Reclutan pobladores indígenas para cultivo ilegal de coca en la Selva Central

Reclutan pobladores indígenas para cultivo ilegal de coca en la Selva Central

“Hay un rebrote del narcoterrorismo en la selva central que está poniendo en riesgo la vida de las comunidades indígenas. Los narcotraficantes reclutan mujeres y varones para la siembra ilegal de coca. Durante los operativos de la policía, son ellos los detenidos, muchos están en prisión esperando condena desde hace cinco años”, el dirigente Ashaninka de la selva central, Américo Cabecilla, denunció la inseguridad que viven sus pares de las comunidades indígenas de los departamentos de Pasco y Huánuco. 

El dirigente indígena de la Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central, (ARPI-SC) que reúne a los pueblos indígenas de Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho y Cuzco, dice: “Hay mucha inseguridad en nuestro territorio. Hay un rebrote del narcoterrorismo en la zona del VRAEM (Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro) y en Pachitea, entre Pasco y Huánuco. Los que se dedican a la siembre ilícita de coca están entrando a las comunidades obligando a nuestros hermanos a que siembren coca. Les dicen que no deben tener temor, que el Estado nunca hará nada por ellos  y que ellos (los narcotraficantes) sí velarán por su desarrollo”.

Bajo este argumento, muchos indígenas deciden integrarse a la maquinaria del cultivo y procesamiento ilegal de la coca. Cabecilla dijo que serían alrededor de 80 personas las detenidas en la cárcel de La Merced, Junín: “15 son mujeres y el resto varones acusados por diversos delitos, entre ellos la siembre de coca ilegal, son los llamados “mochileros”. Algunos de ellos están detenidos desde hace cinco años sin sentencia y aún siguen reclutando mujeres indígenas para la siembra de coca. Muchos de nuestros hermanos siguen muriendo cuando la policía los encuentra. A veces cuando logran escapar, sus familias son eliminadas”, dice. Cabecilla señala, además, que otras 40 personas de la zona del distrito de Pichari, La Convención, están siendo involucradas en la actividad ilícita.  

“Por falta de trabajo las hermanas se ven obligadas a trabajar para la siembra de coca ilegal y, en algunos casos, también en el procesamiento. En las intervenciones de la policía son ellas las apresadas y llevadas a las cárceles. Ellas son las que pagan”, dijo Cabecilla, quien exige que se abra una reunión con el Ministerio de Justicia.

El dirigente de ARPI-SC comentó, además, el caso del pueblo indígena Kakinte, ubicado en la C.N. Tsoroja en el distrito de Río Tambo, región Junín, que reclama a la petrolera REPSOL pues no está cumpliendo con los acuerdos previos a la ocupación de su territorio: cumplir con el resarcimiento de los impactos ambientales (por ejemplo, el aterrizaje de helicópteros en el área de las comunidades), no cumple con lo prometido en educación como otorgar algunas becas a los jóvenes indígenas. “Son alrededor de 200 familias que le están pidiendo a REPSOL que cumpla”, dice Cabecilla.

Este caso fue presentado en el Foro “Agendas de las organizaciones indígenas: Aportes el  desarrollo de la Amazonía, convocado por varias organizaciones indígenas junto a la Catholic Relief Services - CRS y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP.