El gobierno boliviano viola derechos laborales

La principal ley del país, la Constitución Política del Estado (CPE), dice que en Bolivia se respeta el trabajo, vela por los trabajadores, protege la sindicalización, etc., lo cual hace suponer que el Estado (declarado plurinacional, donde supuestamente se realiza una revolución democrática y cultural), en apariencia es uno de los más avanzados en materia laboral. A ese postulado se añade el decreto supremo 1.186 aprobado el 9 de abril del 2012 que anula, en la administración pública, toda forma de contratación sin derechos (consultores, eventuales, contratados) y los incorpora a la plantilla de trabajadores con ítem, medida que fue aplaudida por los trabajadores ya que de esa forma se daba fin a una manera encubierta de eludir derechos del período neoliberales, donde la flexibilización laboral, impuesta con el DS 21060, liberalizó la contratación de los trabajadores y desconoció derechos.

Pero antes de denunciar una falacia más del gobierno de Juan Evo Morales Ayma, veamos en qué condiciones trabajaron los contratados durante los primeros seis años de su gobierno. Al igual que en tiempo neoliberales, aunque se dijo que se acabaría con todas esas prácticas de los regímenes del pasado, los consultores al ser contratados tenían que renunciar a varias conquistas sociales como el aguinaldo, las vacaciones, el servicio médico en la Caja Nacional de Seguridad (CNS), el derecho de dos horas al mes para atender asuntos particulares, el refrigerio o bono de té, entre otros.

Esa discriminación se mantuvo intacta en el gobierno del MAS, con la diferencia de que en los anteriores gobiernos los consultores eran profesionales calificados cuyas remuneraciones fueron altas, por lo que la renuncia a esos derechos laborales económicamente no les afectaba, ya que con sus honorarios podían comprar los servicios a los que renunciaron. Pero en el gobierno de Morales, la calidad de los consultores se ha degradado porque con esa categoría se contrata a personal de servicio, auxiliares sin profesión ni calificación, entre los que se encuentra mensajeros, personal de limpieza, choferes, con remuneraciones mínimas que en muchos casos no superaban ni superan los Bs 2.000, y el desconocimiento a sus derechos laborales se mantuvo. Con la aprobación del DS 1186, supuestamente todos los salarios están sobre los Bs 2.000.

El pasado 9 de abril mediante DS, suprimió los contratos de consultores y eventuales, y parecía que se daría fin a la práctica de explotación laboral señalada. Al menos así lo dijeron autoridades del Ministerio de Economía en un comunicado: “Junto a la nivelación de sueldos, el Gobierno Nacional dispuso que el personal eventual y los consultores en línea que trabajan para los ministerios del Órgano Ejecutivo sean incluidos en las planillas ministeriales, de manera que también gozarán de los beneficios de otros servidores públicos como las vacaciones, aguinaldo, aportes a la seguridad social y estabilidad laboral.”(1)

Pero no fue así: los contratos de consultores y eventuales continúa, además que los primeros deben recabar su NIT de la Dirección General de Impuestos Internos (¿un mensajero debe tener NIT al igual que un profesional o comerciante, con una remuneración reducida?) y también les exigen para recibir su papeleta de honorarios la presentación de copias de sus aporte a las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP) y de su declaración del IVA ante Impuestos Internos. Contratados y eventuales gozan de cierta ventaja respecto de los primeros porque las dos últimas exigencias impuestas por los empleadores del Estado, lo asumen los empleadores, además de que tienen derecho a asegurarse en la CNS.

Esta vulneración de Evo Morales y su gobierno a los derechos laborales no sólo es un claro desconocimiento al mencionado DS, sino también a la CPE, situación que se agrava en varias empresas estatales. Los patrones del Estado prohíben a los trabajadores de la administración pública a ejercer el derecho a formar sindicatos, como sucede en la Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni, en la empresa minera de Corocoro, en Cartonbol, en Canal 7, en el periódico Cambio, en la Agencia Boliviana de Información, entre otras, con el argumento de que los trabajadores contratados, a plazo fijo, no pueden asociarse sindicalmente, porque la Ley General del Trabajo (LGT) no lo permite. Ahora resulta que para ciertos casos la LGT está vigente y para otros no.

Presumimos que el decreto mencionado fue aprobado como una forma de recuperar el apoyo al gobierno perdido entre los funcionarios públicos, medida que fue complementada con un pequeño aumento salarial, que incluye a consultores y eventuales, ya que en los seis años pasados no hubo aumento a funcionarios públicos del aparato central, excepto un bono de mil bolivianos, en 2009. Sin embargo, como la medida sólo fue una declaración dirigida al apoyo de simpatizantes, la desilusión de los trabajadores del Estado aumenta (así lo dicen muchos), así como el maltrato de los actuales jerarcas del MAS, aleja aceleradamente a ese grupo humano (clase media), del actual régimen.

Y a ese maltrato hay que añadir la exacción que hacen esos jerarcas masistas a los trabajadores del Estado, con ítem y sin ítem, una especie de diezmo como en la vieja estructura medieval y colonial, que exige cuotas como para “mantener” el cargo que no es sino un chantaje encubierto; destino del dinero que se desconoce ni se sabe quiénes lo manejan, porque nadie rinde cuentas, aunque es recaudado con más frecuencia en períodos pre y electorales.

Estamos seguros de que el gobierno de Evo Morales ha establecido en acción informativa un discurso que está dirigida principalmente al exterior del país, hacia grupos progresistas y de izquierda que todavía ven a este gobierno como un ejemplo revolucionario; además con cara de indígena y pacifista, que señala la vía para llegar al socialismo. Por eso, cuando conversamos con ellos, no creen que nuestras críticas sean ciertas, al extremo de considerarnos de ser portavoces de la derecha, como lo hacen Evo Morales y los suyos.

Lo cierto es que el gobierno del MAS ha abandonado la posibilidad de constituirse en un modelo que pueda considerarse revolucionario, porque lo que hace no tiene ninguna coherencia con lo legislado ni con su discurso. Su accionar es una consecuencia de la alianza que tiene, cada vez más fuerte, con medianos propietarios (cocaleros, cooperativistas, colonizadores, comerciantes, transportistas) y con grandes empresarios, criollos y transnacionales.

Ese es el “antiimperialismo” de Evo Morales y su gobierno, esa es la cada vez más dudosa revolución democrática y cultural, ese es el supuesto socialismo comunitario. Las mentiras del MAS aumentan, como crece la violación de los derechos de los trabajadores.

Nota publicada en bolpress.