido directora de política y campañas para Red Jubileo EE.UU., así como directora ejecutiva de Acción Permanente por la Paz, una organización nacional que apoya a las economías de la paz, la justicia y sostenible en América Latina y el Caribe. En la actualidad es miembro del consejo del Grupo de Trabajo sobre América Latina y Witness for Peace.  Master of Public Policy en Política Internacional y Desarrollo de la Universidad de Georgetown.

 

Matthew Porterfield, investigador principal y profesor adjunto de derecho en el Instituto Harrison de Derecho Público, Georgetown University Law Center. Dirige proyectos sobre agricultura, inversión y derecho constitucional. Antes de llegar a Georgetown, ejerció el derecho ambiental en Washington, DC. Entre sus publicaciones tenemos:  El derecho internacional común de derechos de los inversionistas, de la Universidad de Pennsylvania  en la Revista de Derecho Económico Internacional (2006); Normas Internacionales de Expropiación y Federalismo, Stanford Journal of Environmental Law (enero de 2004).

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