Chile alega en La Haya

Tras la presentación del Perú en la Corte Internacional de la Haya, los abogados chilenos tienen que lucir la pertinencia de los tratados y acuerdos, y amarrarse al reconocimiento práctico de las fronteras. El agente peruano, y los abogados, sustentaron sus posturas en la interpretación del Derecho, haciendo de ella el hilo conductor de su la línea base argumental de la demanda del Perú reafirmando la inexistencia de límites marítimos, porque el sentido que le dieron a los acuerdos de 1952, 1954 y las actas de 1968 y 1969, es que son entendimientos pesqueros y que jamás fueron para la delimitación marítima, ante lo cual, tomando como fuente las normas del Derecho Internacional Marítimo Consuetudinario, debe ser la CIJ quien se ocupe de fijar límites marítimos, partiendo sobre dos supuestos: la equidistancia y la equidad en el “nuevo trazado” limítrofe en caso de acogerse su planteamiento. Es decir, alegaron incluso la inexistencia de la cartografía que de cuente de la línea marítima limítrofe.

Una segunda interpretación que hizo el agente peruano, es que el inicio de la frontera partiera de lo que Perú denomina “Punto Concordia” (ubicado en la intersección de la línea de la más baja marea con el arco trazado a 10 kilómetros sobre el río Lluta de la línea del ferrocarril Arica-La Paz), hasta un punto situado a 200 millas náuticas de esas líneas de base.

Y una tercera interpretación -contenida en la demanda peruana- es que, de estimarse que el límite era el paralelo 18-21-03, éste termina para Chile en la milla 200. Las 200 millas peruanas medidas en todas direcciones desde sus costas forman un triángulo de mar, actualmente considerado por Chile como alta mar y que Perú pide le sea reconocido por la Corte.

Como se aprecia, la pretensión de Perú se funda en un eje: interpretar normas. El derecho, para su objetivo, significa buscar que la CIJ aplique –en caso de acogerse favorablemente sus puntos de vista- la llamada equidad jurídica. Sin embargo, Chile reafirmará tres cosas: primero, la existencia de límites marinos; segundo, el origen de la frontera marítima con Perú parte desde la costa en el paralelo que pasa por el Hito Nº 1; y tercero, la práctica y reconocimiento que -por más de 50 años- han cumplido las partes, respetando los límites.

Así las cosas, la CIJ puede declararse incompetente en esta última reclamación peruana -el punto de partida del límite- y tendrá que indagar en muchas fuentes de derecho, para tratar de acceder a otorgar lo solicitado.

Perú también busca cambiar el paralelo conceptualmente como línea que se extienda en el Océano Pacífico hasta las 200 millas, invocando acceder a una línea media o equidistante, partiendo de lo que define la Convención del Mar –CONVEMAR-, que por esas cosas extrañas de la vida no ha ratificado, y que señala que cuando no existen límites o las partes no han logrado un acuerdo para tal efecto, se debe aplicar ese principio de la equidistancia que socializa Perú.  El equipo chileno tiene en esta argumentación una potente señal jurídica y de práctica para demostrar que impetrar esta argumentación cae en vacío, ya que los límites fijados evaporan esta pretensión.

La documentación que reposa en el máximo tribunal sustenta con vigor que los tres puntos reclamados en la demanda peruana son acaso una interpretación, como lo hemos visto, al derecho y una clara negación a la práctica, por ejemplo de navegación, y todo lo que tiene que ver con los protocolos que se exigen para cruzar las fronteras.

Aun así, no se puede ignorar que, siendo el “Derecho Interpretativo” un tema tan subjetivo, no pueden dejarse “áreas grises”, por las cuales la CIJ encuentre una ventana para declararse competente y entrar a resolver sobre la base de la “equidad jurídica”, como ha fallado en los últimos casos que ha abordado. Como nunca, el principio del pacta sunt servanda tiene que recogerse por los magistrados que atentamente escucharán los alegatos. También es cierto que quién mejor alega, mejor le va (Con información del diario La Tercera).