El gran fracaso de la estrategia de lucha contra las drogas (LRA 146 - noviembre)

El gran fracaso de la estrategia de lucha contra las drogas

La estrategia prohibicionista, ofertista, de erradicación/fumigación de cultivos, de «guerra contra las drogas» y del llamado «desarrollo alternativo», sigue siendo un gran fracaso, y las cifras —muchas de ellas, virtuales y propagandistas— lo demuestran. Por otro lado, al efecto «globo» (la aparición de actividades ilícitas en otras zonas) y al efecto «mercurio» (dispersión en pequeñas parcelas, microcuencas y varias regiones) se suma, desde por lo menos hace una década, el efecto «membrana» o fronterización2 de las actividades ilícitas en general, como la tala ilegal, la minería ilícita, el tráfico de armas y productos químicos, el contrabando, la trata de personas, etc., y no sólo el tráfico ilícito de drogas (TID).

El «ofertismo» hace agua

Tanto la guerra como el prohibicionismo se basan en un concepto «ofertista», es decir, según el cual el problema de las drogas es de ofertas, «externo», «viene de afuera» y no es parte de lo interno.

Como el problema, dicen los prohibicionistas, sería de oferta y no de demanda, la estrategia fracasada está basada en tres pilares: 1) prohibir el consumo penalizando, persiguiendo y aplicando la ley a consumidores y microcomercializadores; 2) erradicar cultivos de coca, amapola o marihuana, fumigando o con métodos manuales, como condición previa para promover el llamado «desarrollo alternativo»; y 3) policializar o militarizar ciudades, territorios y países completos, para incautar drogas, apresar «narcotraficantes» y combatir al «narcoterrorismo».

El tema ha sido estudiado por Washington Office On Latin America (WOLA), con base en estadísticas proporcionadas por fuentes del gobierno de EE.UU., y los resultados son que3: 1) los precios de las drogas en calles son cada vez más bajos; 2) la pureza de las drogas en calles es cada vez mayor; y 3) la inseguridad en los barrios se ha incrementado.

Hacia un enfoque integral sobre el crimen organizado

Un enfoque orientado exclusivamente a la política de drogas deja de lado un enfoque más amplio y orientado a encarar los delitos y tráficos que nos aquejan a los países andino-amazónicos, y los impactos del crimen organizado sobre los derechos de los pueblos indígenas, la biodiversidad, el ambiente y la gobernabilidad democrática. Señalo cinco hipótesis que me parecen importantes investigar ahora y en el futuro:

1.    No menos del 25% de la economía mundial y del 30% de la población del planeta son acosadas por actividades ilícitas y crimen organizado, no solo drogas y TID.

2.    Las actividades ilícitas se refugian y desarrollan en las fronteras de los países, que generalmente son porosas, con poca población y están alejadas de donde se toman las decisiones.

3.    Estas actividades ilícitas depredan recursos naturales —bosques, agua y biodiversidad— y violan derechos de pueblos indígenas y ciudadanos, en general, más que las actividades informales o empresariales; son controles socio-ambientales.

4.    La militarización-policialización de la lucha contra la delincuencia organizada no resuelve el problema, sino que lo dispersa y transforma en un blanco móvil.

5.    Se debe impulsar una estrategia basada en el concepto de seguridad humana o seguridad ciudadana y no de seguridad nacional4.

Actividades ilícitas y  economía: círculo vicioso falso

Entre funcionarios públicos, técnicos contratados por la cooperación internacional, académicos interesados y formuladores de políticas macroeconómicas y sectoriales, existe una fórmula sencilla, que llevan en la cabeza y que se expresa en los siguientes gráficos de actividades ilícitas:

Coca = clorhidrato de cocaína = US$ = producto de exportación

Árbol = madera ilegal = US$ = producto de exportación

Río/socavón = oro ilegal= US$ = producto de exportación

Tumba y quema = producto bandera = US$ = producto de exportación

El diagnóstico es elemental: las actividades que son informales o ilícitas hay que erradicarlas o fumigarlas con criterio policial, judicial y, sobre todo, militar, ya que son un problema de seguridad nacional; es decir, en esta concepción, se trata de males que hay que extirpar. Y, una vez erradicado el delito o la informalidad, la «solución» también es sencilla y estriba en conseguir un producto exportable como «bandera» y así «resolvemos» el problema.

Con un enfoque economicista-productivista orientado a la exportación, nuestros hacedores de políticas y cooperantes internacionales les han planteado, por años, a los cultivadores de coca, a los taladores de madera, a los traficantes de flora y fauna en extinción y a los lavadores informales y delictivos de oro en los ríos, la quimera del producto de exportación bandera para salir de la pobreza y no caer en manos de la delincuencia.

