Control de precios en Venezuela

La economía cuenta con la capacidad de generar incentivos para que los productores ofrezcan las mercancías que pueden y desean colocar en el mercado, y permitir que los consumidores demanden los bienes y servicios que pueden y desean adquirir, es decir, un medio  que garantiza equilibrio entre quienes buscan beneficios y los que pretenden bienestar, que sólo se alcanza a través de la información que los precios transmiten. Los precios como incentivo garantizan la eficiencia de los mercados en la medida que permiten el uso adecuado de los recursos escasos, pero no son garantes de una equitativa e igualitaria distribución de los productos obtenidos.

Ante dicho entorno, se justifica la intervención del sector público en la economía para garantizar la satisfacción de las necesidades de las personas en los sectores en donde el mercado no logra hacerlo. Así, el gobierno venezolano ha comprendido que las funciones del Estado en la economía abarcan los roles de fiscalizador; regulador; proveedor de bienes y servicios; redistribuidor de riqueza y distribuidor de ingresos; y estabilizador de la actividad económica. Por lo cual destaca la utilización de políticas de control de precios para regular la actividad comercial y resguardar al consumidor.

El uso de estas políticas en la mayoría de las actividades económicas en el país ha limitado el papel de los precios como garantes de equilibrio y ha conllevado a distorsiones que se inician en la excesiva disposición de los consumidores a querer y poder adquirir una elevada cantidad de productos a los precios fijados por la autoridad, y la indisposición de los productores de querer y poder colocar sus productos en el mercado a dichos precios, lo que ha originado escasez: ausencia plena de productos en el mercado (azúcar, pollo, carne, entre otros). La dificultad generada para el acceso a los bienes y servicios convida a los agentes económicos a modificar su comportamiento y asumir costos de oportunidad vinculados a la acción de infringir la ley, lo cual termina ocasionando la aparición del mercado negro de productos, en el cual se intercambian mercancías a precios por encima de los oficiales.

Cuando el mercado negro es fuertemente penalizado y el gobierno fiscaliza, persigue y hace cumplir la ley, se genera desabastecimiento: ausencia parcial de los productos en el mercado (papel higiénico, toallas sanitarias, aceite, entre otros), los cuales no se encuentran en la presentación, marca o calidad que satisface los gustos y preferencias de los consumidores.

En este entorno, la intervención desmedida del sector público vía control de precios ha convertido a la escasez y al desabastecimiento en circunstancias propias de la toma de decisiones de los consumidores y productores venezolanos. Corregir dichas distorsiones no se logrará estableciendo nuevas regulaciones de precios aguas arriba en las cadenas de producción, o sustituyendo el rol de los precios como incentivo estableciéndolos por decreto, en lugar de ello es necesario implementar políticas económicas que permitan la flexibilización de las regulaciones para adaptarlas a los cambios en las demandas y en los costos; y garantizar a las empresas la recuperación de sus costos y la competitividad de sus productos en el extranjero.