Lunes 29 de abril 2024 | Contáctenos
Instituciones del Estado no asumen por completo tareas asignadas por la Ley contra la trata de personas
Ya han pasado cinco años desde la aprobación de la Ley Nº 28950, Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, y los avances obtenidos desde entonces son desaprobatorios, concluyó la organización CHS Alternativo como resultado del tercer balance de la implementación de esta ley y su reglamento que ha realizado y presentará este miércoles 12 a las 11:30am en el Centro Cultural de la PUCP.
La publicación Tercer Balance: Implementación de la Ley Nº 28950 y su Reglamento da a conocer los principales avances en el desarrollo de las políticas públicas contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, a través de un recuento de las acciones del Estado relacionadas a la prevención y persecución del delito; así como, a la protección y asistencia de sus víctimas. Esto a partir de la información proporcionada por las propias instituciones públicas con responsabilidades asignadas en la Ley.
Entre las instituciones consideradas en el balance se encuentran la mayoría de los ministerios, entre los que destacan el Ministerio del Interior, como ente rector del tema, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y los ministerios de Justicia y Trabajo. Así mismo, están el Poder Judicial, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales a nivel nacional. Como instituciones públicas vinculadas al tema se han considerado a la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República.
Se han revisado y confrontado las obligaciones establecidas en las normas vigentes con las reportadas por las instituciones públicas entre mayo 2010 y mayo 2012 al amparo de la Ley 27806 de transparencia y Acceso a la Información Pública, las consignadas en el Segundo Balance y las obtenidas a través de diversas fuentes como páginas web, boletines oficiales, medios de comunicación, entre otros.
Así se constata que las políticas públicas sobre trata de personas se han fortalecido especialmente a nivel normativo. Sin embargo, queda evidenciado que los principales desafíos siguen siendo la implementación eficaz de las políticas públicas y la voluntad política de cumplir con ellas.
Entre las principales conclusiones arribadas se tiene que:
Los gobiernos locales desconocen sus obligaciones asignadas por la ley. Se mantiene la tendencia en el mayor cumplimiento de actividades por parte del Gobierno Central, seguido del regional y en menor medida el nivel local.
Existe un gran desconocimiento del delito por parte de los funcionarios públicos, a pesar de las labores constantes de capacitación y sensibilización.
El Ministerio del Interior ha realizado más acciones que en el periodo 2009-2011; sin embargo, no asume su responsabilidad en la paralización del único sistema oficial de registro del delito, Sistema RETA, que no funciona desde febrero de 2012, representando un estancamiento en la lucha contra la trata de personas.
Los gobiernos locales y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones son las entidades con menor nivel en el cumplimiento de la ley.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha realizado menos actividades a nivel de protección y asistencia que en años anteriores.
Junto a esta publicación el día 12 de diciembre, se presentará también el libro Trata de Personas en el Perú: la agenda pendiente 2013 – 2016, que a partir de entrevistas y editoriales con más de 100 funcionarios del Estado y sociedad civil, muestra una hoja de ruta imprescindible para enfrentar en los próximos años un delito que se incrementa en el país.
La ceremonia de presentación se contará con la presencia del Defensor del Pueblo (e), Dr. Eduardo Vega Luna, la congresista Dra. Marisol Pérez Tello, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el Embajador del Reino de Países Bajos Sr. Arjan Hamburger, y representantes de la Fundación Konrad Adenauer y CHS Alternativo.
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