Sin embargo, el resultado de más de cuarenta años de aplicación de esta fórmula ha sido el de un absoluto fracaso o de éxitos parciales no sostenibles en el tiempo, además de impactos sociales y ambientales de magnitud catastrófica.

RID y debate a tres bandas

En este contexto, considero limitado el debate centrado en las dicotomías prohibición versus legalización, o militarización versus policialización, o guerra versus liberalización. Más bien, junto con otros, planteo que es indispensable una estrategia de reducción integral de daños (RID) o de políticas públicas «a tres bandas», que consisten en lo siguiente.

Por el lado del consumo de drogas, se trata de impulsar la despenalización de las drogas suaves, la marihuana entre ellas. Asimismo, la des-satanización de las plantas maestras con propiedades medicinales o «alteradoras de la conciencia» —la coca entre ellas—, la administración regulada de drogas fuertes (como cocaína y heroína) en centros hospitalarios y farmacias autorizadas, así como el uso de terapias de sustitución (metadona, cocaína oral, etc.).

Por el lado de la producción y cultivos, debe impulsarse el desarrollo humano sostenible inclusivo, con la gente y con la coca legal, respetando las culturas y saberes locales, protegiendo la ecología, manejando los recursos naturales y fortaleciendo la institucionalidad social y pública. Hay que promover actividades económicas en general, no solo productos o commodities, apuntando a los mercados locales y regionales y no exclusivamente hacia la exportación.

Es necesario impulsar, junto a agricultores y autoridades locales, estrategias participativas de desarrollo rural integral, sostenibles y sustentables, que combatan la pobreza, construyan institucionalidad local, fortalezcan gremios y permitan que las familias campesinas construyan culturas productivas diferentes de la monoproducción de coca u otras plantas5.

Por el lado del tráfico ilícito de drogas, la estrategia de RID implica aplicar inteligencia operativa para la ubicación y apresamiento de capos, firmas, banqueros y empresarios lavadores de dinero; también, aplicar sanciones fuertes para políticos, magistrados, autoridades policiales y militares involucrados en delitos de TID. No debe haber impunidad de estos delitos.

De acuerdo con ello, se debe apuntar a los verdaderos blancos y no a consumidores o microcomercializadores, buscando vaciar las cárceles de quienes cometen delitos menores. Se deben combatir de verdad los eslabones intermedios de la cadena del TID, es decir, cabecillas de bandas, firmas y cárteles, traficantes de insumos químicos y funcionarios y empresarios financieros de cuello blanco o uniforme verde que permiten el «lavado» de dinero y activos.

Constatado lo anterior, debe impulsarse una estrategia de RID cuya hoja de ruta mínima debería ser la siguiente: 1) evaluar con seriedad las políticas impulsadas hasta ahora; 2) revisar los tratados internacionales sobre drogas, especialmente en lo relativo a la ubicación de la hoja de coca en la lista I de estupefacientes; 3) desechar la satanización mundial que existe contra consumidores y productores, y respetar a quienes producen y consumen por razones culturales; y 4) promover los cambios necesarios en el ámbito de la producción, el tráfico y el consumo de drogas.

Notas

1 Economista, coordinador del Área de Desarrollo Sostenible, Cambio Climático y Derechos Indígenas del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH). Fue viceministro de Desarrollo Estratégico del ministerio del Ambiente.

2 Concepto referido a que las actividades ilícitas se comienzan a desarrollar y potenciar en las fronteras de los países, alejadas de los centros de poder y, por lo tanto, «olvidadas» por el Estado, el mercado, la sociedad civil y los políticos.

3 Véase, de John Walsh: ¿Ya llegamos? Midiendo el progreso obtenido en la guerra contra las drogas en Latinoamérica. WOLA, marzo 2005.

4 Para una sistematización de este debate, ver, de Karlos Pérez de Armiño: «Seguridad humana: el cruce entre la seguridad y el desarrollo», en De los derechos y de la seguridad humana de tod@s o de nadie. Bilbao: PTM-Gakoa, 2006.

5 La disminución de cultivos con fines ilícitos, sin erradicación y fumigación, debe ser una consecuencia y no una precondición para el desarrollo. O, como sostiene la misma Unodc en un informe, «La erradicación de los cultivos de drogas ilícitas en los establecimientos de los campesinos que carecen de alternativas viables socava el desarrollo» (p. vii). Ver <http://www.unodc.org/pdf/Alternative_Develop ment_Evaluation_Dec-05_S.pdf>.