La Haya: Chile y Perú entre el "no debería" y el sí se podía

Desde las autoridades chilenas el predicamento diplomático fue siempre Perú “no debería llevar el diferendo a La Haya. En Perú, las autoridades planteaban el “sí se podía”.

Es la vieja disputa entre la razón política y la normativa y cuando se cruzan intereses de otro orden –por ejemplo la explotación transnacional del mar – las bases jurídicas se ven remecidas y hay que arbitrar.

Existe un consenso entre los especialistas en Derecho Internacional, en que la clave de los pactos jurídicos entre dos países, es la buena fe. Esta apreciación de buena fe, denota desde ya el estigma de vulnerabilidad en los tratados, asimismo, la sustentabilidad en el tiempo depende también de las buenas relaciones históricas entre las dos partes y de marcos constitucionales consolidados.

La evidencia demuestra que el sistema de poderes del Estado regulados por Constituciones marcadamente imperfectas, - la queja generalizada existe en ambas naciones- , es proclive a la acción unilateral e imprevista, propia de sistemas rígidos y de consenso transitorio. Estos dos rasgos se refuerzan mutuamente, y en Chile y Perú la disfunción es más grave aún al estar sus constituciones enmarcadas por conflictos históricos bélicos. Desde esta perspectiva, el diferendo chileno- peruano persiste por la sincronía estructural histórica en ambas partes, o mientras no se produzcan cambios constitucionales, para ir al grano.

Más allá del resultado de los alegatos y el veredicto, -que debería ser inocuo para ambas partes, porque el precedente colombiano/ nicaragüense así lo sugiere-, el argumento central del  diferendo de Chile y Perú está basado en una razón política, que es más bien una decisión peruana.  

Aun así, el diferendo llevado por Perú a La Haya siempre ha impactado políticamente quizás más a Chile que a Perú. Recordemos el reemplazo en Chile de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, Alejandro Foxley y José Goñi respectivamente en 2009. Era el comienzo del diferendo en su última vestimenta y que confirma el impacto local cuando las aguas que rodean esta Isla que es Chile se agitan.

Era el resplandor de una estela que se avecinaba densa y compleja, especialmente cuando el clima internacional favorecía posturas rupturistas y menos ortodoxas en cuanto a cooperar y construir.

Hoy estamos frente a esa realidad anunciada. El diferendo ha abierto  las otras aristas, como aquella de un país con marcados desequilibrios en sus patrones de desarrollo, donde el norte y el extremo sur, parecen no despegar en la actual clave modernizadora.

La tesis peruana de alterar un tratado de delimitación marítima con Chile, remece las bases mismas de sustentación de convenios acordados 50 y más años atrás, revelando también problemas de Estado más profundos. El ejercicio es simple: los instrumentos jurídicos fueron elaborados bajo claves de desarrollo económico, protección territorial e ideas de integración, diametralmente diferentes a las que se introducen hoy. Dejaban espacio para el diálogo y el cambio. En algunos casos los tratados por deficiencias en el procedimiento, abren la posibilidad de la acción unilateral, pero también una negociación bilateral.

Existe una situación dual: hay vulnerabilidad en los tratados por los cambios de contextos, pero también hay recursos jurídicos para estabilizarlos cuando corren el riesgo de ser objetados unilateralmente. La posición de Chile ante la eventualidad de una alteración significativa de los tratados, está respaldada por los instrumentos jurídicos internacionales existentes.

Los tratados responden a políticas de Estado, respaldadas y comprometidas por los poderes del Estado, y con el aval constitucional correspondiente. De no existir consistencia normativa en cada país, los tratados pueden ser objeto de actos unilaterales. Los tratados son la fuente de los derechos y las obligaciones internacionales y la historia de las relaciones internacionales se ha construido, en buena medida, como una historia de los acuerdos internacionales.

A pesar de estar cautelados por la Convención de Viena y ser concebidos dentro de un sistema complejo normativo, ofrecen espacio para la contravención o anulación. En todo caso, los tratados surgen y operan sobre la base filosófica de estados bien constituidos, con solidez institucionalidad y legitimidad política interna. El registro demuestra la vulnerabilidad de la adhesión a los tratados internacionales o bilaterales, cuando los estados presentan problemas que afectan su solidez y legitimidad.

Al apartarse de la negociación bilateral, la acción peruana exhibe no solo la vulnerabilidad intrínseca de los tratados, sino también los problemas generalizados entre ambos estados, estimulados por el actual clima permisivo de las relaciones internacionales, en parte debido a la propia debilidad del derecho internacional. La marcada fragmentación política en un sistema de relaciones internacionales funcionando en las últimas dos décadas en base a pactos bilaterales de alta rentabilidad, se ha evidenciado en las profundas diferencias para enfrentar variados tipos de crisis.

El proyecto peruano para modificar las líneas de base y sus puntos de apoyo en la delimitación de los espacios marinos, posiciona una vez más al país en la esquiva conciencia y algunas preguntas clave: ¿Es Chile, un país marítimo? ¿Es Chile un país de fronteras o es definitivamente una Isla en el imaginario y que vive en la abstracción de la poesía en la política?

El tema es que el país todavía no está preparado para enfrentar la complejidad del derecho internacional moderno, una criatura aún en gestación y tan voluminosa como imprevisible. En  cada país hay problemas constitucionales permitiendo que ese mismo derecho internacional, que debería ser respaldado por bases jurídicas y políticas (sociológicas más bien) locales consistentes, no funciona porque precisamente esas bases jurídicas locales están en cuestionamiento.

Si el estado de derecho en las naciones es pisoteado con frecuencia, hasta en la más pintada democracia como es EEUU – ver Guantánamo-, si el derecho internacional es también violado- ver caso Irak 2003 y Siria-,  la jurisprudencia actual sentada en La Haya debería actuar con máximo sigilo y no encausar un proceso que alteración de las frágiles relaciones en una región, América Latina, muy propensa al intervencionismo extranjero de todo tipo.